Make your own free website on Tripod.com

LEGISLACION CONSTITUCIONAL

 

 

CONSTITUCION POLITICA DEL PERU

 

LEY DE HABEAS CORPUS Y AMPARO

LEY COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE HABEAS CORPUS Y AMPARO

 

LEY DE HABEAS DATA  Y ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

 

LEY PROCESAL DE ACCIÓN POPULAR

 

 

 

CONSTITUCION POLITICA DEL PERU

 

             

 

Fecha de promulgación            :           29/12/93

Fecha de publicación   :           30/12/93

Fecha de entrada en vigencia   :           01/01/94

 

 

 

INDICE

 

 

 

TITULO I.                  DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD

Capítulo I         Derechos Fundamentales de la Persona

Capítulo II       De los Derechos Sociales y Económicos

Capítulo III      De los Derechos Políticos y de los Deberes

Capítulo IV      De la Función Pública

 

TITULO II.                 DEL ESTADO Y LA NACION

Capítulo I         Del Estado, la Nación y el Territorio

Capítulo II       De los Tratados

 

TITULO III.                DEL REGIMEN ECONOMICO

Capítulo I         Principios Generales

Capítulo II       Del Ambiente y los Recursos Naturales

Capítulo III      De la Propiedad

Capítulo IV      Del Régimen Tributario y Presupuestal

Capítulo V       De la Moneda y la Banca

Capítulo VI      Del Régimen Agrario y de las Comunidades Campesinas

 

TITULO IV.                DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

Capítulo I         Poder Legislativo

Capítulo II       De la Función Legislativa

Capítulo III      De la formación y promulgación de las leyes

Capítulo IV      Poder Ejecutivo

Capítulo V       Del Consejo de Ministros

Capítulo VI      De las Relaciones con el Poder Legislativo

Capítulo VII     Régimen de Excepción

Capítulo VIII   Poder Judicial

Capítulo IX      Del Consejo Nacional de la Magistratura

Capítulo X       Del Ministerio Público

Capítulo XI      De la Defensoría del Pueblo

Capítulo XII     De la Seguridad y de la Defensa Nacional

Capítulo XIII   Del Sistema Electoral

Capítulo XIV   De la  Descentralización, de las Regiones y las Municipalidades

 

TITULO V                  DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES

 

TITULO VI                 DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCION

 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

 

DECLARACION

 

 

 

CONSTITUCION POLITICA DEL PERU

 

PREAMBULO

 

El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra Patria, ha resuelto dar la siguiente Constitución:

 

 

CONSTITUCION POLITICA DEL PERU

 

 

TITULO I

DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD

 

CAPITULO I

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

 

Defensa de la persona.

Artículo  1º.- Defensa de la Persona.

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

Conc.: C. Artículo. 2; D.U.DD.HH, Artículo. 1, ; C.C., Artículo. 1

 

Derechos de la persona.

Artículo  2º.- Derechos de la Persona.

Toda persona tiene derecho:

1.         A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y  física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.

Conc:. C. Artículo. 24; D.U.DD.HH., Arts. 3, 6; C.C. Artículo. 3

 

2.         A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole

Conc:. C. Artículo. 6; D.U.DD.HH. Arts. 1, 2, 7

 

3.         A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias.  No hay delito de opinión.  El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la  moral ni altere el orden público.

Conc:. C. Arts. 50, 200 Inc. 2; D.U.DD.HH., Arts. 18 y 19

 

4.         A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley

Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código  Penal y se juzgan en el fuero común.

Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación

Conc:. C. Artículo. 239 Incs. 4 y 20, 200 Inc. 3; D.U.DD.HH., Arts. 18, 19; C.P. Artículo. 132 y 169

 

5.         A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido.  Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.

Conc:. C. Artículo. 200 Inc. 3

 

6.         A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.

Conc:. C. Artículo. 97, 200 Inc. 3; C.C. Artículo. 14; C.P. Artículo.154

 

7.         Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias.

Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

Conc:. C. Artículo. 97, 200 Inc. 3; C.P. Artículo. 154

 

8.         A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.

Conc:. C. Artículo. 14, 70; D.U.DD.HH. Artículo. 27; C.P. Artículo. 216

 

9.         A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son  reguladas por la ley.

Conc:. C. Artículo. 137, 200 Inc. 2; D.U.DD.HH. Artículo. 12

 

10.       Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados.

Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del Juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen.

Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal.

Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial.

Conc:. C. Artículo. 200 Inc. 2; D.U.DD.HH. Artículo. 12; C.P. Artículo. 161

 

11.       A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.

Conc:. C. Artículo. 137,200 Inc. 1; D.U.DD.HH. Artículo. 13

 

12.       A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso  previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas.

Conc:. C. Artículo. 137, 200 Inc. 2; D.U.DD.HH. Artículo. 20; C.P. Artículo. 166

 

13.       A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa.

Conc:. C. Artículo. 200 Inc. 2; D.U.DD.HH. Artículo. 20

 

14.       A contratar con fines lícitos,  siempre que no se contravengan leyes de orden público.

Conc:. C. Artículo. 62, 63; C.C. Arts. 1353, 1354

 

15.       A trabajar libremente, con sujeción a ley.

Conc:. C. Artículo. 22, 23; D.U.DD.HH. Artículo. 23; C.P. Artículo. 168

 

16.       A la propiedad y a la herencia.

Conc:. C. Artículo. 70, 88, 89; D.U.DD.HH. Artículo. 17; C.C. Artículo. 923

 

17.       A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.

Conc:. C. Artículo. 31, 152, 176; D.U.DD.HH. Artículo. 21

 

18.       A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional.

Conc:. C. Artículo. 200 Inc. 1; D.U.DD.HH. Artículo. 21

 

19.       A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación.

Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad.

Conc:. C. Artículo. 17, 48, 89, 149 ; L.O.P.J. Artículo. 15

 

20.       A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad.

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo pueden ejercer individualmente el derecho de petición.

Conc:. C. Artículo. 34

 

21.       A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella.  Tampoco puede ser privado del derecho de obtener o de renovar su  pasaporte dentro o fuera del territorio de la República.

Conc:. C. Artículo. 52, 53, 200  Inc. 1; D.U.DD.HH. Artículo. 15

 

22.       A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

Conc.: D.U.DD.HH. Artículo. 24

 

23.       A la legítima defensa.

 

24.       A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:

a.         Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe.

Conc.: C.P. Artículo. 151

b.         No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley.  Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas.

Conc.: D.U.DD.HH. Artículo. 4

 

c.         No hay prisión por deudas.  Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios.

Conc.: CADDHH Artículo. 7; C.P.. Artículo. 149

 

d.         Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley.

Conc.: D.U.DD.HH. Artículo. 11

 

e.         Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.

Conc.: D.U.DD.HH. Artículo. 11

 

f.          Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito.

El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia.

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al Juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.

Conc.: D.U.DD.HH. Artículo. 9; C.P. Artículo. 298

 

g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida.

 

h.  Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes.  Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad.

Conc.: D.U.DD.HH. Artículo. 5

 

Otros derechos constitucionales

Artículo  3º.- Otros Derechos Constitucionales

La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.

Conc.: D.U.DD.HH. Artículo. 30; C.C. Arts. 5, 17

 

 

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONOMICOS

 

Protección del niño, madre, anciano y de la familia. El matrimonio.

Artículo  4º.- Protección del Niño, Madre, Anciano y la Familia. El Matrimonio.

La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad.

            La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley.

Conc.: C. Artículo. 23; D.U.DD.HH. Artículo. 16; C.C. Artículo. 233

 

Unión de hecho

Artículo  5º.- Unión de Hecho

La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable.

Conc.: C.C. Artículo. 326

 

Paternidad responsable, derechos y deberes de padres e hijos. Igualdad de los hijos.

Artículo  6º.- Paternidad Responsable, Derechos y Deberes de Padres e Hijos. Igualdad de los Hijos.

La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud.

            Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres.

            Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación  en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad

Conc.: C. Artículo. 2 Inc. 2, 13; C.C. Artículo. 236, 316

 

Protección de la salud y el medio familiar.

Artículo  7º.- Protección de la Salud y el Medio Familiar.

Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.

Conc.: C. Artículo. 23

 

 Tráfico ilícito de  drogas

Artículo  8º.- Tráfico Ilícito de  Drogas

El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales.

Conc.: C. Artículo. 2 Inc. 24; C.P. Artículo. 296

 

Política nacional de salud.

Artículo  9º.- Política Nacional de la Salud.

El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.

Conc.: C. Artículo. 58

 

Derecho a la seguridad social.

Artículo  10º.- Derecho a la Seguridad Social.

El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida.

Conc.: D.U.DD.HH. Artículo. 22

 

Prestaciones de salud y pensiones.

Artículo  11º.- Prestaciones de Salud y Pensiones.

El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades  públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento.

 

Carácter intangible de los fondos de la seguridad social.

Artículo  12º.- Carácter Intangible de los Fondos de la Seguridad Social.

Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles.  Los recursos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley.

 

Derecho a la educación.

Artículo  13º.- Derecho a la Educación.

La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana.  El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza.  Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo.

Conc.: C. Artículo. 6, 58; D.U.DD.HH. Artículo. 26

 

Derecho a la educación. Fines y contenido.

Artículo  14º.- Derecho a la Educación. Fines y Contenido.

La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte.  Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad.

            Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país.

            La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias.

            La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa.

            Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural.

Conc.: C. Artículo. 2 Inc. 8, 23; D.U.DD.HH. Artículo. 26

 

Régimen del profesorado.

Artículo  15º.- Régimen del Profesorado.

El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece los requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro educativo, así como sus derechos y obligaciones. El Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes.

            El educando tiene derecho a una formación que respete su  identidad, así como al buen trato psicológico y físico.

Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas, conforme a ley.

Conc.: C. Artículo. 40

 

Sistema y régimen educativo.

Artículo  16º.- Sistema y Régimen Educativo.

Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados.

            El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación.

            Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de  recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas.

            Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la República.

Conc.: C. Artículo. 58

 

Gratuidad y obligatoriedad de la educación.

Artículo  17º.- Gratuidad y Obligatoriedad de la Educación.

La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación.

            Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa.

            El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los requiera.

            El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo.  Asimismo fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona.  Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país.  Promueve la integración nacional.

Conc.: C. Artículo. 2 Inc. 19, 48, 89; L.O.P.J. Artículo. 15

 

Régimen universitario.

Artículo  18º.- Régimen Universitario.

La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia.

Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas.  La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento.

            La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley.

            Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico.  Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.

 

Régimen tributario de la educación.

Artículo  19º.- Régimen Tributario de la Educación.

Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo  impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural.  En materia de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes.

            Las donaciones y becas con fines educativos gozarán de exoneración y beneficios tributarios en la forma y dentro de los límites que fije la ley.

            La ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan las mencionadas instituciones, así como los requisitos y condiciones que deben cumplir los centros culturales que por excepción puedan gozar de los mismos beneficios.

            Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley sean calificados como utilidades, puede establecerse la aplicación del impuesto a la renta.

 

 Colegios profesionales.

Artículo  20º.- Colegios Profesionales.

Los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público.  La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria.

 

Patrimonio cultural de la Nación.

Artículo  21º.- Patrimonio Cultural de la Nación.

Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado.

            La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio.

            Fomenta conforme a ley, la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo, así como su restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional.

Conc.: C. Artículo. 70

 

El trabajo: derecho y deber.

Artículo  22º.- El Trabajo: Derecho y Deber.

El trabajo es un deber y un derecho.  Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona.

Conc.: D.U.DD.HH. Artículo. 23, 25

 

Promoción del trabajo.

Artículo  23º.- Promoción del Trabajo.

El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan.

            El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo.

            Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de  los derechos constitucionales,  ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.

            Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento.

Conc.: C. Artículo. 2 Inc. 24

 

Derecho a una remuneración.

Artículo  24º.- Derecho a una Remuneración.

El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual.

            El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador.

            Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores.

Conc.: D.U.DD.HH. Artículo. 23

 

Jornada de trabajo.

Artículo  25º.- Jornada de Trabajo.

La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo.

            Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio.

 

Relación laboral: principios.

Artículo  26º.- Relación Laboral: Principios.

En la relación laboral se respetan los siguientes principios:

1.         Igualdad de oportunidades sin discriminación.

2.         Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.

3.         Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma.

 

Protección contra el despido arbitrario.

Artículo  27º.- Protección contra el Despido Arbitrario.

La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.

 

Sindicalización, negociación colectiva y huelgas.

Artículo  28º.- Sindicalización, Negociación Colectiva y Huelgas.

El Estado reconoce los derechos de  sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático:

1.         Garantiza la libertad sindical.

2.         Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales.

            La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado.

3.         Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones.

Conc.: C. Artículo. 42

 

Participación de los trabajadores.

Artículo  29º.- Participación de los Trabajadores.

El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y  promueve otras formas de participación.

 

 

CAPITULO III

DE LOS DERECHOS POLITICOS Y DE LOS DEBERES

 

Ciudadanía

Artículo  30º.- Ciudadanía

Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años.  Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral.

Conc.: C. Artículo. 52

 

Participación en asuntos públicos y derecho al voto.

Artículo  31º.- Participación en Asuntos Públicos y Derecho al Voto.

Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.

Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación.

Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil.

El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años.  Es facultativo después de esa edad.

Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos.

Conc.: C. Artículo. 2 Inc. 17

 

Referéndum.

Artículo  32º.- Referéndum.

Pueden ser sometidas a referéndum:

1.         La reforma total o parcial de la Constitución;

2.         La aprobación de normas con rango de ley;

3.         Las ordenanzas municipales; y

4.         Las materias relativas al proceso de descentralización.

 

            No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor.

Conc.: C. Artículo. 206

 

Suspensión del ejercicio de la ciudadanía.

Artículo  33º.- Suspensión del Ejercicio de la Ciudadanía.

El ejercicio de la ciudadanía se suspende:

1.         Por resolución judicial de interdicción.

2.         Por sentencia con pena privativa de la libertad.

3.         Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos.

Conc.: C. Artículo. 44; C. P. Artículo. 29

 

Restricción de los derechos civiles a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Artículo  34º.- Restricción de los derechos civiles de militares y policías.

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad no pueden elegir ni ser elegidos.  No existen ni pueden crearse otras inhabilitaciones.

 

Partidos y otras organizaciones políticas.

Artículo  35º.- Partidos y otras organizaciones políticas.

Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica.

            La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos, y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos y el acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado en forma proporcional al último resultado  electoral general.

Conc.: C. Artículo. 2 Inc. 13

 

Asilo político.

Artículo  36º.- Asilo Político.

El Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante.  En caso de expulsión, no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue.

Conc.: D.U.DD.HH. Artículo. 14

 

Extradición.

Artículo  37º.- Extradición.

La extradición sólo se concede por el Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema, en cumplimiento de la ley y de los tratados, y según el principio de reciprocidad.

            No se concede extradición si se considera que ha sido solicitada con el fin de perseguir o castigar por motivo de religión, nacionalidad, opinión o raza.

            Quedan excluidos de la extradición los perseguidos por delitos políticos o por hechos conexos con ellos. No se consideran tales el genocidio ni el magnicidio ni el terrorismo.

 

Defensa de la Constitución.

Artículo  38º.- Defensa de la Constitución.

Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.

Conc.: C. Artículo. 46

 

 

CAPITULO IV

DE LA FUNCION PUBLICA

 

Funcionarios y trabajadores públicos.

Artículo  39º.- Funcionarios y Trabajadores Públicos.

Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley.

 

La carrera administrativa.

Artículo  40º.- La Carrera Administrativa.

La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos,  deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente.

No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta.

Es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que, por todo concepto, perciben los altos funcionarios, y otros servidores públicos que señala la ley, en razón de sus cargos.

Conc.: C. Artículo. 15, 92

 

Responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos.

Artículo  41º.- Responsabilidad de los Funcionarios y Servidores Públicos.

Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o  de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.

Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial.

La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.

El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado.

Conc.: C. P. Artículo. 80

 

Sindicación y huelga.

Artículo  42º.- Sindicación y Huelga.

Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

 

 

TITULO II

DEL ESTADO Y LA NACION

 

 

CAPITULO I

DEL ESTADO, LA NACION Y EL TERRITORIO

 

Tipo de Estado y gobierno.

Artículo  43º.- Tipo de Estado y Gobierno.

La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.

El Estado es uno e indivisible.

Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes.

Conc.: C. Arts. 90, 110, 138, 188, 189

 

Deberes del Estado.

Artículo  44º.- Deberes del Estado.

Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y  promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior.

Conc.: C. Arts. 3, 54, 165

 

Origen y ejercicio del poder estatal.

Artículo  45º.- Origen y Ejercicio del Poder Estatal.

El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen.

Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición.

Conc.: C. Artículo. 169; C.P. Artículo. 346

 

Usurpación del gobierno y derecho de insurgencia.

Artículo  46º.- Usurpación del Gobierno y Derecho de Insurgencia.

Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes.

La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional.

Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.

 

Defensa de los Intereses del Estado.

Artículo  47º.- Defensa de los Intereses del Estado.

La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales.

 

Idiomas oficiales.

Artículo  48º.- Idiomas Oficiales.

Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.

Conc.: C. Artículo. 2 Inc. 19

 

Capital del Perú. Símbolos de la Patria.

Artículo  49º.- Capital del Perú. Símbolos de la Patria.

La capital de la República del Perú es la ciudad de Lima. Su capital histórica es la ciudad del Cusco.

Son símbolos de la Patria la Bandera de tres franjas verticales con los colores rojo, blanco y rojo, y el Escudo y  el Himno nacional establecidos por ley.

Conc.: C. Artículo. 196

 

Iglesia Católica.

Artículo  50º.- Iglesia Católica.

Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración.

El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas.

 

Jerarquía y publicidad de las normas.

Artículo  51º.- Jerarquía y Publicidad de las Normas.

La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así  sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de  toda norma del Estado.

Conc.: C. Artículo. 104, 109, 138

 

Nacionalidad.

Artículo  52º.- Nacionalidad.

Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República. También lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente durante su minoría de edad.

Son asimismo peruanos los que adquieren la nacionalidad por naturalización o por opción, siempre que tengan residencia en el Perú.

Conc.: C. Artículo. 2 Inc. 21

 

Adquisición y pérdida de la nacionalidad.

Artículo  53º.- Adquisición y Pérdida de la Nacionalidad.

La ley regula las formas en que se adquiere o recupera la nacionalidad.

La nacionalidad peruana  no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana.

 

Territorio.

Artículo  54º.- Territorio.

El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre.

El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley.

En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.

El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.

Conc.: C. Artículo. 44, 56 Inc. 2

 

 

CAPITULO II

DE LOS TRATADOS

 

Tratados.

Artículo  55º.- Tratados.

Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.

Conc.: C. Arts. 56, 57, 101 Inc. 4, 200 Inc. 4

 

Tratados aprobados por el Congreso.

Artículo  56º.- Tratados aprobados por el Congreso.

Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias:

1.         Derechos Humanos.

2.         Soberanía, dominio o integridad del Estado.

3.         Defensa Nacional.

4.         Obligaciones financieras del Estado.

 

            También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución.

Conc.: C. Arts. 118 Inc. 111, 200 Inc. 4

 

Tratados no aprobados por el Congreso, tratados que afectan a la Constitución, denuncia de tratados.

Artículo  57º.- Tratados no aprobados por el Congreso, denuncia de tratados.

El Presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materias no contempladas en el artículo precedente. En todos esos casos, debe dar cuenta al Congreso.

Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la República.

La denuncia de los tratados es potestad del Presidente de la República, con cargo de dar cuenta al Congreso. En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere aprobación previa de éste.

 

 

TITULO III

DEL REGIMEN ECONOMICO

 

CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

 

Economía social de mercado.

Artículo  58º.- Economía Social de Mercado.

La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.

Conc.: C. Arts. 9, 11

 

Libertad de trabajo, empresa, comercio e industria.

Artículo  59º.- Libertad de Trabajo, Empresa, Comercio e Industria.

El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria.

El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.

Conc.: C. Arts. 2 Incs. 22 y 23; 65

 

Pluralismo económico.

Artículo  60º.- Pluralismo Económico.

El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.

Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.

La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.

Conc.: C. Arts. 63, 70, 71; C.C. 923

 

Libre competencia. Prohibición de monopolios.

Artículo  61º.- Libre Competencia. Prohibición de Monopolios.

El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.

La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares.

Conc.: C.P. Artículo. 232

 

Libertad de contratar. Contrato Ley.

Artículo  62º.- Libertad de Contratar. Contrato Ley.

La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase.  Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.

Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente.

Conc.: C. Artículo. 2 Inc. 14; C.C. Arts. 1354, 1355, 1357

 

Igualdad de trato entre inversión extranjera y nacional. Solución de controversias.

Artículo  63º.- Igualdad de trato entre Inversión Extranjera y Nacional. Solución de Controversias.

La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones.  La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres.  Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas.

En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros domiciliados consta el sometimiento de éstos a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República  y su renuncia a toda reclamación diplomática. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero.

El Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor.  Pueden también someterlas a arbitraje nacional o internacional, en la forma en que lo disponga la ley.

 

Tenencia y disposición de moneda extranjera.

Artículo  64º.- Tenencia y disposición de moneda extranjera.

El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera.

 

Defensa del consumidor.

Artículo  65º.- Defensa del consumidor.

El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

Conc.: C. Artículo. 2 Inc. 4

 

 

CAPITULO II

DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

 

Recursos naturales.

Artículo  66º.- Recursos Naturales.

Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento.

Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La  concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.

Conc.: C. Arts. 71, 72; C.C. Artículo. 885

 

Política ambiental.

Artículo  67º.- Política Ambiental.

El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.

 

Diversidad biológica y áreas naturales protegidas.

Artículo  68º.- Diversidad biológica y áreas naturales protegidas.

El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.

 

Desarrollo amazónico.

Artículo  69º.- Desarrollo amazónico.

El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada.

 

 

CAPITULO III

DE LA PROPIEDAD

 

Derecho de propiedad. Expropiación.

Artículo  70º.- Derecho de Propiedad. Expropiación.

El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio.

Conc.: C. Artículo. 2 Inc. 16; C.C. Arts. 923, 925

 

Igualdad de trato a la propiedad de extranjeros.

Artículo  71º.- Igualdad de trato a la propiedad de extranjeros.

En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, sin que, en caso alguno, puedan invocar excepción ni protección diplomática. Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley.

Conc.: C. Arts. 60, 66; C.C. Artículo. 923

 

Restricciones por seguridad nacional.

Artículo  72º.- Restricciones por seguridad nacional.

La ley puede, sólo por razón de seguridad nacional, establecer temporalmente restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición, posesión, explotación y transferencia de determinados bienes.

Conc.: C.C Artículo. 925

 

Bienes públicos.

Artículo  73º.- Bienes públicos.

Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico.

 

 

CAPITULO IV

DEL REGIMEN TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL

 

Principio de legalidad en materia tributaria.

Artículo  74º.- Principio de legalidad en materia tributaria.

Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo.

Los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio.

Los decretos de urgencia no pueden contener materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación. Las leyes de presupuesto no pueden contener normas sobre materia tributaria.

No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo.

 

Deuda pública.

Artículo  75º.- Deuda pública.

El Estado sólo garantiza el pago de la deuda pública contraída por gobiernos constitucionales de acuerdo con la Constitución y la ley.

Las operaciones de endeudamiento interno y externo del Estado se aprueban conforme a ley.

            Los municipios pueden celebrar operaciones de crédito con cargo a sus recursos y bienes propios, sin requerir autorización legal.

 

 Contrataciones y adquisiciones del Estado.

Artículo  76º.- Contrataciones y adquisiciones del Estado.

Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes.

La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades.

 

Presupuesto del Sector Público.

Artículo  77º.- Presupuesto del Sector Público.

La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: Gobierno Central e instancias descentralizadas.

El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas y de descentralización. Corresponden a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de canon. (*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del Artículo

Conc.: C. Arts. 79, 82, 101 Inc. 4

 

Trámite de aprobación del Presupuesto.

Artículo  78º.- Trámite de aprobación del Presupuesto.

El Presidente de la República envía al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año.

En la misma fecha, envía también los proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero.

El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado.

Los préstamos procedentes del Banco Central de Reserva o del Banco de la Nación no se contabilizan como ingreso fiscal.

No pueden cubrirse con empréstitos los gastos de carácter permanente.

No puede aprobarse el presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda pública.

Conc.: C. Arts. 75, 82, 84

 

Beneficio y exoneración tributaria.

Artículo  79º.- Beneficio y exoneración tributaria.

Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto.

            El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo.

            En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas.

Sólo por ley expresa, aprobada por dos tercios de los congresistas, puede establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial para una determinada zona del país.

Conc.: C. Artículo. 74

 

Sustentación del presupuesto público.

Artículo  80º.- Sustentación del presupuesto público.

El Ministro de Economía y Finanzas sustenta, ante el Pleno del Congreso, el pliego de ingresos.  Cada ministro sustenta los pliegos de egresos de su sector.  El Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación y el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones sustentan los pliegos correspondientes a cada institución.

Si la autógrafa de la Ley de Presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo  hasta el treinta de noviembre, entra en vigencia el Proyecto de éste, que es promulgado por decreto legislativo.

Los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso tal como la Ley de Presupuesto. Durante el receso parlamentario se tramitan ante la Comisión Permanente. Para aprobarlos, se requiere los votos de los tres quintos del número legal de sus miembros.

Conc.: C. Artículo. 101 Inc. 3

 

Cuenta General de la República.

Artículo  81º.- Cuenta General de la República.

La Cuenta General de la República, acompañada del informe de auditoría de la Contraloría General, es remitida por el Presidente de la República al Congreso en un plazo que vence el quince de noviembre del año siguiente al de ejecución del presupuesto.

La Cuenta General es examinada y dictaminada por una comisión revisora dentro de los noventa días siguientes a su presentación. El Congreso se pronuncia en un plazo de treinta días. Si no hay pronunciamiento del Congreso en el plazo señalado, se eleva el dictamen de la Comisión Revisora al Poder Ejecutivo para que éste promulgue un decreto legislativo que contiene la Cuenta General.

 

Contraloría General de la República.

Artículo  82º.- Contraloría General de la República.

La Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control.

El Contralor General es designado por el Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo, por siete años. Puede ser removido por el Congreso por falta grave.

Conc.: C. Arts. 77 , 91

 

CAPITULO V

DE LA MONEDA Y LA BANCA

 

Sistema monetario.

Artículo  83º.- Sistema monetario.

La ley determina el sistema monetario de la República. La emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado. La ejerce por intermedio del Banco Central de Reserva del Perú.

 

Banco Central de Reserva.

Artículo  84º.- Banco Central de Reserva.

El Banco Central es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica.

            La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son: regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, y las demás funciones que señala su ley orgánica.

El Banco informa al país, exacta y periódicamente, sobre el estado de las finanzas nacionales, bajo responsabilidad de su Directorio.

El Banco está prohibido de conceder financiamiento al erario, salvo la compra, en el mercado secundario, de valores emitidos por el Tesoro Público, dentro del límite que señala su Ley Orgánica.

 

Operaciones y convenios que efectúa el B.C.R.

Artículo  85º.- Operaciones y convenios que efectúa el B.C.R.

El Banco puede efectuar operaciones y celebrar convenios de crédito para cubrir desequilibrios transitorios en la posición de las reservas internacionales.

Requiere autorización por ley cuando el monto de tales operaciones o convenios supera el límite señalado por el Presupuesto del Sector Público, con cargo de dar cuenta al Congreso.

 

Directorio del Banco Central de Reserva.

Artículo  86º.- Directorio del Banco Central de Reserva.

El Banco es gobernado por un Directorio de siete miembros. El Poder Ejecutivo designa a cuatro, entre ellos al Presidente. El Congreso ratifica a éste y elige a los tres restantes, con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.

Todos los directores del Banco son nombrados por el período constitucional que corresponde al Presidente de la República. No representan a entidad ni interés particular algunos. El Congreso puede removerlos por falta grave. En caso de remoción, los nuevos directores completan el correspondiente período constitucional.

 

Fomento y garantía  al ahorro. Superintendencia de Banca y Seguros.

Artículo  87º.- Fomento y garantía  al ahorro. Superintendencia de Banca y Seguros.

El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía.

La Superintendencia de Banca y Seguros ejerce el control de las empresas bancarias y de seguros, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley.

La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca y Seguros.

El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca y Seguros por el plazo  correspondiente a su período constitucional. El Congreso lo ratifica.

 

 

CAPITULO VI

DEL REGIMEN AGRARIO Y DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS

 

Régimen agrario.

Artículo  88º.- Régimen agrario.

El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona.

Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta.

Conc.: C. Artículo. 70

 

Comunidades campesinas y nativas.

Artículo  89º.- Comunidades campesinas y nativas.

Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas.

Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior.

El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas.

Conc.: C. Artículo. 2 Inc. 19

 

 

 

TITULO IV

DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

 

CAPITULO I

PODER LEGISLATIVO

 

El Congreso: Unicameralidad.

Artículo  90º.- El Congreso: Unicameralidad.

El Poder Legislativo reside en el Congreso, el cual consta de Cámara única.

El número de congresistas es de ciento veinte. El Congreso se elige por un período de cinco años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. Los candidatos a la presidencia no pueden integrar las listas de candidatos a congresistas.  Los candidatos a vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación a Congreso.

Para ser elegido congresista se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar del derecho de sufragio.

Conc.: C. Artículo. 134

 

Personas que no pueden ser elegidas congresistas.

Artículo  91º.- Personas que no pueden ser elegidas Congresistas.

No pueden ser elegidos congresistas si no han dejado el cargo seis meses antes de la elección:

1.         Los Ministros y Viceministros de Estado, el Contralor General, y las autoridades regionales.

2.         Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, ni el Defensor del Pueblo.

3.         El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca y Seguros, el Superintendente de Administración Tributaria, el Superintendente Nacional de Aduanas y el Superintendente de Administradoras de Fondos Privados de Pensiones.  Y

4.         Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad.

 

 

Función de congresista e incompatibilidad con otros cargos.

Artículo  92ºº.- Función de congresista e incompatibilidad con otros cargos.

La función de congresista es de tiempo completo; le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso.

El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquiera otra función pública, excepto la de Ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional.

La función de congresista es, asimismo, incompatible con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del Directorio de empresas que tienen con el Estado contratos de obras, de suministro o de aprovisionamiento, o que administran rentas públicas o prestan servicios públicos. La función de congresista es incompatible con cargos similares en empresas que, durante el  mandato del congresista, obtengan concesiones del Estado, así como en empresas del sistema crediticio financiero supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros.

Conc.: C. Arts. 39, 40

 

Inmunidad parlamentaria.

Artículo  93º.- Inmunidad parlamentaria.

Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.

No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.

No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento.

Conc.: C. Arts. 99, 100

 

Reglamento y funcionamiento del Congreso.

Artículo  94º.- Reglamento y funcionamiento del Congreso.

El Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tiene fuerza de ley; elige a sus representantes en la Comisión Permanente y en las demás comisiones; establece la organización y las atribuciones de los grupos parlamentarios; gobierna su economía; sanciona su presupuesto; nombra y remueve a sus funcionarios y empleados, y les otorga los beneficios que les corresponden de acuerdo a ley.

Conc.: C. Arts. 95, 96

 

Carácter Irrenunciable del mandato legislativo.

Artículo  95º.- Carácter Irrenunciable del mandato legislativo.

El mandato legislativo es irrenunciable.

Las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones no pueden exceder de ciento veinte días de legislatura.

 

Facultad de pedir informes a las dependencias públicas.

Artículo  96º.- Facultad de pedir informes a las dependencias públicas.

Cualquier representante a Congreso puede pedir a los Ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros, a los gobiernos locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios.

El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el Reglamento del Congreso. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley.

 

Comisiones investigadoras.

Artículo  97º.- Comisiones investigadoras.

El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial.

Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria; excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales.

Conc.: C. Artículo. 2 Incs. 6, 7; C. C. Artículo. 14

 

Inviolabilidad del recinto parlamentario.

Artículo  98º.- Inviolabilidad del recinto parlamentario.

El Presidente de la República está obligado a poner a disposición del Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que demande el Presidente del Congreso.

            Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden ingresar en el recinto del Congreso sino con autorización de su propio Presidente.

Conc.: C. Artículo. 118 Inc. 4

 

Acusación constitucional.

Artículo  99º.- Acusación constitucional.

Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General  por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.

 

Juicio constitucional político.

Artículo  100º.- Juicio constitucional político.

Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad.

El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso.

En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente.

La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos.

Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la  acusación del Congreso.

 

Comisión permanente: elección y atribuciones.

Artículo  101º.- Comisión permanente: elección y atribuciones.

Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son elegidos por éste. Su número tiende a ser proporcional al de los representantes de cada grupo parlamentario y no excede del veinticinco por ciento del número total de congresistas.

Son atribuciones de la Comisión Permanente:

1.         Designar al Contralor General, a propuesta del Presidente de la República.

2.         Ratificar la designación del Presidente del Banco Central de Reserva y del Superintendente de Banca y Seguros.

3.         Aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del Presupuesto, durante el receso parlamentario.

4.         Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue. No pueden delegarse a la Comisión Permanente materias  relativas a reforma constitucional, ni a la aprobación de  tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República.

5.         Las demás que le asigna la Constitución y las que le señala el Reglamento del Congreso.

Conc.: C. Arts. 95, 96

 

Atribuciones del Congreso.

Artículo  102º.- Atribuciones del Congreso.

Son atribuciones del Congreso:

1.         Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes.

2.         Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.

3.         Aprobar los tratados, de conformidad con la Constitución.

4.         Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General.

5.         Autorizar empréstitos, conforme a la Constitución.

6.         Ejercer el derecho de amnistía.

7.         Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo.

8.         Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte, en forma alguna, la soberanía nacional.

9.         Autorizar al Presidente de la República para salir del país.(*)

Conc. Ley N° 26656, publicada el 17/08/96,

10. Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias de la función legislativa.

Conc.: C. Arts. 56,78,81,113 Inc. 4, 184

 

 

CAPITULO II

DE LA FUNCION LEGISLATIVA

 

Leyes especiales, retroactividad benigna, derogación de leyes.

Artículo  103º.- Leyes especiales, retroactividad benigna, derogación de leyes.

Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de personas.

Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal, cuando favorece al reo.

La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad.

La Constitución no ampara el abuso del derecho.

Conc.: C. Arts. 2 inc. 2, 51, 74, 200 inc. 4

 

Facultad legislativa delegada.

Artículo  104º.- Facultad legislativa delegada.

El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa.

No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente.

Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley.

El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo.

Conc.: C. Arts. 102, 108, 200 inc. 4

 

Proyectos de Ley.

Artículo  105º.- Proyectos de Ley.

Ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva Comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el Reglamento del Congreso. Tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia.

Conc.: C. Artículo. 107

 

Leyes Orgánicas.

Artículo  106º.- Leyes Orgánicas.

Mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución.

Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquiera otra ley. Para su aprobación o modificación, se requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.

 

 

CAPITULO III

DE LA FORMACION Y PROMULGACION DE LAS LEYES

 

Iniciativa legislativa

Artículo  107º.- Iniciativa legislativa

El Presidente de la República y los congresistas tienen derecho de iniciativa en la formación de las leyes.

            También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes  del Estado, las instituciones públicas autónomas, los municipios y los colegios profesionales.

Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley.

Conc.: C. Arts. 20 , 159  inc. 7; L.O.P.J. Arts. 21, 76, 80

 

Promulgación y observación de las leyes.

Artículo  108º.- Promulgación y observación de las leyes.

La ley aprobada según lo previsto por la Constitución, se envía al Presidente de la República para su  promulgación dentro de un plazo de quince días. En caso de no promulgación por el Presidente de la República, la promulga el Presidente del Congreso, o el de la Comisión Permanente, según corresponda.

Si el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en el Congreso, las presenta a éste en el mencionado término de quince días.

Reconsiderada la ley por el Congreso, su Presidente la promulga, con el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.

 

Vigencia de la Ley.

Artículo  109º.- Vigencia de la Ley.

La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.

Conc.: C. Arts. 51 , 79, 103

 

CAPITULO IV

PODER EJECUTIVO

 

Presidente de la República.

Artículo  110º.- Presidente de la República.

El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación.

Para ser elegido Presidente de la República se requiere ser peruano por nacimiento, tener más de treinta y cinco años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio.

 

Elección del Presidente de la República.

Artículo  111º.- Elección del Presidente de la República.

El Presidente de la República se elige por sufragio directo. Es elegido el candidato que obtiene más de la mitad de los votos. Los votos viciados o en blanco no se computan.

Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección, dentro de los treinta días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, entre los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas.

Junto con el Presidente de la República son elegidos, de la misma manera, con los mismos requisitos y por igual término, dos vicepresidentes.

Conc.: C. Artículo. 184

 

Período del mandato presidencial y reelección.

Artículo  112º.- Período del mandato presidencial y reelección.

El mandato presidencial es de cinco años. El Presidente puede ser reelegido de inmediato para un período adicional. Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones.(*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del artículo

 

Vacancia de la Presidencia de la República.

Artículo  113º.- Vacancia de la Presidencia de la República.

La Presidencia de la República vaca por:

1.         Muerte del Presidente de la República.

2.         Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el  Congreso.

3.         Aceptación de su renuncia por el Congreso.

4.         Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Y

5.         Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el  artículo 117° de la Constitución.

 

Suspensión del ejercicio de la Presidencia.

Artículo  114º.- Suspensión del ejercicio de la Presidencia.

El ejercicio de la Presidencia de la República se suspende por:

1.         Incapacidad temporal del Presidente, declarada por el Congreso, o

2.         Hallarse éste sometido a proceso judicial, conforme al artículo 117° de la Constitución.

 

Impedimento temporal del ejercicio de la Presidencia. Ausencia del Presidente.

Artículo  115º.- Impedimento temporal del ejercicio de la Presidencia. Ausencia del Presidente.

Por impedimento temporal o permanente del Presidente de la República, asume sus funciones el Primer Vicepresidente. En defecto de éste, el Segundo Vicepresidente. Por impedimento de ambos, el Presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el Presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones.

            Cuando el Presidente de la República sale del territorio nacional, el  Primer Vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto, lo hace el Segundo Vicepresidente.

Conc.: C. Artículo. 111

 

Juramentación y asunción del mando.

Artículo  116º.- Juramentación y asunción del mando.

El Presidente de la República presta juramento de ley y asume el cargo, ante el Congreso, el 28 de julio del año en que se realiza la elección.

 

Acusaciones al Presidente.

Artículo  117º.- Acusaciones al Presidente.

El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

 

Atribuciones y obligaciones del Presidente.

Artículo  118º.- Atribuciones y obligaciones del Presidente.

Corresponde al Presidente de la República:

1.         Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales.

2.         Representar al Estado, dentro y fuera de la República.

3.         Dirigir la política general del Gobierno.

4.         Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República.

5.         Convocar a elecciones para Presidente de la República y para representantes a Congreso,  así como para alcaldes y regidores y demás funcionarios que señala la ley.

6.         Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria; y firmar, en ese caso, el decreto de convocatoria.

7.         Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente, en forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el Presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso. Los mensajes del Presidente de la República, salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros.

8.         Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones.

9.         Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales.

10.       Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones.

11.       Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; y celebrar y ratificar tratados.

12.       Nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros, con cargo de dar cuenta al Congreso.

13.       Recibir a los agentes diplomáticos extranjeros, y autorizar a los cónsules el ejercicio de sus funciones.

14.       Presidir el Sistema de Defensa Nacional; y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

15.       Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado.

16.       Declarar la guerra y firmar la paz, con autorización del Congreso.

17.       Administrar la hacienda pública.

18.       Negociar los empréstitos.

19.       Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia.

20.       Regular las tarifas arancelarias.

21.       Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria.

22.       Conferir condecoraciones en nombre de la Nación, con acuerdo del Consejo de Ministros.

23.       Autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero. Y

24.       Ejercer las demás funciones de gobierno y administración que la Constitución y las leyes le encomiendan.

Conc.: C. Arts. 38, 44, 57, 74, 78, 172, 181

 

CAPITULO V

DEL CONSEJO DE MINISTROS

 

Dirección  y gestión de los servicios públicos.

Artículo  119º.- Dirección  y gestión de los servicios públicos.

La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros; y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo.

 

Refrendación de actos del Presidente.

Artículo  120º.- Refrendación de actos del Presidente.

Son nulos los actos del Presidente de la  República que carecen de refrendación ministerial.

Conc.: C. Artículo. 128

 

Consejo de Ministros.

Artículo  121º.- Consejo de Ministros.

Los ministros, reunidos, forman el Consejo de Ministros. La ley determina su organización y funciones.

El Consejo de Ministros tiene su Presidente. Corresponde al Presidente de la República presidir el Consejo de Ministros cuando lo convoca o cuando asiste a sus sesiones.

 

Nombramiento y remoción de los ministros.

Artículo  122º.- Nombramiento y remoción de los ministros.

El Presidente de la República nombra y remueve al Presidente del Consejo. Nombra y remueve a los demás ministros, a propuesta y con acuerdo, respectivamente, del Presidente del Consejo.

 

Presidente del Consejo de Ministros: Atribuciones.

Artículo  123º.- Presidente del Consejo de Ministros: Atribuciones.

Al Presidente del Consejo de Ministros, quien puede ser ministro  sin cartera, le corresponde:

1.         Ser, después del Presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno.

2.         Coordinar las funciones de los demás ministros.

3.         Refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones que señalan la Constitución y la ley.

 

Ministros de Estado: requisitos.

Artículo  124º.- Ministros de Estado: Requisitos.

Para ser Ministro de Estado, se requiere ser peruano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y haber cumplido veinticinco años de edad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pueden ser ministros.

Conc.: C. Artículo. 119

 

Atribuciones del Consejo de Ministros.

Artículo  125º.- Atribuciones del Consejo de Ministros.

Son atribuciones del Consejo de Ministros:

1.         Aprobar los proyectos de ley que el Presidente de la República somete al Congreso.

2.         Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el Presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley.

3.         Deliberar sobre asuntos de interés público. Y

4.         Las demás que le otorgan la Constitución y la ley.

Conc.: C. Arts. 60, 71, 104, 118

 

Acuerdos del Consejo de Ministros.

Artículo  126º.- Acuerdos del Consejo de Ministros.

Todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, y consta en acta.

Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa.

Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.

Conc.: C. Arts. 40, 92, 125

 

Ministros Interinos: proscripción.

Artículo  127º.- Ministros Interinos: proscripción.

No hay ministros interinos. El Presidente de la República puede encomendar a un ministro que, con retención de su cartera, se encargue de otra por impedimento del que la sirve, sin que este encargo pueda prolongarse por más de treinta días ni trasmitirse a otros ministros. (*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del artículo

 

Responsabilidad de los ministros.

Artículo  128º.- Responsabilidad de los ministros.

Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan.

            Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente.

 

Concurrencia de ministros al Congreso.

Artículo  129º.- Concurrencia de Ministros al Congreso.

El Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas.

            Concurren también cuando son invitados para informar.

            El Presidente del Consejo o uno, por lo menos, de los ministros concurre periódicamente a las sesiones plenarias del Congreso para la estación de preguntas.

 

 

CAPITULO VI

DE LAS RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO

 

Exposición de la política general de gobierno y cuestión de confianza.

Artículo  130º.-  Exposición de la política general de gobierno y cuestión de confianza.

Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas  que requiere su gestión.

            Plantea al efecto cuestión de confianza.

            Si el Congreso no está reunido, el Presidente de la República convoca a legislatura extraordinaria.

Conc.: C. Artículo. 118 incs. 3, 6

 

Interpelación de ministros.

Artículo  131º.- Interpelación de ministros.

Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros, o de cualquiera de los ministros, cuando el Congreso los llama para interpelarlos.

            La interpelación se formula por escrito.  Debe ser presentada por no menos del quince por ciento del número legal de congresistas. Para su admisión, se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles; la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión.

            El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del décimo.

Conc.: C. Artículo. 101

 

Voto de censura y rechazo de la cuestión de confianza.

Artículo  132º.- Voto de censura y rechazo de la cuestión de confianza.

El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros, o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última sólo se plantea por iniciativa ministerial.

            Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros, o contra cualquiera de los ministros, debe ser presentada por no menos del veinticinco por ciento del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.

            El Consejo de Ministros, o el ministro censurado, debe renunciar.

            El Presidente de la República acepta la dimisión dentro de las setenta y dos horas siguientes.

            La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación.

Conc.: C. Arts. 122, 128

 

Crisis del gabinete ministerial.

Artículo  133º.- Crisis del gabinete ministerial.

El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete.

 

Disolución del Congreso.

Artículo  134º.- Disolución del Congreso.

El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta.

            No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario.

            Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto.

 

Evaluación de los actos del Ejecutivo en el interregno parlamentario.

Artículo  135º.- Evaluación de los actos del Ejecutivo en el interregno parlamentario.

Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros, o negarle la cuestión de confianza, después de que el Presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario.

            En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una vez que éste se instale.

 

Restitución de facultades del Congreso disuelto.

Artículo  136º.- Restitución de facultades del Congreso disuelto.

Si las elecciones no se efectúan dentro del plazo señalado, el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de Ministros. Ninguno de los miembros de éste puede ser nombrado nuevamente ministro durante el resto del período presidencial.

            El Congreso extraordinariamente así elegido sustituye al anterior, incluida la Comisión Permanente, y completa el período constitucional del Congreso disuelto.

Conc.: C. Arts. 102, 134

 

CAPITULO VII

REGIMEN DE EXCEPCION

 

Estado de emergencia y estado de sitio.

Artículo  137º.- Estado de emergencia y estado de sitio.

El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se contemplan:

1.         Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación.  En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2º y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo.  En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie.

El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga requiere nuevo decreto.  En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República.

2.         Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende.  El plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco días.  Al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del Congreso.

Conc.: C. Artículo. 118 inc. 14, 15, 24

 

CAPITULO VIII

PODER JUDICIAL

 

Función jurisdiccional.

Artículo  138º.- Función jurisdiccional.

La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.

            En todo  proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.

Conc.: C. Artículo. 51; L.O.P.J. Artículo 14

 

Principios de la función jurisdiccional.

Artículo  139º.- Principios de la función jurisdiccional.

Son principios y derechos  de la función jurisdiccional:

1.         La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.

            No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral.

No hay proceso judicial por comisión o delegación.

Conc.: C. Artículo. 173, L.O.P.J. Arts. 1, 2

 

2.         La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante  el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.

Conc.: C. Artículo. 97; C.P.C. Artículo. 123; L.O.P.J. Artículo.. 2, 4

 

3.         La observancia del debido proceso y la tutela  jurisdiccional.

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.

Conc.: C. Artículo. 3 inc. 23; L.O.P.J. Artículo. 7

 

4.         La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.

Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos.

Conc.: C. Artículo. 2 inc. 4;: L.O.P.J. Artículo. 10

 

5.         La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

Conc.: C.P.C. Artículo.121: L.O.P.J. Artículo. 12

 

6.         La pluralidad de la instancia.

Conc.: C.P.C. Artículo. X del T.P.

 

7.         La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales y por las  detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.

Conc.: C.P.P. Artículo. X

 

8.         El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley.

En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario.

Conc.: C.P.C. Arts. III, VIII del T.P.

 

9.         El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos.

Conc.: C.C. Artículo. IV del T.P.

 

10.       El principio de no ser penado sin proceso judicial.

Conc.: L.O.P.J. Artículo. 7

 

11.       La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales.

Conc.: C.P. Artículo. 6

 

12.       El principio de no ser condenado en ausencia.

 

13.       La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada.

Conc.: C. Artículo. 102 inc. 6

 

14.       El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención.  Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.

Conc.: C. Arts. 2 incs. 23 y 24, 100, 200

 

15.       El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención.

Conc.: DDHH, Artículo. 8; C.P.P, Arts. VIII, 140

 

16.       El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala.

 

17.       La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a ley.

Conc.: C. Arts. 31, 152;D.U.DD.HH. Artículo. 21

 

18.       La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida.

Conc.: C. Artículo. 118 inc. 9

 

19.       La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo responsabilidad.

 

20.       El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley.

 

21.       El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados.

 

22.       El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.

 

Pena de muerte.

Artículo  140º.- Pena de muerte.

La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de Traición a la Patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada.

Conc.: C. Artículo. 173

 

Casación y última instancia.

Artículo  141º.- Casación y última Instancia.

Corresponde a la Corte Suprema fallar en casación, o en última instancia, cuando la acción se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforme a ley. Asimismo, conoce en casación las resoluciones del Fuero Militar, con las limitaciones que establece el artículo 173º.

 

Resoluciones no revisables por el Poder Judicial.

Artículo  142º.- Resoluciones no revisables por el Poder Judicial.

No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces.

Conc.: C. Artículo. 181

 

Organos jurisdiccionales.

Artículo  143º.- Organos jurisdiccionales.

El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la Nación, y por órganos que ejercen su gobierno y administración. Los órganos jurisdiccionales son: la Corte Suprema de Justicia y las demás cortes y juzgados que determine su ley orgánica.

Conc.: L.O.P.J. Arts. 25, 26, 28

 

Presidente de la Corte Suprema.

Artículo  144º.- Presidente de la Corte Suprema.

El Presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial. La Sala Plena de la Corte Suprema es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial.

 

Presupuesto del Poder Judicial.

Artículo  145º.- Presupuesto del Poder Judicial.

El Poder Judicial presenta su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y lo sustenta ante el Congreso.

Conc.: C. Artículo. 180

 

Incompatibilidades  y garantías de la función jurisdiccional.

Artículo 146º.- Incompatibilidades  y Garantías de la Función Jurisdiccional.

La función jurisdiccional es incompatible con cualquiera otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo.

            Los jueces sólo perciben las remuneraciones que les asigna el Presupuesto y las provenientes de la enseñanza o de otras tareas expresamente previstas por la ley.

El Estado garantiza a los magistrados judiciales:

1.         Su independencia. Sólo están sometidos a la Constitución y la ley.

2.         La inamovilidad en sus cargos. No pueden ser trasladados sin su consentimiento.

3.         Su permanencia en el servicio, mientras observen conducta e idoneidad propias de su función. Y

4.         Una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía.

Conc.: L.O.P.J. Arts. 184, 186, 196

 

Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema.

Artículo  147º.- Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema.

Para ser Magistrado de la Corte Suprema  se requiere:

1.         Ser peruano de nacimiento;

2.         Ser ciudadano en ejercicio;

3.         Ser mayor de cuarenta y cinco años;

4.         Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante diez años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra  universitaria en materia jurídica durante quince años.

Conc.: L.O.P.J.  Artículo. 177

 

Acción contencioso administrativa.

Artículo  148º.- Acción contencioso administrativa.

Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa.

Conc.: L.O.P.J.. Artículo. 23; C.P.C. Artículo. 540

 

Ejercicio de la función jurisdiccional por las comunidades campesinas y nativas.

Artículo  149º.- Ejercicio de la función jurisdiccional por las comunidades campesinas y nativas.

Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.

 

 

CAPITULO IX

DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

 

Consejo Nacional de la Magistratura. Nombramiento de jueces y fiscales.

Artículo  150º.- Consejo Nacional de la Magistratura. Nombramiento de jueces y fiscales.

El Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando éstos provengan de elección popular.

            El Consejo Nacional de la Magistratura es independiente y se rige por su Ley Orgánica.

Conc.: L.O.P.J.. Artículo. 177

 

Academia de la Magistratura.

Artículo  151º.- Academia de la Magistratura.

La Academia de la Magistratura, que forma parte del Poder Judicial, se encarga de la formación y capacitación de jueces y fiscales en todos sus niveles, para los efectos de su selección.

            Es requisito para el ascenso la aprobación de los estudios especiales que requiera dicha Academia.

 

Elección popular de jueces de paz.

Artículo  152º.- Elección popular de jueces de paz.

Los Jueces de Paz provienen de elección popular.

            Dicha elección, sus requisitos, el desempeño jurisdiccional, la capacitación y la duración en sus cargos son normados por ley.

            La ley puede establecer la elección de los jueces de primera instancia y determinar los mecanismos pertinentes.

Conc.: C. Artículo. 2 inc. 17

 

Prohibiciones de los jueces y fiscales.

Artículo  153º.- Prohibiciones de los jueces y fiscales.

Los jueces y fiscales están prohibidos de participar en política, de sindicarse y de declararse en huelga.

Conc.: C. Artículo. 42; L.O.P.J. Artículo. 199

 

Funciones del Consejo Nacional de la Magistratura.

Artículo  154º.- Funciones del Consejo Nacional de la Magistratura.

Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura:

1.         Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto conforme de los dos tercios del número legal de sus miembros.

2.         Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. El proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias.

3.         Aplicar la sanción de destitución a los Vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias. La resolución final, motivada y con previa audiencia del interesado, es inimpugnable.

4.         Extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita.

 

Composición del Consejo Nacional de la Magistratura.

Artículo  155º.- Composición del Consejo Nacional de la Magistratura.

Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la ley de la materia:

1.         Uno elegido por la Corte Suprema, en votación secreta en Sala Plena.

2.         Uno elegido, en votación secreta, por la Junta de Fiscales Supremos.

3.         Uno elegido por los miembros de los  Colegios de Abogados del país, en votación secreta.

4.         Dos elegidos, en votación secreta, por los miembros de los demás Colegios Profesionales del país, conforme a ley.

5.         Uno elegido en votación secreta, por los rectores de las universidades nacionales.

6.         Uno elegido, en votación secreta, por los rectores de las universidades particulares.

 

            El número de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura puede ser ampliado por éste a nueve, con dos miembros adicionales elegidos en votación secreta por el mismo Consejo, entre sendas listas propuestas por las instituciones representativas del sector laboral y del empresarial.

            Los miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura son elegidos, conjuntamente con los suplentes, por un período de cinco años.

 

Requisitos, beneficios, derechos y obligaciones de los miembros del Consejo.

Artículo  156º.- Requisitos, beneficios, derechos y obligaciones de los miembros del Consejo.

Para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura se requieren los mismos requisitos que para ser Vocal de la Corte Suprema, salvo lo previsto en el inciso 4 del  artículo 147. El miembro del Consejo Nacional de la Magistratura goza de los mismos beneficios y derechos y está sujeto a las mismas obligaciones e incompatibilidades.

 

Remoción de los miembros del Consejo.

Artículo  157º.- Remoción de los miembros del Consejo.

Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros.

 

 

CAPITULO X

DEL MINISTERIO PUBLICO

 

Autonomía del Ministerio Público. Fiscal de la Nación.

Artículo  158º.- Autonomía del Ministerio Público. Fiscal de la Nación.

El Ministerio Público es autónomo. El Fiscal de la Nación lo preside. Es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo de Fiscal de la Nación dura tres años, y es prorrogable, por reelección, sólo por otros dos. Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Les afectan las mismas incompatibilidades. Su nombramiento está sujeto a requisitos y procedimientos idénticos a los de los miembros del Poder Judicial en su respectiva categoría.(*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del artículo

Conc.: L.O.M.P. Artículo. 18

 

Atribuciones del Ministerio Público.

Artículo  159º.- Atribuciones del Ministerio Público.

Corresponde al Ministerio Público:

1.         Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.

Conc.: C.P.C. Artículo. 113

 

2.         Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia.

Conc.: L.O.P.J. Artículo. 2

 

3.         Representar en los procesos judiciales a la sociedad.

Conc.: C.P.C. Artículo. 113

 

4.         Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.

Conc.: L.O.M.P. Artículo. 9

 

5.         Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.

Conc.: L.O.M.P. Artículo. 11

 

6.         Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla.

Conc.: C.P.C. Artículo. 113

 

7.         Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación.

Conc.: L.O.M.P. Artículo. 4

 

Presupuesto del Ministerio Público.

Artículo  160º.- Presupuesto del Ministerio Público.

El proyecto de  presupuesto del Ministerio Público se aprueba por la Junta de Fiscales Supremos. Se presenta ante el Poder Ejecutivo y se sustenta en esa instancia y en el Congreso.

Conc.: L.O.M.P. Artículo. 30

 

CAPITULO XI

DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

 

Autonomía de la Defensoría del Pueblo.

Artículo  161º.- Autonomía de la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere.

Su estructura, en el ámbito nacional, se establece por ley orgánica.

            El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los dos tercios de su número legal. Goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas.

            Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere haber cumplido treinta y cinco años de edad y ser abogado.

            El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las mismas incompatibilidades que los vocales supremos.

 

Funciones del Defensor del Pueblo.

Artículo  162º.- Funciones del Defensor del Pueblo.

Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

            El Defensor del Pueblo presenta informe al Congreso una vez al año, y cada vez que éste lo solicita. Tiene iniciativa en la formación de las leyes. Puede proponer las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones.

            El proyecto de presupuesto  de la Defensoría del Pueblo es presentado ante el Poder Ejecutivo y sustentado por su titular en esa instancia y en el Congreso.

 

 

CAPITULO XII

DE LA SEGURIDAD Y DE LA DEFENSA NACIONAL

 

Sistema de Defensa Nacional.

Artículo  163º.- Sistema de Defensa Nacional.

El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional.

            La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la ley.

 

Dirección, preparación y ejercicio de la Defensa Nacional.

Artículo  164º.- Dirección, preparación y ejercicio de la Defensa Nacional.

La dirección, la preparación y el ejercicio de la Defensa Nacional se realizan a través de un sistema cuya organización y cuyas funciones determina la ley. El Presidente de la República dirige el Sistema de Defensa Nacional.

            La ley determina los alcances y procedimientos de la movilización para los efectos de la defensa nacional.

 

Las Fuerzas Armadas.

Artículo  165º.- Las Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República.

            Asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137º de la Constitución.

 

La Policía Nacional.

Artículo  166º.- La Policía Nacional.

La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.

 

Jefe Supremo de las FF.AA. y P.N.P.

Artículo  167º.- Jefe Supremo de las FF.AA. y P.N.P.

El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

 

Organización y funciones de las FF.AA. y P.N.P.

Artículo  168º.- Organización y funciones de las FF.AA. y P.N.P.

Las leyes y los reglamentos respectivos determinan la organización, las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo; y norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

            Las Fuerzas Armadas organizan sus reservas y disponen de ellas según las necesidades de la Defensa Nacional, de acuerdo a ley.

 

Carácter  deliberante de las FF.AA. y P.N.P.

Artículo  169º.- Carácter  Deliberante de las FF.AA. y P.N.P.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas al poder constitucional.

Conc.: C.P. Artículo. 346

 

Fondos de las FF.AA. y P.N.P.

Artículo  170º.- Fondos de las FF.AA. y P.N.P.

La ley asigna los fondos destinados a satisfacer los requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tales fondos deben ser dedicados exclusivamente a fines institucionales, bajo el control de la autoridad señalada por la ley.

 

FF.AA., P.N.P. y Defensa Civil.

Artículo  171º.- FF.AA., P.N.P. y Defensa Civil.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social del país, y en la defensa civil de acuerdo a ley.

 

Fijación de efectivos y ascensos en las FF.AA. y P.N.P.

Artículo  172º.- Fijación de efectivos y ascensos en las FF.AA. y P.N.P.

El número de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se fija anualmente por el Poder Ejecutivo. Los recursos correspondientes son aprobados en la Ley de Presupuesto. Los ascensos se confieren de conformidad con la ley. El Presidente de la República otorga los ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los generales de la Policía Nacional, según propuesta del instituto correspondiente.

 

Delitos de función.

Artículo  173º.- Delitos de función.

En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones de éste no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que la ley determina. La casación a que se refiere el artículo 141 sólo es aplicable cuando se imponga la pena de muerte.

            Quienes infringen las normas del Servicio Militar Obligatorio están asimismo sometidos al Código de Justicia Militar.

 

Derechos análogos entre las FF.AA. y la P.N.P.

Artículo  174º.- Derechos análogos entre las FF.AA. y la P.N.P.

Los grados y honores, las remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son equivalentes. La ley establece las equivalencias correspondientes al personal militar o policial de carrera que no tiene grado o jerarquía de oficial.

            En ambos casos, los derechos indicados sólo pueden retirarse a sus titulares por sentencia judicial.

 

Armas de guerra.

Artículo  175º.- Armas de guerra.

Sólo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden poseer y usar armas de guerra. Todas las que existen, así como las que se fabriquen o se introduzcan en el país pasan a ser propiedad del Estado sin proceso ni indemnización.

            Se exceptúa la fabricación de armas de guerra por la industria privada en los casos que la ley señale.

            La ley reglamenta la fabricación, el comercio, la posesión y el uso, por los particulares, de armas distintas de las de guerra.

 

 

CAPITULO XIII

DEL SISTEMA ELECTORAL

 

Finalidad y funciones del sistema electoral.

Artículo  176º.- Finalidad y Funciones del Sistema Electoral.

El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa.

            Tiene por funciones básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales o de referéndum u otras consultas populares; el mantenimiento y la custodia de un registro único de identificación de las personas; y el registro de los actos que modifican el estado civil.

 

Conformación del sistema electoral.

Artículo  177º.- Conformación del sistema electoral.

El sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones; la Oficina Nacional de Procesos Electorales; y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Actúan con autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación, de acuerdo con sus atribuciones.

 

Competencia del J.N.E.

Artículo  178º.- Competencia del J.N.E.

Compete al Jurado Nacional de Elecciones:

1.         Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares, así como también la elaboración de los padrones electorales.

2.         Mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas.

3.         Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral.

4.         Administrar justicia en materia electoral.

5.         Proclamar a los candidatos elegidos; el resultado del referéndum o el de otros tipos de consulta popular y expedir las credenciales correspondientes.

6.         Las demás que la ley señala.

 

            En materia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones tiene iniciativa en la formación de las leyes.

Presenta al Poder Ejecutivo el proyecto de Presupuesto del Sistema Electoral que incluye por separado las partidas propuestas por cada entidad del sistema. Lo sustenta en esa instancia y ante el Congreso.

 

Composición del pleno del J.N.E.

Artículo  179º.- Composición del pleno del J.N.E.

La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un Pleno compuesto por cinco miembros:

1.         Uno elegido en votación secreta por la Corte Suprema entre sus magistrados jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido. El representante de la Corte Suprema preside el Jurado Nacional de Elecciones.

2.         Uno elegido en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos, entre los Fiscales Supremos jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido.

3.         Uno elegido en votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima, entre sus miembros.

4.         Uno elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades públicas, entre sus ex decanos.

5.         Uno elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades privadas, entre sus ex decanos.

 

Miembros del pleno del J.N.E.

Artículo  180º.- Miembros del pleno del J.N.E.

Los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no pueden ser menores de cuarenta y cinco años ni mayores de setenta. Son elegidos por un período de cuatro años. Pueden ser reelegidos. La ley establece la forma de renovación alternada cada dos años.

            El cargo es remunerado y de tiempo completo. Es incompatible con cualquiera otra función pública, excepto la docencia a tiempo parcial.

            No pueden ser miembros del Pleno del Jurado los candidatos a cargos de elección popular, ni los ciudadanos que desempeñan cargos directivos con carácter nacional en las organizaciones políticas, o que los han desempeñado en los cuatro años anteriores a su postulación.

 

Resoluciones del pleno del J.N.E.

Artículo  181º.- Resoluciones del pleno del J.N.E.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En  materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.

 

Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Artículo  182º.- Oficina Nacional de Procesos Electorales.

El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido por el propio Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

            Le corresponde organizar todos los procesos electorales, de referéndum y los de otros tipos de consulta popular, incluido su presupuesto, así como la elaboración y el diseño de la cédula de sufragio. Le corresponde asimismo la entrega de actas y demás material necesario para los escrutinios y la difusión de sus resultados. Brinda información permanente sobre el cómputo desde el inicio del escrutinio en las mesas de sufragio.  Ejerce las demás funciones que la ley le señala.

 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Artículo  183º.- Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

El Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido por dicho Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

            El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tiene a su cargo la inscripción de los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, y otros actos que modifican el estado civil. Emite las constancias correspondientes.     Prepara y mantiene actualizado el padrón electoral. Proporciona al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.  Mantiene el registro de identificación de los ciudadanos y  emite los documentos que acreditan su identidad.

            Ejerce las demás funciones que la ley señala.

 

Nulidad de las elecciones.

Artículo  184º.- Nulidad de las elecciones.

El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos.

            La ley puede establecer proporciones distintas para las elecciones municipales.

 

Carácter público e ininterrumpido del escrutinio electoral.

Artículo  185º.- Carácter público e ininterrumpido del escrutinio electoral.

El escrutinio de los votos en toda clase de elecciones, de referéndum o de otro tipo de consulta popular se realiza en acto público e ininterrumpido sobre la mesa de sufragio. Sólo es revisable en los casos de error material o de impugnación, los cuales se resuelven conforme a ley.

 

Orden durante los comicios.

Artículo  186º.- Orden durante los comicios.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales dicta las instrucciones y disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden y la protección de la libertad personal durante los comicios. Estas disposiciones son de cumplimiento obligatorio para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

 

Elecciones pluripersonales.

Artículo  187º.- Elecciones pluripersonales.

En las elecciones pluripersonales hay representación proporcional, conforme al sistema que establece la ley.

            La ley contiene disposiciones especiales para facilitar el voto de los peruanos residentes en el extranjero.

 

 

CAPITULO XIV

DE LA DESCENTRALIZACION, LAS REGIONES Y LAS MUNICIPALIDADES

 

Descentralización.

Artículo  188º.- Descentralización.

La descentralización es un proceso permanente que tiene como objetivo el desarrollo integral del país.

 

División política de la República.

Artículo  189º.- División política de la República.

El territorio de la República se divide en regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se ejerce el gobierno unitario de manera descentralizada y desconcentrada.

 

Formación de las regiones, provincias y distritos.

Artículo  190º.- Formación de las regiones, provincias y distritos.

Las Regiones se constituyen por iniciativa y mandato de las poblaciones pertenecientes a uno o más departamentos colindantes. Las provincias y los distritos contiguos pueden asimismo integrarse o cambiar de circunscripción.

            En ambos casos procede el referéndum, conforme a ley.

 

Municipalidades, elección de alcaldes y regidores.

Artículo  191º.- Municipalidades, elección de alcaldes y regidores.

Las municipalidades provinciales y distritales, y las delegadas conforme a ley, son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

            Corresponden al Concejo las funciones normativas y fiscalizadoras; y a la Alcaldía, las funciones ejecutivas.

            Los Alcaldes y Regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cinco años. Pueden ser reelegidos. Su mandato es revocable pero irrenunciable. Gozan de las prerrogativas que señala la ley.

 

Competencia de las municipalidades.

Artículo  192º.- Competencia de las municipalidades.

Las municipalidades tienen competencia para:

1.         Aprobar su organización interna y su presupuesto.

2.         Administrar sus bienes y rentas.

3.         Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales.

4.         Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad.

5.         Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, y ejecutar los planes y programas correspondientes.

6.         Participar en la gestión de las actividades y servicios inherentes al Estado, conforme a ley. Y

7.         Los demás que determine la Ley.

 

Bienes y rentas de las municipalidades.

Artículo  193º.- Bienes y rentas de las municipalidades.

Son bienes y rentas de las municipalidades:

1.         Los bienes e ingresos propios.

2.         Los impuestos creados por ley a su favor.

3.         Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos de su competencia, creados por su Concejo.

4.         Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal que se crea por ley según los tributos municipales.

5.         Las transferencias presupuestales del Gobierno Central.

6.         Los recursos que les correspondan por concepto de canon.

7.         Los demás recursos que determine la ley.

 

Asociación de municipalidades.

Artículo  194º.- Asociación de municipalidades.

Las municipalidades pueden asociarse o concertar entre ellas convenios cooperativos para la ejecución de obras y la prestación de servicios comunes.

 

Seguridad ciudadana.

Artículo  195º.- Seguridad ciudadana.

La ley regula la cooperación de la Policía Nacional con las municipalidades en materia de seguridad ciudadana.

 

Régimen especial de las capitales.

Artículo  196º.- Régimen especial de las capitales.

La capital de la República, las capitales de provincias con rango metropolitano y las capitales de departamento de ubicación fronteriza tienen régimen especial en la Ley Orgánica de Municipalidades.

            El mismo tratamiento rige para la Provincia Constitucional del Callao y las provincias de frontera.

 

Las Regiones: autonomía, competencia y rentas.

Artículo  197º.- Las Regiones: autonomía,  competencia y rentas.

Las Regiones tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

            Les corresponden, dentro de su jurisdicción, la coordinación y ejecución de los planes y programas socio-económicos regionales, así como la gestión de actividades y servicios inherentes al Estado, conforme a ley.

            Sus bienes y rentas propias se establecen en la ley. Las Regiones apoyan a los gobiernos locales. No los sustituyen ni duplican su acción ni su competencia.

 

Estructura y funciones de la Región.

Artículo  198º.- Estructura y funciones de la Región.

La estructura organizada de las Regiones y sus funciones específicas se establecen por ley orgánica.

            Son las máximas autoridades de la Región el Presidente y el Consejo de Coordinación Regional.

            El Presidente de la Región es elegido por sufragio directo por un período de cinco años. Puede ser reelegido. Su mandato es revocable, pero irrenunciable. Goza de las prerrogativas que le señala la ley.

            El Consejo de Coordinación Regional está integrado por el número de miembros que señala la ley. Los alcaldes provinciales o sus representantes son, de pleno derecho, miembros de dicho Consejo.

 

Fiscalización de las regiones.

Artículo 199º.- Fiscalización de las regiones.

Las Regiones y las municipalidades rinden cuenta de la ejecución de su presupuesto a la Contraloría General de la República. Son fiscalizadas de acuerdo a Ley.

 

 

TITULO V

 DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES

 

Acciones de garantía.

Artículo  200º.- Acciones de garantía.

Son garantías constitucionales:

1.         La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos.

Conc.: D.U.DD.HH. Artículo. 3; L. 23506 Artículo. 12

 

2.         La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente.

            No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular.(*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del inciso

Conc.: L. 23506 Artículo. 24

 

3.         La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2º, incisos 5 y 6 de la Constitución. (*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del inciso

Conc.: LOPJ Artículo. 31 inc. b

 

4.         La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.

 

5.         La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen.

Conc.: L.O.P.J. Artículo. 35 inc. 5

 

6.         La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

Una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas.

El ejercicio de las acciones de hábeas corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137º de la Constitución.

Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio

Conc.: L.O.P.J. Artículo. 31 inc. b

 

Tribunal Constitucional.

Artículo  201º.- Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente.  Se compone de siete miembros elegidos por cinco años.

            Para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas incompatibilidades. No hay reelección inmediata.

            Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación.

 

Competencia del Tribunal Constitucional.

Artículo  202º.- Competencia del Tribunal Constitucional.

Corresponde al Tribunal Constitucional:

1.         Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad.

2.         Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento.

3.         Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley.

 

Titularidad de la acción de inconstitucionalidad.

Artículo  203º.- Titularidad de la acción de inconstitucionalidad.

Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad:

1.         El Presidente de la República;

2.         El Fiscal de la Nación;

3.         El Defensor del Pueblo;

4.         El veinticinco por ciento del número legal de congresistas;

5.         Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Si la norma es una ordenanza municipal, está facultado para impugnarla el uno por ciento de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda del número de firmas anteriormente señalado;

6.         Los presidentes de Región con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional, o los alcaldes provinciales con acuerdo de su Concejo, en materias de su competencia.

7.         Los colegios profesionales, en materias de su especialidad.

 

Sentencia de inconstitucionalidad.

Artículo  204º.- Sentencia de inconstitucionalidad.

La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial.  Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto.

            No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, en todo o en parte, una norma legal.

 

Jurisdicción supranacional en materia de garantías constitucionales.

Artículo  205º.- Jurisdicción supranacional en materia de garantías constitucionales.

Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte.

 

 

TITULO VI

DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCION

 

Procedimiento e iniciativa para la reforma de la Constitución.

Artículo  206º.- Procedimiento e iniciativa para la reforma de la Constitución.

Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República.

            La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros; a los congresistas; y a un número de ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral.

 

 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

 

Primera.

Los nuevos regímenes sociales obligatorios, que sobre materia de pensiones de los trabajadores públicos, se establezcan, no afectan los derechos legalmente obtenidos, en particular el correspondiente a los regímenes de los decretos leyes 19990 y 20530 y sus modificatorias.

 

Segunda.

El Estado garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones que administra, con arreglo a las previsiones  presupuestarias que éste destine para tales efectos, y a las posibilidades de la economía nacional.

 

Tercera.

En tanto subsistan regímenes diferenciados de trabajo entre la actividad privada y la pública, en ningún caso y por ningún concepto pueden acumularse servicios prestados bajo ambos regímenes.  Es nulo todo acto o resolución en contrario.

 

Cuarta.

Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.

 

Quinta.

Las elecciones municipales se alternan con las generales de modo que aquéllas se realizan a mitad del período presidencial, conforme a ley. Para el efecto, el mandato de los alcaldes y regidores que sean elegidos en las dos próximas elecciones municipales durará tres y cuatro años respectivamente.

 

Sexta.

Los alcaldes y regidores elegidos en el proceso electoral de 1993 y sus elecciones complementarias concluyen su mandato el 31 de diciembre de 1995.

 

Sétima.

El primer proceso de elecciones generales que se realice a partir  de la vigencia de la presente Constitución, en tanto se desarrolla el proceso de descentralización, se efectúa por distrito único.

 

Octava.

Las disposiciones de la Constitución que lo requieran son materia de leyes de desarrollo constitucional.

 

Tienen prioridad :

1.         Las normas de descentralización y, entre ellas, las que permitan tener nuevas autoridades elegidas a más tardar en 1995. Y

2.         Las relativas a los mecanismos y al proceso para eliminar progresivamente los monopolios legales otorgados en las concesiones y licencias de servicios públicos.

 

Novena.

La renovación de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, instalado conforme a esta Constitución, se inicia con los elegidos por el Colegio de Abogados de Lima y por las Facultades de Derecho de las universidades públicas.

 

Décima.

La ley establece el modo como las oficinas, los funcionarios y servidores del Registro Civil de los gobiernos locales y los del Registro Electoral se integran al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

 

Undécima.

Las disposiciones de la Constitución que exijan nuevos o mayores gastos públicos se aplican progresivamente.

 

Duodécima.

La organización política departamental de la República comprende los departamentos siguientes: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali; y la Provincia Constitucional del Callao.

 

Decimotercera.

Mientras no se constituyan las Regiones y hasta que se elija a sus presidentes de acuerdo con esta Constitución, el Poder Ejecutivo determina la jurisdicción de los Consejos Transitorios de Administración Regional actualmente en funciones, según el área de cada uno de los departamentos establecidos en el país.

 

Decimocuarta.

La presente Constitución, una vez aprobada por el Congreso Constituyente Democrático, entra en vigencia, conforme al resultado del referéndum regulado mediante ley constitucional.

 

Decimoquinta.

Las disposiciones contenidas en la presente Constitución, referidas a número de congresistas, duración del mandato legislativo, y Comisión Permanente, no se aplican para el Congreso Constituyente Democrático.

 

Decimosexta.

Promulgada la presente Constitución, sustituye a la del año 1979.

 

 

DECLARACION

 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO

 

            DECLARA  que el Perú, país del hemisferio austral, vinculado a la Antártida por costas que se proyectan hacia ella, así como por factores ecológicos y antecedentes históricos, y conforme con los derechos y obligaciones que tiene como parte consultiva del Tratado Antártico, propicia la conservación de la Antártida como una Zona de Paz dedicada a la investigación científica, y la vigencia de un régimen internacional que, sin desmedro de los derechos que corresponden a la Nación, promueva en beneficio de toda la humanidad la racional y equitativa explotación de los recursos de la Antártida, y asegure la protección y conservación del ecosistema de dicho Continente.

 

 

 

 

 

 

LEY DE HABEAS CORPUS Y AMPARO

 

 

LEY Nº 23506

 

 

Nota del Editor           

 

 

 

Fecha de promulgación            :           07/12/82

Fecha de publicación   :           08/12/82

Fecha de entrada en vigencia   :           24/12/82

 

 

 

INDICE

 

 

TITULO  I

 

TITULO  II     :           DE LA ACCION DE HABEAS CORPUS

Capítulo I         :           De los derechos

Capítulo II       :           Del procedimiento

 

TITULO  III    :           DE LA ACCION DE AMPARO

Capítulo I         :           De los derechos

Capítulo II       :           Del procedimiento

 

TITULO  IV    :           DE LA SUSPENSION DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES

 

TITULO  V     :                       DE LA JURISDICCION INTERNACIONAL

 

TITULO  VI    :                       DISPOSICIONES DIVERSAS

Capítulo I         :           Disposiciones finales

Capítulo II       :           Disposición transitoria

 

 

 

LEY Nº 23506

 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

 

POR CUANTO:

 

El Congreso ha dado la Ley siguiente:

 

            EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU;

 

            Ha dado la Ley siguiente:

 

 

LEY DE HABEAS CORPUS Y AMPARO

 

TITULO I

 

Artículo 1º.- Objeto de las acciones de garantía

El objeto de las acciones de garantía es el reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional.

 

Artículo 2º.- Casos en que proceden las acciones de garantía

Las acciones de garantía proceden en los casos en que se violen o amenacen los derechos constitucionales por acción, o por omisión, de actos de cumplimiento obligatorio.

 

Artículo 3º.- Procedencia de la acción en caso de normas inconstitucionales

Las acciones de garantía proceden aún en el caso que la violación o amenaza se base en una norma que sea incompatible con la Constitución. En este supuesto, la inaplicación de la norma se apreciará en el mismo procedimiento.

 

Artículo 4º.- Procedencia de la acción por omisión de actos debidos

Si se ejerce la acción a causa de la violación de un derecho constitucional por omisión de un acto debido, el fallo ordenará el cumplimiento incondicional e inmediato de dicho acto.

 

Artículo 5º.- Procedencia de la acción contra resoluciones judiciales

Las acciones de garantía también son pertinentes si una autoridad judicial, fuera de un procedimiento que es de su competencia, emite una resolución o cualquier disposición que lesione un derecho constitucional.

 

Artículo 6º.- Casos de improcedencia de las acciones de garantía

No proceden las acciones de garantía:

1)         En caso de haber cesado la violación o la amenaza de violación de un derecho constitucional, o si la violación se ha convertido en irreparable;

2)         Contra resolución judicial o arbitral emanadas de proceso regular.(*)

(*) Haga click aquí para vetalles del inciso

 

3)         Cuando el agraviado opta por recurrir a la vía judicial ordinaria; y

4)         De las dependencias administrativas, incluyendo las empresas públicas, contra los Poderes del Estado y los organismos creados por la Constitución, por los actos efectuados en el ejercicio regular de sus funciones.(*)

(*)  Haga click aquí para ver detalles del artículo

 

 

Artículo 7º.- Deber de suplir deficiencias procesales y tramitación preferente

El Juez deberá suplir las deficiencias procesales en que incurra la parte reclamante, bajo responsabilidad. Igualmente dará preferencia en la tramitación a las acciones de garantía.

 

Artículo 8º.- Autoridad de cosa juzgada. Oponibilidad

La resolución final constituye cosa juzgada únicamente si es favorable al recurrente. Puede oponerse a quien pretendiera ejecutar o ejecutarse igual agresión.

 

Artículo 9º.- Jurisprudencia obligatoria. Casos excepcionales

Las resoluciones de Hábeas Corpus y Amparo sentarán jurisprudencia obligatoria cuando de ellas se puedan desprender principios de alcance general. Sin embargo, al fallar en nuevos casos apartándose del precedente, los jueces explicarán las razones de hecho y de derecho en que sustenten la nueva resolución.

 

Artículo 10º.- Defensa del Estado y de funcionarios públicos

Cuando el agresor es el Estado o un funcionario público, su defensa correrá a cargo del Procurador General de la República que corresponda en el caso de ser ejercida la acción en el Distrito Judicial de Lima. Si es ejercida en otro Distrito Judicial, la autoridad responsable designará defensor para este caso, sin perjuicio de la facultad de intervención directa del Procurador General de la República.

            Si no se apersona el Procurador o defensor nombrado, en cualquier estado de la instancia, no se paraliza ni invalida el procedimiento.

 

Artículo 11º.- Responsabilidad y sanciones al agresor

Si al concluir los procedimientos de Hábeas Corpus y Amparo, se ha identificado al responsable de la agresión, se mandará abrir la instrucción correspondiente. Tratándose de alguna autoridad o funcionario público, además de la pena que corresponda, se le impondrá la de destitución en el cargo y no podrá ejercer función pública hasta pasados dos años de cumplida la condena principal. Se condenará asimismo al responsable al pago de las costas del juicio y a una indemnización por el daño causado.

            El haber procedido por orden superior no libera al ejecutor de los hechos de la responsabilidad y de la pena a que haya lugar. Si el responsable inmediato de la violación fuera una de las personas comprendidas en el artículo 183º de la Constitución se dará cuenta inmediata a la Cámara de Diputados para los fines consiguientes.(*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del artículo

 

 

TITULO II

DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS

 

CAPITULO I

DE LOS DERECHOS

 

Artículo 12º.- Derechos protegidos y procedencia de la acción de Hábeas Corpus

Se vulnera o amenaza la libertad individual y en consecuencia procede la acción de Hábeas Corpus, enunciativamente, en los siguientes casos:

1)         Guardar reserva sobre sus convicciones políticas, religiosas, filosóficas o de cualquier otra índole.

2)         De la libertad de conciencia y de creencia.

3)         El de no ser violentado para ver declaraciones.

4)         El de no ser obligado a prestar juramento ni compelido a declarar o reconocer su culpabilidad en causa penal contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

5)         El de no ser exiliado o desterrado o confinado sino por sentencia firme.

6)         El de no ser expatriado ni separado del lugar de su residencia sino por mandato judicial o por aplicación de la Ley de Extranjería.

7)         El de no ser secuestrado.

8)         El del extranjero a quien se ha concedido asilo político de no ser expulsado al país cuyo Gobierno lo persigue, o en ningún caso si peligrase su libertad o seguridad por el hecho de ser expulsado.

9)         El de los nacionales o de los extranjeros residentes, de ingresar, transitar o salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la Ley de Extranjería o de Sanidad.

10)       El de no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del Juez, o por las autoridades policiales en el caso de flagrante delito; o el de no ser puesto el detenido, dentro de las 24 horas o en el término de la distancia, a disposición del juzgado que corresponda, de acuerdo con el acápite «g» del inciso 20 del Artículo 2º de la Constitución así como de las excepciones que en él se consignan.

(*) Haga click aquí para ver detalles del inciso

11)       El de no ser detenido por deudas, salvo los casos de obligaciones alimentarias.

12)       El de no ser privado del pasaporte, dentro o fuera de la República.

13)       El de no ser incomunicado, sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito y en la forma y por el tiempo previstos por la ley, de acuerdo con el acápite «i» del inciso 20) del artículo 2º de la Constitución.

(*) Haga click aquí para ver detalles del inciso

14)       El de ser asistido por un abogado defensor de su elección desde que es citado o detenido por la autoridad.

15)       El de hacer retirar las guardias puestas a un domicilio o suspender el seguimiento policial cuando ello atente contra la libertad individual.

16)       El de la excarcelación, en el caso de un detenido o procesado que haya sido amnistiado, indultado, sobreseído, absuelto o declarada prescrita la acción penal o la ejecución de la pena.

17)       El de que se observe el trámite correspondiente cuando se trate del procesamiento o detención de las personas, a que se refiere el artículo 183º de la Constitución. (*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del inciso

 

 

CAPITULO II

DEL PROCEDIMIENTO

 

Artículo 13º.- Titulares de la acción de Hábeas Corpus

Puede ejercer la acción de Hábeas Corpus la persona perjudicada o cualquier otra en su nombre, sin necesidad de poder, papel sellado, boleta de litigante, derecho de pago, firma de letrado o formalidad alguna.

 

Artículo 14º.- Formas de ejercer la acción de Hábeas Corpus

La acción puede ser ejercida por escrito o verbalmente. En este último caso, levantando Acta ante el Juez o Secretario, sin otra exigencia que la de suministrar una suscinta relación de los hechos para darle curso. También puede ser ejercida telegráficamente, previa la debida identificación del reclamante, actor o demandante.

 

Artículo 15º.- Competencia

En la capital de la República y la Provincia Constitucional del Callao, es competente para conocer de la acción de Hábeas Corpus, el Juez Especializado de Derecho Público. En los demás Distritos Judiciales, son competentes los Jueces Especializados Penales y, en su caso, el Juez Mixto, designados en ambos casos por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República.

            Tratándose de detención arbitraria atribuida a una orden judicial, en la Capital de la República y la Provincia Constitucional del Callao, la acción se interpondrá ante la Sala Superior de Derecho Público; en los demás Distritos Judiciales, ante la Sala Especializada Penal o Mixta, según corresponda, la que designará al Juez Especializado de Derecho Público o, en su caso, al Juez Especializado Penal o Mixto, quien decidirá en el término de 24 horas.(*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del artículo.

 

Artículo 16º.- Trámite en caso de detención arbitraria

El Juez dispondrá, en los casos de detención arbitraria previstos en el artículo 12º, que, en el día, la autoridad responsable presente al detenido y explique su conducta. Si comprueba la detención arbitraria lo pondrá inmediatamente en libertad, dando cuenta al Tribunal de que depende. De no ser suficiente la sumaria investigación prevista en este artículo, el Juez procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 18º de esta Ley.

 

Artículo 17º.- Competencia del Juez de Paz en caso de detención arbitraria

Cuando la detención sea en un lugar distinto y lejano o de difícil acceso de aquel en que tiene su sede, el Juzgado dictará orden perentoria e inmediata para que el Juez de Paz del distrito en que está el detenido cumpla en el día, bajo responsabilidad, con hacer las investigaciones y excarcelar al detenido.

 

Artículo 18º.- Trámite en casos distintos a la detención arbitraria

Cuando no se trate de detención arbitraria, según lo establecido en los artículos precedentes, el Juez citará a quien o quienes ejecutaron la violación requiriéndoles expliquen la razón que motivara la agresión y resolverá de plano, en el término de un día natural, bajo responsabilidad. La resolución deberá ser notificada personalmente al detenido o al agraviado y cumplida el mismo día.

 

Artículo 19º.- Recurso de apelación

Sólo es apelable la resolución que pone fin a la instancia. El término para apelar es de dos días hábiles.

 

Artículo 20º.- Trámite del recurso de apelación

Interpuesta la apelación, el Juez elevará en el día los autos a la Sala Superior de Derecho Público, la que dentro de los dos días hábiles siguientes señalará la fecha para la vista de la causa, con citación de los abogados. El plazo para la vista y resolución no podrá ser, por ningún motivo, mayor de cinco días hábiles, bajo responsabilidad.(*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del artículo

 

Artículo 21º.- Recurso de nulidad

El plazo para interponer el recurso de nulidad es de dos días hábiles de notificado el fallo de la Corte Superior y sólo procede contra la denegación del Hábeas Corpus.

 

Artículo 22º.- Trámite del recurso de nulidad

La Sala Penal de la Corte Suprema citará para la vista del recurso de nulidad dentro de los dos días hábiles siguientes de recibidos los autos y escuchará los informes del Procurador General de la República, de ser el caso, del actor y sus defensores. El plazo para la vista y su resolución no podrá ser por ningún motivo mayor de cinco días hábiles, bajo responsabilidad.

 

Artículo 23º.- Reglas procesales especiales

En la tramitación judicial de esta acción, rigen las siguientes reglas:

1)         No cabe recusación alguna, salvo por el perjudicado o actor.

2)         No caben excusas de los secretarios ni de los Jueces.

3)         Los Jueces deberán habilitar día y hora para la realización de las diligencias procesales.

4)         No interviene el Ministerio Público, salvo para coadyuvar a la defensa del perjudicado, como defensor del pueblo.

5)         Se pueden presentar pruebas instrumentales en cualquier estado del proceso, incluso en la Corte Suprema.

6)         El Juez o el Tribunal designará de oficio defensor al recurrente, si es que éste lo solicita, corriendo los gastos por cuenta del Estado.

7)         No se puede pedir aplazamiento de diligencia ni de informes forenses, salvo por el actor o por el perjudicado.

 

 

TITULO III

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

CAPITULO I

DE LOS DERECHOS

 

Artículo 24º.- Derechos protegidos y procedencia de la acción

La acción de amparo procede en defensa de los siguientes derechos:

1)         De la inviolabilidad de domicilio;

2)         De no ser discriminado en ninguna forma, por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma;

3)         Del ejercicio público de cualquier confesión religiosa, siempre que no ofenda la moral y buenas costumbres;

4)         De la libertad de prensa, información, comunicación y opinión, circulación o propagación por cualquier medio de comunicación;

5)         De la libertad de contratación;

6)         De la libertad de creación artística, intelectual y científica;

7)         De la inviolabilidad y secreto de los papeles privados y de las comunicaciones;

8)         De reunión;

9)         De asociación;

10)       De libertad de trabajo;

11)       De sindicación;

12)       De propiedad y herencia;

13)       De petición ante la autoridad competente;

14)       De participación individual o colectiva en la vida política del país;

15)       De nacionalidad;

16)       De jurisdicción y proceso en los términos señalados en la letra «l», inciso 20, artículo 2º de la Constitución;(*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del inciso

17)       De escoger el tipo y centro de educación;

18)       De impartir educación dentro de los principios constitucionales;

19)       A exoneraciones tributarias en favor de las universidades, centros educativos y culturales;

20)       De la libertad de cátedra;

21)       De acceso a los medios de comunicación social en los términos del artículo 70º de la Constitución; y (*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del inciso

22)       A los demás derechos fundamentales que consagra la Constitución.

 

Artículo 25º.- Derechos no protegidos

No dan lugar a la acción de amparo los derechos a que se refiere la Sexta de las Disposiciones Generales y Transitorias de la Constitución.(*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del artículo

 

 

CAPITULO II

DEL PROCEDIMIENTO

 

Artículo 26º.- Titulares de la acción de Amparo

Tienen derecho a ejercer la acción de Amparo el afectado, su representante, o el representante de la entidad afectada.

            Sólo en casos de imposibilidad física para interponer la acción, sea por atentado concurrente contra la libertad individual, por hallarse ausente del lugar, o cualquier otra causa análoga, podrá la acción de Amparo ser ejercida por tercera persona, sin necesidad de poder expreso, debiendo el afectado, una vez que se halle en posibilidad de hacerlo, ratificarse en la acción.

            Cuando la acción se interponga por violación o amenaza de violación de derechos constitucionales de naturaleza ambiental, podrá ser ejercida por cualquier persona, aún cuando la violación o amenaza no lo afecte directamente. Igual atribución tienen las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, cuyo objeto es la defensa del medio ambiente. (*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del párrafo

 

Artículo 27º.- Agotamiento de las vías previas

Sólo procede la acción de amparo cuando se hayan agotado las vías previas.

 

Artículo 28º.- Casos que no exigen agotamiento de las vías previas

No será exigible el agotamiento de las vías previas si:

1) Una resolución, que no sea la última en la vía administrativa, es ejecutada antes de vencerse el plazo para que quede consentida;

2) Por el agotamiento de la vía previa pudiera convertirse en irreparable la agresión;

3) La vía previa no se encuentra regulada, o si ha sido iniciada, innecesariamente por el reclamante, sin estar obligado a hacerlo;

4) Si no se resuelve la vía previa en los plazos fijados para su resolución.

 

Artículo 29º.- Competencia

Es competente para conocer de la Acción de Amparo en la Capital de la República y en la Provincia Constitucional del Callao el Juez Especializado de Derecho Público. En los demás Distritos Judiciales son competentes el Juez Civil o Mixto del lugar donde se produzca la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional.

            Si la violación o amenaza de un derecho se origina en una orden judicial la acción se interpone ante la Sala Superior de Derecho Público o, en su caso, ante la Sala Especializada en lo Civil o Mixta de la Corte Superior de Justicia respectiva, designada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, la que encarga su trámite a otro Juez Especializado en Derecho Público, cuando corresponda, al Juez Civil o Mixto, según el caso.(*).

(*) Haga click aquí para ver detalles del artículo

 

Artículo 30º.- Traslado de la demanda de Amparo

Interpuesta la demanda de amparo, el Juez correrá traslado por tres días al autor de la infracción.

 

Artículo 31º.- Medida de suspensión del acto violatorio

A solicitud de parte, en cualquier etapa del proceso y siempre que sea evidente la inminente amenaza de agravio o violación de un derecho constitucional, por cuenta, costo y riego del solicitante, el Juez podrá disponer la suspensión del acto que dio origen al reclamo.

            De la solicitud se corre traslado por el término de un día, tramitando el pedido como incidente en cuerda separada, con intervención del Ministerio Público. Con la contestación expresa o ficta el Juez o la Corte Superior resolverá dentro del plazo de dos días, bajo responsabilidad. La resolución que dicta el Juez, o en su caso, la Corte será recurrible en doble efecto ante la instancia superior, la que resolverá en el plazo de tres días de elevados los autos, bajo responsabilidad.

            La medida de suspensión decretada no implica la ejecución de lo que es materia del fondo mismo de la acción de amparo (*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del artículo

 

Artículo 32º.- Plazo para expedir sentencia

Con contestación de la demanda o sin ella, el Juez resolverá la causa dentro de los tres días de vencido el  término para la contestación, bajo responsabilidad.

 

Artículo 33º.- Recurso de Apelación

La resolución del Juez de Primera Instancia es apelable por cualquiera de las partes, dentro del tercero día.

            El expediente deberá ser elevado a la Corte Superior dentro del tercero día de interpuesta la apelación.

 

Artículo 34º°.- Trámite del recurso de apelación

Recibido el expediente por la Corte Superior se notificará a las partes y al Fiscal Superior en lo Civil, dentro del tercero día, para la respectiva expresión de agravios y dictamen y, en su caso, para el informe oral correspondiente. No deberá ser mayor de veinte días el plazo para la resolución, contados desde la recepción del expediente, bajo responsabilidad.

 

Artículo 35º.- Recurso de Nulidad

Contra la resolución de la Corte Superior se puede interponer recurso de nulidad, dentro de los tres días de pronunciada la resolución. Dicho recurso será concedido de inmediato y el expediente elevado en seguida a la Corte Suprema.

 

Artículo 36º.-Trámite del recurso de nulidad

Elevados los autos a la Corte Suprema, se seguirá el mismo trámite y se observará los mismos plazos que los fijados para la Corte Superior.

 

Artículo 37º.- Plazo de caducidad de la acción de Amparo

El ejercicio de la acción de Amparo caduca a los sesenta días hábiles de producida la afectación, siempre que el interesado, en aquella fecha, se hubiese hallado en la posibilidad de interponer la acción. Si en dicha fecha ésto no hubiese sido posible, el plazo se computará desde el momento de la remoción del impedimento.

 

TITULO IV

DE LA SUSPENSION DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES

 

Artículo 38º.- DEROGADO(*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del artículo

 

 

TITULO V

DE LA JURISDICCION INTERNACIONAL

 

Artículo 39º.- Competencia internacional en materia de acciones de garantía

Para los efectos de lo establecido en el artículo 305º de la Constitución, los organismos jurisdiccionales internacionales a que puede recurrir quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce son el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y aquellos otros que se constituyan en el futuro y que sean aprobados por tratados que obliguen al Perú y que tengan la categoría a que se refiere el artículo 105º de la Constitución.(*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del artículo

 

Artículo 40º.- Ejecución de resoluciones expedidas por Organismos Internacionales

La resolución del organismo internacional a cuya jurisdicción obligatoria se halle sometido el Estado peruano, no requiere para su validez y eficacia de reconocimiento, revisión ni examen previo alguno. La Corte Suprema de Justicia de la República recepcionará las resoluciones emitidas por el organismo internacional, y dispondrá su ejecución y cumplimiento de conformidad con las normas y procedimientos internos vigentes sobre ejecución de sentencias.

 

Artículo 41º.- Obligación de la Corte Suprema frente a los Organismos Internacionales

Es obligación de la Corte Suprema de Justicia de la República, el cumplir con remitir a los organismos a que se refiere el artículo 39º, la legislación, las resoluciones y demás documentos actuados en el proceso o los procesos que originaron la petición, así como todo otro elemento que a juicio del organismo internacional fuere necesario para su ilustración o para mejor resolver el asunto sometido a su competencia.

 

 

TITULO VI

DISPOSICIONES DIVERSAS

 

CAPITULO I

DISPOSICIONES FINALES

 

Artículo 42º.- Obligatoriedad de publicación de las resoluciones finales

Todas las resoluciones finales recaídas en las acciones de Hábeas Corpus y Amparo, una vez que queden consentidas y ejecutoriadas, serán publicadas obligatoriamente dentro de los quince días siguientes, en el Diario Oficial "El Peruano".

 

Artículo 43º.- Recurso de exceso de poder

El instrumento procesal contemplado en el artículo 1º del Decreto Ley 20554, se denominará "Recurso de Exceso de Poder" y continuará tramitándose conforme lo establece dicho Decreto Ley. La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial contemplará la nueva denominación de este recurso.

 

Artículo 44º.- Difusión y enseñanza de la Constitución y Derechos Humanos

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22º de la Constitución, se establece los siguiente:(*)

1) El Ministerio de Educación, en coordinación con las Universidades, establecerá en todos los niveles y modalidades, cursos dedicados a la enseñanza de la Constitución y de los Derechos Humanos;

2) Los Ministerios de Guerra, de Marina, de Aeronáutica y el del Interior, dispondrán que los centros de enseñanza de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, en todos los niveles, cumplan con el citado mandato constitucional; y

3) El Ministerio de Justicia queda encargado de la labor de publicación, difusión y auspicio de la Constitución Política del Perú y textos básicos conexos. Editará y patrocinará estudios, publicaciones, textos, jurisprudencia y legislación constitucionales.

(*) Haga click aquí para ver detalles del artículo

 

Artículo 45º.- Disposición derogatoria

Deróganse los artículos 349º al 359º del Código de Procedimientos Penales; el artículo 8º de la Ley Nº 4891; el artículo 4º del Decreto Ley 11004; el Decreto Ley Nº 17083; el artículo 25º del Decreto Ley 17537; el Decreto Ley 17998, quedando de nuevo vigente el artículo 7º de la Ley 4145; el Decreto Ley 18158; el último párrafo del artículo 71º del Decreto Ley 22095; el inciso 8 del artículo 89º del Decreto Legislativo Nº 52, y todas las demás normas que entorpezcan o imposibiliten las acciones de Hábeas Corpus y Amparo, así como las que se opongan a la presente ley.

            Déjase sin efecto el Decreto Supremo Nº 171-90-PCM, publicado el 23 de diciembre de 1990.(*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del párrafo

 

Artículo 46º.- DEROGADO (*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del artículo

 

Artículo 47º.- Vigencia de la ley de Hábeas Corpus y Amparo

La presente ley entrará en vigencia al décimo sexto día de su publicación en el Diario Oficial "EI Peruano".

 

CAPITULO II

DISPOSICION TRANSITORIA

 

Artículo 48º.- Adecuación de las acciones de garantía en trámite

Las acciones de Hábeas Corpus y de Amparo en actual trámite, se adecuarán, en el estado en que se encuentren, a las disposiciones de la presente ley.

 

 

 

            Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación.

Casa del Congreso, en Lima, a los siete días del mes de Diciembre de mil novecientos ochenta y dos.

 

            SANDRO MARIATEGUI CHIAPPE,

            Presidente del Senado.

 

            VALENTIN PANIAGUA CORAZAO,

            Presidente de la Cámara de Diputados.

 

            PEDRO DEL CASTILLO BARDALEZ,

            Senador Secretario.

 

            HUMBERTO CASTRO RIVAS,

            Diputado Secretario.

 

            Al señor Presidente Constitucional de la República.

 

 

POR TANTO:

 

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete días del mes de Diciembre de mil novecientos ochentidós.

 

            FERNANDO BELAUNDE TERRY,

            Presidente Constitucional de la República

 

            ARMANDO BUENDIA GUTIERREZ,

            Ministro de Justicia

 

 

 

 

 

LEY COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE HABEAS CORPUS Y DE AMPARO

 

LEY N° 25398

 

Nota del Editor           

 

 

 

Fecha de promulgación            :           05/02/92

Fecha de publicación   :           09/02/92

Fecha de entrada en vigencia   :           25/02/92

 

 

 

 

LEY N° 25398

 

ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR

Presidente del Congreso

 

POR CUANTO:

El Congreso ha dado la ley siguiente:

 

            El Congreso de la República del Perú;

            Ha dado la Ley siguiente:

 

Artículo 1º.- Carácter complementario de la ley

La presente Ley complementa las disposiciones de la Ley N° 23506 en materia de Hábeas Corpus y de Amparo.

 

Artículo 2º.- Referencias a la ley sobre Hábeas Corpus y Amparo

Todas las menciones que en la presente Ley se hacen a la Ley se entienden referidas a la Ley N° 23506, sus modificatorias y ampliatorias.

 

Artículo 3º.- Referencias a las acciones de garantía

Cuando en los artículos de esta Ley se hace mención a las acciones de garantía, éstas se refieren al Hábeas Corpus y al Amparo.

 

Artículo 4º.- Procedencia de la acción por amenaza de violación de derechos constitucionales

Las acciones de garantía, en el caso de amenaza de violación de un derecho constitucional, proceden cuando ésta es cierta y de inminente realización.

 

Artículo 5º.- Alcances de la resolución respecto  de acciones contra normas inconstitucionales

Las resoluciones recaídas en las acciones de garantía, tratándose del supuesto del artículo 3 de la Ley, no derogan ni anulan las normas, sino que únicamente se limitan a declarar su no aplicación al caso concreto.

            Lo resuelto en definitiva en estos casos servirá como precedente para situaciones análogas.

 

Artículo 6º.- Tramitación y resolución preferente de acciones de garantía

Los jueces darán preferencia a la tramitación y resolución de las acciones de garantía, observando los términos fijados por la Ley, bajo responsabilidad.

 

Artículo 7º.- Responsabilidad de los Jueces

La responsabilidad de los jueces por causa de una defectuosa o retardada tramitación y resolución de las acciones de garantía, se hará efectiva por el Tribunal revisor del que dependen. La responsabilidad de los jueces de última instancia, lo será por el Organo de Control Interno del Poder Judicial.

 

Artículo 8º.- Fundamentación de resoluciones que se apartan de jurisprudencia obligatoria

La facultad que tienen los jueces de apartarse de la jurisprudencia obligatoria al fallar nuevos casos en materia de acciones de garantía que establece el artículo 9° de la Ley, los obliga necesaria e inexcusablemente a fundamentar las razones de hecho y de derecho que sustentan su pronunciamiento, bajo responsabilidad.

 

Artículo 9º.- Error en la denominación de las acciones de garantía

 Si el actor incurre en error al nominar la garantía constitucional (acción de Hábeas Corpus o Acción de Amparo) que de conformidad con el Artículo 295° de la Constitución Política del Perú, quiere ejercer, el Juez ante quien ha sido presentada se inhibirá de conocimiento y la remitirá de inmediato al competente, bajo responsabilidad, para los efectos de la sustanciación y resolución correspondientes.(*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del artículo

 

Artículo 10º.- Anomalías cometidas en proceso regular

Las anomalías que pudieran cometerse dentro del proceso regular al que se refiere el inciso 2) del Artículo 6 de la Ley, deberán ventilarse y resolverse dentro de los mismos procesos mediante el ejercicio de los recursos que las normas procesales específicas establecen.

            No podrá bajo ningún motivo detenerse mediante una acción de garantía, la ejecución de una sentencia contra la parte vencida en un proceso regular.

 

Artículo 11º.- Integración de resoluciones judiciales

La Corte Suprema de Justicia y las Cortes Superiores integrarán necesariamente la resolución que revisan cuando se ha incurrido en alguna omisión de pronunciamiento en la instancia inferior, debiendo, inclusive, fallar sobre el fondo del asunto, cuando la instancia inferior no se ha pronunciado sobre él, y de encontrarse en desacuerdo con dicho fallo.

 

Artículo 12º.- Defensa del Estado y de funcionarios y servidores públicos

Para el mejor cumplimiento del Artículo 10º de la Ley se tendrá presente lo siguiente:

a)         La defensa del Estado o de cualquier funcionario o servidor público, corre a cargo del Procurador Público que corresponda, en caso de ser ejercitada la acción en el Distrito Judicial de Lima.

Adicionalmente, deberá notificarse con la demanda a la propia entidad estatal o al funcionario o servidor demandado, quienes si lo consideran pertinente, podrán intervenir directamente en el proceso. La intervención de la entidad estatal o del funcionario o servidor Público es facultativa, debiéndosele notificar siempre con la demanda y con la resolución que ponga fin a la instancia. La no participación del Procurador Público y de las personas señaladas en el párrafo anterior no invalida ni paraliza el procedimiento;

b)         Tratándose de acciones de garantía ejercidas fuera del Distrito Judicial de Lima, la propia autoridad demandada nombrará su defensor, sin perjuicio de la intervención del Procurador Público y del directamente demandado, a quienes deberá notificarse con la demanda y con la resolución que finalice la instancia. La no participación del Procurador o del defensor nombrado, no invalida ni paraliza el procedimiento;

c)         Tratándose de instituciones públicas con rango constitucional, serán demandadas directamente, sin la intervención del Procurador Público.

Del mismo modo serán demandadas directamente las entidades que tengan personaría jurídica propia; y,

d)         Cuando el demandado es el Estado, no proceden de oficio los Recursos de apelación y nulidad.

 

Artículo 13º.- Medios probatorios y excepciones

 En las acciones de garantía no existe etapa probatoria, lo que no impide la presentación de prueba instrumental o la actuación de las diligencias que el juez considere necesario realizar sin dilatar los términos, no requiriéndose notificar previamente a las partes sobre la realización de las diligencias.

            Las excepciones sólo podrán deducirse en la Acción de Amparo y como medio de defensa. De ellas no se correrá traslado y se resolverán en la resolución que pongan fin a la instancia.

 

Artículo 14º.- Acciones de garantía manifestamente improcedentes

Cuando la acción de garantía resultase manifiestamente improcedente por las causales señaladas en los Artículos 6 y 37 de la Ley, el juez puede rechazar de plano la acción incoada. En tal caso, procede el recurso de apelación, el que se concede en ambos efectos y el recurso de nulidad.

 

Artículo 15º.- Interpretación de los derechos

Los derechos protegidos por las acciones de garantía deben entenderse e interpretarse dentro del contexto general de la Constitución Política del Perú, los Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la República y los principios generales del derecho y preferentemente, los que inspiran el derecho peruano.

 

Artículo 16º.- Casos de improcedencia de la acción de Hábeas Corpus

No procede la Acción de Hábeas Corpus:

a)         Cuando el recurrente tenga instrucción abierta o se halle sometido a juicio por los hechos que originan  la acción de garantía;

b)         Cuando la detención que motiva el recurso ha sido ordenada por juez competente dentro de un proceso regular; y,

c)         En materia de liberación del detenido, cuando el recurrente sea prófugo de la justicia, o desertor de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, o evasor de la conscripción militar, o militar en servicio arrestado por sus jefes o esté cumpliendo pena privativa de la libertad ordenada por los jueces.

 

Artículo 17º.- Precisiones sobre la detención arbitraria

 Al interponer la Acción de Hábeas Corpus, el recurrente, de ser posible, debe indicar el día y la hora en que se produjo la detención y el lugar donde se encuentra el detenido.

 

Artículo 18º.- Detención arbitraria por incumplimiento de mandato de liberación

Se entiende también que la detención es arbitraria cuando se dilata la liberación de un detenido, existiendo mandato judicial para ponerlo en libertad.

 

Artículo 19º.- Días y horas hábiles

 Todos los días y horas son hábiles para la recepción de los atestados policiales y de los detenidos.

 

Artículo 20º.- Trámite en el caso de detención arbitraria

 Tratándose de cualesquiera de las formas de detención arbitraria, el juez podrá constituirse en el lugar de los hechos y comprobada dicha detención indebida, ordenará en el mismo lugar la libertad del agraviado, sentando el acta correspondiente y sin que sea necesario notificar por escrito al responsable de la agresión para que cumpla la orden judicial.

 

Artículo 21º.- Competencia

La acción de Hábeas Corpus se interpone ante cualquier juez, sin observar turnos ni la presentación de boletas, cédulas, pagos especiales o cualquier otra contribución creada o por crearse, de conformidad con los Artículos 13 y 15 de la Ley.

 

Artículo 22º.- Representación judicial en la acción de Amparo

Tratándose de personas no residentes en el país, la Acción de Amparo debe ser ejercida por apoderado acreditado y residente en el país, o por tercera persona. En este último caso la acción deberá ser ratificada expresamente por el afectado.

            Para este efecto será suficiente el poder fuera de registro otorgado ante el Cónsul del Perú en la ciudad extranjera que corresponda y la legalización de la firma del Cónsul ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, no siendo necesaria la inscripción en los Registros Públicos.

 

Artículo 23º.- Acción de Amparo manifiestamente improcedente

Cuando la Acción de Amparo resulte manifiestamente improcedente por la causal señalada en el Artículo 27º de la Ley y no fueran aplicables las excepciones del Artículo 28º de la Ley,  el juez denegará de plano la acción. Contra esta resolución proceden los recursos de apelación, el que se concede en ambos efectos y el de nulidad.

 

Artículo 24º.- Procedimiento no considerado como vía previa

No se considera vía previa para los efectos del Artículo 27º de la Ley, el procedimiento iniciado por la parte demandada en la Acción de Amparo.

 

Artículo 25º.- Intervención de terceros

El juez está obligado a admitir el apersonamiento de terceros que tengan legítimo interés en la resolución del amparo.

 

Artículo 26º.- Cómputo del plazo de caducidad de la acción de Amparo

El plazo de caducidad a que se refiere el Artículo 37º de la Ley se computa desde el momento en que se produce la afectación, aún cuando la orden respectiva haya sido dictada con anterioridad.

            Si la afectación y la orden que la ampara son ejecutadas simultáneamente, el cómputo del plazo de la caducidad se inicia en dicho momento. Si los actos que constituyen la afectación son continuados, el plazo se computa desde la última fecha en que se realizó la agresión.

 

Artículo 27º.- Ejecución de las resoluciones finales

Las resoluciones finales consentidas o ejecutoriadas que recaigan en las Acciones de Garantía, serán ejecutadas por el Juez, Sala o Tribunal que las conoció en Primera Instancia, en el modo y forma que establecen los Títulos XXVIII y XXX, Sección Segunda del Código de Procedimientos Civiles, en cuanto sean compatibles con su naturaleza.

 

Artículo 28º.- Acciones de garantía por omisión de actos debidos

En los casos de omisión por acto debido se notificará al responsable de la agresión concediéndole para su cumplimiento el término de 24 horas, tratándose de derechos protegidos por la Acción de Hábeas Corpus  y de 10 días calendarios tratándose de derechos protegidos por la Acción de Amparo y siempre que el término no perjudique el ejercicio del derecho reconocido por la resolución final, bajo apercibimiento de ejercitarse la acción penal pertinente de ser el caso. Asimismo, se hará responsable del pago de los daños y perjuicios que resultaren de este incumplimiento.

 

Artículo 29º.- Acciones de garantía en régimenes de excepción

Decretados cualesquiera de los regímenes de excepción establecidos en el Artículo 231º de la Constitución Política los jueces tramitarán las acciones de garantía sólo en los casos:

a)         Si se interpone la acción en defensa de derechos constitucionales que no han sido suspendidos; y,

b)         Si tratándose de derechos suspendidos, éstos no tienen relación directa con la conducta del agraviado o afectado.(*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del artículo

 

Artículo 30º.- Suspensión de derechos constitucionales

 Entiéndase que la suspensión de los derechos constitucionales tendrá vigencia y alcance únicamente en los ámbitos geográficos especificados en el dispositivo legal que decreta el régimen de excepción. Su incumplimiento da lugar a la acción de garantía.

 

Artículo 31º.- Modificación de artículos sobre competencia y medida de suspensión del acto violatorio

Modifícanse los artículos 29 y 31 de la Ley No. 23506,  modificados por la Ley No. 25011 y, este último, por el Decreto Legislativo No. 611, en los siguientes términos:

 

"Artículo 29.- Son competentes para conocer de la Acción de Amparo los Jueces de Primera Instancia en lo Civil del lugar donde se afectó el derecho o donde se cierne la amenaza, o donde tiene su domicilio el afectado o amenazado, o donde tiene su domicilio el autor de la infracción o amenaza, a elección del demandante.

La acción de Amparo se interpone, indistintamente:

a)         Ante el Juez de turno al momento de producirse la amenaza o el acto violatorio del derecho constitucional; o,

b)         Ante cualquiera de los Jueces cuyo turno esté programado para los treinta días siguientes a la fecha antes señalada.

 

            Si la afectación de derechos se origina en una orden judicial la acción se interpone ante la Sala Civil de turno de la Corte Superior de Justicia respectiva, la que encarga su trámite a un Juez de Primera Instancia en lo Civil. (*)

(*) Haga click aquí para ver detalles de la modificatoria del artículo 29 de la Ley 23506

 

Artículo 31º.- A solicitud de parte y en cualquier etapa del proceso, por cuenta, costo y riesgo del solicitante, el juez podrá disponer la suspensión del acto que dio origen al reclamo.

            La resolución  que dicte el juez, o en su caso, la Corte será recurrible en un solo efecto, conservando su eficacia la medida que dispone la suspensión del acto violatorio o la amenaza, en tanto no sea revocada.(*)"

(*) Haga click aquí para ver detalles de la modificatoria del artículo 31° de la Ley 23506

 

Artículo 32º.- Adecuación de las acciones de garantía en trámite

Las acciones de garantía en actual trámite, se adecuarán, en el estado que se encuentren, a las disposiciones de la presente Ley.

 

Artículo 33º.- Aplicación supletoria de Códigos Procesales Civil y Penal

En todo lo que no esté prescrito en la Ley y en la presente, rigen supletoriamente las disposiciones de los Códigos de Procedimientos Civiles y Penales.

 

Artículo 34º.- Disposición derogatoria

Déjase sin efecto el Decreto Supremo No. 024-90-JUS y deróganse las demás disposiciones que contravienen la presente Ley.

 

Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación.

Casa del Congreso, en Lima, a los once días del mes de febrero de mil novecientos noventa y uno.

 

                        MAXIMO SAN ROMAN CACERES

                        Presidente del Senado.

 

                        VICTOR PAREDES GUERRA

                        Presidente de la Cámara de Diputados.

 

                        VICTOR ARROYO CUYUBAMBA

                        Senador Primer Secretario.

 

                        ROBERTO MOISES MIRANDA MORENO

                        Diputado Primer Secretario.

 

 

POR TANTO:

 

Habiendo sido reconsiderado por ambas Cámaras el proyecto de la ley observado por el señor Presidente de la República, ha quedado en consecuencia sancionada dicha iniciativa en su integridad; y, en observancia de lo dispuesto por el Artículo 193° de la Constitución mando se comunique al Ministerio de Justicia para su publicación y cumplimiento.

 

Casa del Congreso, en Lima, a los cinco días del mes de Febrero de mil novecientos noventa y dos.

 

ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR,

Presidente del Congreso

 

JOSE TOMAS GONZALES REATEGUI,

Senador Secretario del Congreso

 

ALBERTO QUINTANILLA CHACON,

Diputado Secretario del Congreso.

 

Lima, 6 de Febrero de 1992.

 

Cúmplase, comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

 

FERNANDO VEGA SANTA GADEA,

Ministro de Justicia.

 

 

 

 

 

 

LEY DE HABEAS DATA  Y ACCION DE CUMPLIMIENTO

 

LEY Nº 26301

 

Nota del Editor           

 

 

Fecha de promulgación            :           02/05/94

Fecha de publicación   :           03/05/94

Fecha de entrada en vigencia   :           04/05/94

 

 

 

LEY Nº 26301

 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

 

POR CUANTO:

 

El Congreso Constituyente Democrático ha dado la Ley siguiente:

 

            EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO;

            Ha dado la Ley siguiente:

 

Artículo 1º.- Competencia en la acción de Hábeas Data

En tanto se dicte la Ley específica de la materia, la Garantía Constitucional de la Acción de Hábeas Data de que trata el inciso 3 del Artículo 200° de la Constitución Política del Estado se tramitará, ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil de turno del lugar en donde tiene su domicilio el demandante, o donde se encuentran ubicados los archivos mecánicos, telemáticos, magnéticos, informáticos o similares, o en el que corresponda al domicilio del demandado, sea ésta persona natural o jurídica, pública o privada, a elección del demandante.

            Si la afectación de derechos se origina en archivos judiciales, sean jurisdiccionales, funcionales o administrativos, cualquiera sea la forma o medio en que éstos estén almacenados, guardados o contenidos, conocerá de la demanda la Sala Civil de turno de la Corte Superior de Justicia respectiva, la que encargará a un Juez de Primera Instancia en lo Civil su trámite. El fallo en primera instancia, en este caso, será pronunciado por la Sala Civil que conoce de la demanda. Este mismo precepto regirá para los archivos funcionales o administrativos del Ministerio Público.

 

Artículo 2º.- Efectos de la sentencia consentida o ejecutoriada

 La sentencia consentida o ejecutoriada, se limitará a ordenar la publicación de la rectificación previamente solicitada por el demandante, y que éste deberá acompañar necesariamente a su demanda, sin cuyo requisito no será admitida, guardando la correspondiente proporcionalidad y razonabilidad, en forma gratuita, de modo inmediato al cumplimiento de lo ejecutoriado en el plazo de tres días, bajo apercibimiento de Ley.

            La discrepancia en torno a la rectificación, su proporcionalidad y su contenido, será decidida por el Juez, o la Sala Civil correspondiente, previo traslado al demandado por el término de tercero día, debiendo el Juez corregir o restringir la rectificación solicitada cuando la misma implique réplica u opinión excediendo los límites de la mera rectificación. Esta decisión es apelable en un solo efecto o sin efecto suspensivo.

 

Artículo 3º.- Aplicación supletoria de normas sobre Hábeas Corpus y Amparo

Para la tramitación y conocimiento de la Garantía Constitucional de la Acción de Hábeas Data serán de aplicación, en forma supletoria, las disposiciones pertinentes de la Ley Nºs. 23506, 25011, 25315, 25398 y el Decreto Ley Nº 25433, en todo cuanto se refiera a la Acción de Amparo; con excepción de lo dispuesto en el Artículo 11° de la Ley Nº 23506.

 

Artículo 4º.- Acción de cumplimiento

Las disposiciones contenidas en los artículos anteriores serán también de aplicación a la tramitación de la garantía constitucional de la Acción de Cumplimiento de que trata el inciso 6 del artículo 200° de la Constitución Política del Estado en tanto no se expida la correspondiente ley de desarrollo de la materia. En tal caso, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 11° de la Ley Nº 23506, cuando fuera del caso.

 

Artículo 5º.- Agotamiento de la vías previas

Para los efectos de las garantías constitucionales de acción de Hábeas Data y acción de Cumplimiento, además de lo previsto en el artículo 27° de la Ley Nº 23506 y su complementaria, constituye vía previa:

a)         En el caso de la Acción de Hábeas Data basada en los incisos 5 y 6 del Artículo 2º de la Constitución Política del Estado el requerimiento por conducto notarial con una antelación no menor a quince días calendario, con las excepciones previstas en la Constitución Política del Estado y en la Ley;

b)         Derogado (*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del inciso derogado

c)         En el caso de la Acción de Cumplimiento, el requerimiento por conducto notarial, a la autoridad pertinente, de cumplimiento de lo que se considera debido, previsto en la ley o el cumplimiento del correspondiente acto administrativo o hecho de la administración, con una antelación no menor de quince días, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

 

Artículo 6º.- Representación judicial en la acción de Hábeas Data

La garantía constitucional de la acción de  Hábeas Data se entenderá con el representante legal de la autoridad, entidad o persona jurídica a la que se emplaza, a menos que se trate de una persona natural en cuyo caso será emplazada directamente sin perjuicio de lo previsto en el artículo 12º de la Ley Nº 25398.

            Para estos efectos, las empresas periodísticas que tengan forma de persona jurídica constituida, sea cualquiera el medio de comunicación en el que se desempeñen, hablado, escrito, radial, de prensa o televisado, podrán constituir apoderado judicial especial por escritura pública, quien tendrá de pleno derecho y por el solo mérito de su nombramiento las facultades consignadas en los artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil, sin que pueda mediar pacto en contrario, y quien podrá apersonarse válidamente por el medio de prensa emplazado, o por sus directores, funcionarios, periodistas o integrantes en general aún cuando hubieren sido emplazados a título personal. La responsabilidad judicial que finalmente se determine será de cargo de quien fuera emplazado personalmente.

            La designación de apoderado judicial no requiere estar inscrita en los Registros Públicos, y su intervención será plenamente válida, aún cuando el nombramiento haya sido revocado con anterioridad, hasta tanto ello no sea puesto en conocimiento del Juzgado o Sala Civil correspondiente.

            La facultad de comparecer mediante apoderado judicial se extenderá, inclusive, a los emplazamientos por presuntos delitos contra el honor (difamación, injuria o calumnia) cuando ello se atribuya a un medio de comunicación social de prensa.

 

Artículo 7º.- Persona contra quien se dirige la acción de cumplimiento

La garantía constitucional de la acción de Cumplimiento se deberá entender directamente con el funcionario o entidad encargada del cumplimiento que se solicita. Si ella no fuere conocida, o no hubiere certeza de la misma, se deberá entender con su superior jerárquico, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 12° de la Ley Nº 25398.

 

 

DISPOSICION TRANSITORIA

a) Las demandas de acción de Hábeas Data que a la fecha de la vigencia de la presente Ley se hayan presentado, mas no calificadas por autoridad judicial de especialidad diversa a la descrita en el Artículo 1° de la presente Ley, serán derivadas, de oficio y bajo responsabilidad, al Juez de Primera Instancia en lo Civil de turno a la fecha de presentación de la demanda;

b) Las demandas de acción de Hábeas Data que a la fecha de vigencia de la presente Ley se hubieran presentado y declaradas inadmisibles por resolución judicial firme producirán plenos efectos. Las que no cuenten con resolución firme, serán derivadas por la autoridad judicial que se encuentre conociendo de la misma conforme lo dispuesto en el párrafo anterior;

c) Las demandas de acción de Hábeas Data que a la fecha de vigencia de la presente Ley hubieren sido admitidas a trámite por resolución judicial firme por autoridad judicial diversa de la señalada en el Artículo 1° de la presente ley, continuarán su trámite ante ésta aplicándose a las mismas y siendo tramitadas y resueltas conforme a las reglas procesales de la acción de Amparo, y de la presente ley, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2° de la presente Ley.

 

 

DISPOSICION FINAL

            La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

 

 

Comuníquese al Presidente de la República para su publicación.

 

En Lima, a los dieciocho días del mes de abril de mil novecientos noventa y cuatro.

 

JAIME YOSHIYAMA

Presidente del Congreso Constituyente Democrático

 

CARLOS TORRES Y TORRES LARA

Primer Vicepresidente del Congreso Constituyente Democrático

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

 

 

POR TANTO:

 

Mando se publique y cumpla.

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.

 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI

Presidente Constitucional de la República

 

FERNANDO VEGA SANTA GADEA

Ministro de Justicia

 

 

 

 

 

LEY PROCESAL DE ACCION POPULAR

 

LEY Nº 24968

 

Nota del Editor           

 

 

Fecha de promulgación            :           20/12/88

Fecha de publicación   :           22/12/88

Fecha de entrada en vigencia   :           23/12/88

 

 

 

LEY Nº 24968

 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

 

POR CUANTO

 

EL CONGRESO HA DADO LA LEY SIGUIENTE:

 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU;

 

Ha dado la ley siguiente:

 

 

 

LEY PROCESAL DE LA ACCION POPULAR

 

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 1º.- Procedencia de la acción popular

Hay acción popular ante el Poder Judicial por infracción de la Constitución o la ley, contra los reglamentos y normas administrativas y contra las resoluciones y derechos de carácter general que expiden el Poder Ejecutivo, los Gobiernos Regionales y Locales y demás personas de derecho público.

 

Artículo 2º.- Finalidad del proceso de acción popular

El proceso de acción popular tiene por finalidad el control jurisdiccional de la constitucionalidad y la legalidad de las normas a que se refiere el artículo precedente, a través de la declaración y ejecución de inconstitucionalidad o legalidad, en todo o parte de las mismas.

 

Artículo 3º.- Régimen legal de los requisitos, procedimiento y efectos de resoluciones de la acción popular

Los requisitos para ejercitar la acción popular, el procedimiento a seguirse y los efectos de las resoluciones judiciales recaídas en el proceso, se ajustarán a lo establecido por la presente ley.

 

Artículo 4º.- Titulares de la acción popular

 Pueden interponer demanda de acción popular:

1.- Los ciudadanos peruanos en el ejercicio pleno de sus derechos.

2.- Los ciudadanos extranjeros residentes en el Perú.

3.-Las personas jurídicas constituidas o establecidas en el Perú, a través de sus representantes legales.

4.-El Ministerio Público de conformidad con la facultad que le confiere el inciso 1 del Artículo 250° de la Constitución.(*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del inciso

 

Artículo 5º.- Acción popular contra normas aún no publicadas

Es admisible la demanda de acción popular, contra las normas formalmente aprobadas que no han sido aún publicadas oficialmente, siempre que del conocimiento extraoficial de las mismas se prevea que lesionan o amenazan con lesionar el orden constitucional y/o legal o contravenir el principio de jerarquía normativa. La subsanación del contenido de la norma, efectuada antes de su publicación, deja sin efecto la demanda.

 

Artículo 6º.- Plazos de prescripción de la acción popular

El derecho para ejercitar la acción popular, de acuerdo al procedimiento contemplado por la presente ley prescribe:

1.- A los cinco años, contra las normas violatorias de la Constitución.

2.- A los tres años, contra las normas que contravienen a la ley.

 

            El término para la prescripción se empieza a contar a partir del día de la publicación de la norma.

 

Artículo 7º.- DEROGADO (*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del artículo derogado

 

Artículo 8º.- Vigencia de la norma objeto de la acción popular

La admisión a trámite de la demanda de acción popular no suspende la vigencia de la norma objeto de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo anterior.

 

Artículo 9º.- Normas inconstitucionales e ilegales

Las normas a que hace referencia el artículo 1° son inconstitucionales y/o ilegales en la totalidad o en parte de sus disposiciones:

1.- Cuando infrinjan la Constitución y/o la leyes.

2.- Cuando no han sido expedidas o publicadas en la forma prescrita por la Constitución y/o las leyes, según el caso.

 

TITULO II

PROCEDIMIENTO

 

Artículo 10º.- Competencia

El conocimiento de las demandas de acción popular es competencia exclusiva del Poder Judicial.

 

Son competentes para conocer las demandas de acción popular:

a. La Sala de turno que corresponde, por razón de la materia, de la Corte Superior del Distrito Judicial al que pertenece el órgano emisor, cuando la norma objeto de la acción popular es de carácter regional o local; y

b. La Sala correspondiente de la Corte Superior de Lima, en los demás casos.

 

Artículo 11º.- Contenido de la demanda de acción popular

El escrito de demanda debe contener:

1.- La designación de la Sala ante quien se interpone.

2.- El nombre y el número de Libreta Electoral o el carnet de extranjería del demandante y su domicilio.

Si el actor es una persona jurídica, se deberá indicar los datos registrales de la misma y acompañar el nombramiento o poder otorgado a su representante legal.

3.- La denominación precisa y el domicilio del órgano emisor de la norma materia de la demanda.

4.- La expresión de la norma objeto de la demanda.

Si ha sido publicada se indica día, mes y año de la publicación y se acompaña copia simple de la misma.

Si aún no ha sido publicada se expresa la forma en que el demandante ha tomado conocimiento de ella.

5.- La indicación de la norma o normas constitucionales y/o legales que se suponen contravenidas por la que es objeto de la demanda.

6.- La exposición de motivos en que se sustenta la acción.

 

            A la demanda se deben acompañar copias suficientes de la misma y de los documentos que se adjuntan, para efecto de las respectivas notificaciones. Asimismo, se acompañan los demás recaudos legales.

 

Artículo 12º.- Admisibilidad de la demanda

Interpuesta la demanda la Sala resuelve, dentro de un término no mayor de cinco días posteriores, sobre su admisión a trámite; para el efecto, debe observar que se haya cumplido con los requisitos señalados por el artículo anterior.

            Contra la resolución de inadmisibilidad procede el recurso de apelación dentro de los tres días posteriores a su notificación.

 

Artículo 13º.- Traslado de la demanda

Admitida la demanda, la Sala confiere traslado de la misma al órgano emisor de la norma objeto del proceso y ordene la publicación del auto admisorio, por una sola vez, en el diario oficial "El Peruano" si la acción se promueve en Lima, o en el medio oficial de publicidad que corresponda si aquella se promueve en otro Distrito Judicial.

            Paralelamente, la Sala pone lo actuado en conocimiento del Fiscal respectivo, a quien se le remite, bajo cargo, copia de la demanda y de los recaudos que la acompañan.

 

Artículo 14º.- Notificación en caso de pluralidad de órganos emisores

Si la norma objeto de la demanda ha sido expedida con participación de más de un órgano emisor, se notifica al de mayor jerarquía. Si se trata de órganos de igual nivel jerárquico, la notificación se dirige al primero que suscribe el texto normativo. En el caso de normas dictadas por el Poder Ejecutivo, el emplazamiento se hará por intermedio del Ministro que la refrenda; si fuesen varios, por el que haya firmado en primer término.

            Si el órgano emisor ha dejado de operar, corresponde notificar al órgano que asumió sus funciones.

 

Artículo 15º.- Remisión de documentos que dieron origen a la norma

La Sala puede, de oficio, ordenar en el auto admisorio que el órgano remita el expediente conteniendo los informes y documentos que dieron origen a la norma materia del proceso, dentro de un plazo no mayor de diez días improrrogables, contados a partir de la fecha de notificación de dicho auto, bajo responsabilidad. La Sala dispondrá las medidas de reserva pertinentes para los expedientes y las normas que así lo requieran.

 

Artículo 16º.- Plazo para la constentación y dictamen fiscal

El plazo para contestar la demanda es de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de la misma al órgano emisor.

            Vencido el término, con contestación o sin ella, la Sala cursará oficio al Fiscal que interviene en el proceso, para que dentro de un plazo no mayor de diez días a partir de su fecha de recepción, emita el dictamen pertinente, sin desplazamiento del expediente y bajo responsabilidad.

 

Artículo 17º.- Vista de la causa

Practicadas las diligencias señaladas en los artículos anteriores y emitido el dictamen fiscal, la Sala señalará día y hora para la vista de la causa dentro de los cinco días posteriores a la recepción del dictamen.

            En la vista de la causa, las partes o su abogados pueden formular informes orales o alegatos escritos; en este último caso se leerá el documento en la audiencia.

 

Artículo 18º.- Sentencia, recurso de apelación y consulta

La Sala emite sentencia dentro de los diez días posteriores a la fecha de la vista.

            Contra la sentencia de la Sala procede interponer recurso de apelación dentro del tercer día, ante la Sala de la Corte Suprema que conoce de los asuntos contencioso-administrativos.

            Si no se interpone recurso de apelación contra las sentencias que amparan las demandas, los autos se elevan en consulta obligatoria a la Corte Suprema, la misma que la absolverá dentro de los cinco días posteriores a la recepción del expediente.

 

Artículo 19º.- Trámite en la Corte Suprema

Recibido los autos por la Sala de la Corte Suprema, mandará ponerlos en Secretaría a disposición de las partes por el término de cinco días simultáneos; vencido éste, pasarán al Fiscal correspondiente para que emita dictamen en un plazo no mayor de diez días, bajo responsabilidad.

            Emitido el dictamen, la Sala señalará día y hora para la vista de la causa dentro de los cinco días posteriores a la recepción del mismo. En dicho acto, las partes o sus abogados pueden formular informes orales.

 

Artículo 20º.- Plazo para expedir sentencia y publicación

La Sala dictará sentencia dentro de los diez días posteriores a la vista de la causa.

            La resolución de la Corte Suprema será publicada íntegramente al día siguiente de su expedición en el mismo medio de comunicación en el que se publicó el auto admisorio. Dicha publicación sustituye a la notificación de las partes.

 

Artículo 21º.- Derogación o modificación de la norma cuestionada e inhibición por sustracción de la materia

Si durante la secuela del proceso, la norma materia del mismo fuere derogada o modificada en todo o en parte, la autoridad correspondiente pondrá de inmediato este hecho en conocimiento de la Sala.

            Si al momento de sentenciar la norma impugnada ya no se encontrara en vigor, la resolución deberá ser inhibitoria por sustracción de la materia, debiendo publicarse en el medio de comunicación correspondiente.

            Contra la resolución inhibitoria no procede recurso alguno.

            El proceso de acción popular se suspende en el caso previsto por el segundo párrafo del artículo 39° de la Ley Nº 23385.

 

 

TITULO III

LA SENTENCIA Y SUS EFECTOS

 

Artículo 22º.- Efectos de la sentencia consentida o ejecutoriada

La sentencia que ampara la acción popular, a partir de la fecha que quedó consentida o ejecutoriada, determina la inaplicación total o parcial, según corresponda, y con efectos generales, de la norma materia del proceso cuya inconstitucionalidad o ilegalidad se haya declarado. La sentencia tiene valor desde el día siguiente de su publicación.

 

Artículo 23º.- Extensión de los efectos de la sentencia

La sentencia que declara la inconstitucionalidad o ilegalidad de los preceptos impugnados, declarará igualmente la de aquellos otros a los que debe extenderse por conexión o consecuencia.

 

Artículo 24º.- Inconstitucionalidad e ilegalidad por infracciones no invocadas

La declaración de inconstitucionalidad o legalidad puede fundarse en la infracción de cualquier norma constitucional o legal, aunque no haya sido invocada en la demanda.

 

Artículo 25º.- Autoridad de cosa juzgada

Las sentencias recaídas en los procesos de acción popular tendrán valor de cosa juzgada; no tienen efecto retroactivo y no permitirán revivir procesos fenecidos.

 

Artículo 26º.- Efectos de la sentencia denegatoria y efectos prohibitivos

La sentencia denegatoria de la acción popular impide la interposición de una nueva acción fundada en la misma infracción.

            Las sentencias recaídas en los procesos de acción popular constituyen normas prohibitivas para que cualquier órgano del Estado, bajo responsabilidad, emita nueva norma con contenido parcial o totalmente idéntico a la derogada por mandato judicial, en tanto no sea derogada o modificada la norma constitucional o legal infringida.

 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

 

Primera.-

Cuando en el ejercicio de sus funciones los Jueces y Fiscales identificarán normas administrativas que sean incompatibles con la Constitución o las leyes, darán cuenta de ello al Fiscal de la Nación, para que, previa evaluación, disponga la interposición de la respectiva demanda de acción popular, de conformidad con la atribución que le confiere el inciso 1 del Artículo 250º de la Constitución.(*)

(*) Haga click aquí para ver detalles de la Disposición

 

Segunda.-

Los plazos señalados por la presente ley son perentorios e improrrogables. No cabe aplazamiento de diligencia alguna a pedido de parte, bajo responsabilidad.

 

Tercera.-

En lo no previsto en la presente ley se observarán las normas contenidas en el Código de Procedimientos Civiles, en lo que le fueren aplicables.

 

Cuarta.-

Si la acción popular es amparada, el importe de las costas será asumido por el Estado; en caso contrario, las asumirá el accionante.

 

Quinta.-

Los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya impugnación haya sido desestimada mediante el procedimiento de acción popular.

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

Primera.-

Los procesos de acción popular iniciados con anterioridad a la vigencia de la presente ley, continuarán su trámite conforme a las normas con las que se iniciaron.

 

Segunda.-

El plazo previsto para interponer acción popular comienza a contarse desde la vigencia de esta ley, cuando las normas a que hace referencia el artículo 1° que origina la acción, fueran anteriores y no hubieren agotado sus efectos.

 

Tercera.-

Mientras se expida la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, el Fuero de Trabajo y Comunidades Laborales, a través del Tribunal de Trabajo correspondiente, con sede en Lima, continuará conociendo, en primera instancia, de los procesos de acción popular por infracción de la Constitución o la ley, contra los reglamentos y normas administrativas y contra las resoluciones y decretos de carácter general que expida el Poder Ejecutivo en materia laboral, con arreglo al trámite previsto en la presente ley, y con intervención del Fiscal Superior en lo Civil de la sala de turno.

 

 

DISPOSICIONES FINALES

 

Primera.-

Derógase el Artículo 7º del Decreto Ley Nº 14605 (Ley Orgánica del Poder Judicial) y todas las demás disposiciones que se opongan a la presente ley.

 

Segunda.-

La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente a su publicación en el diario oficial "El Peruano".

 

 

Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación.

 

Casa del Congreso, en Lima, a los catorce días del mes de Diciembre de mil novecientos ochentiocho.

 

ROMUALDO BIAGGI RODRIGUEZ

Presidente del Senado.

 

HECTOR VARGAS HAYA

Presidente de la Cámara de Diputados.

 

ESTEBAN AMPUERO OYARCE

Senador Primer Secretario.

 

FERNANDO RAMOS CARREÑO

Diputado Primer Secretario.

 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA.

 

POR TANTO:

 

Mando se publique y cumpla

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de Diciembre de mil novecientos ochentiocho.

 

ALAN GARCIA PEREZ

Presidente Constitucional de la República.

 

CESAR DELGADO BARRETO

Ministro de Justicia.