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LEGISLACION SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

 

 

 

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

 

LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

 

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 823

 

 

Nota del Editor           

 

 

Fecha de promulgación            :           23/04/96

Fecha de publicación   :           24/04/96

Fecha de entrada en vigencia   :           24/05/96

 

 

 

 

INDICE

 

 

TITULO  I       :           ALCANCES

 

TITULO  II     :           DISPOSICIONES GENERALES

 

TITULO  III    :           NORMAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO

 

TITULO  IV    :           PATENTES DE INVENCION

Capítulo I         :           Requisitos de patentabilidad

Capítulo II       :           Titulares de la patente

Capítulo III      :           Solicitudes de patentes

Capítulo IV      :           Trámite de la solicitud

Capítulo V       :           Derechos que confiere la patente

Capítulo VI      :           Oblgaciones del titular de la patente

Capítulo VII     :           Régimen de licencias

Capítulo VIII   :           Protección legal de la patente

Capítulo IX      :           Nulidad de la patente

Capítulo X       :           Caducidad de la patente

 

TITULO  V     :           CERTIFICADOS DE PROTECCION

 

TITULO  VI    :           MODELOS DE UTILIDAD

 

TITULO  VII   :           DISEÑOS INDUSTRIALES

 

TITULO  VIII :           SECRETOS INDUSTRIALES

 

TITULO  IX    :           MARCAS DE PRODUCTOS Y DE SERVICIOS

Capítulo I         :           Aspectos generales

Capítulo II       :           Procedimiento

Capítulo III      :           Derechos que confiere el registro

Capítulo IV      :           Cancelación del registro

Capítulo V       :           Nulidad del registro

 

TITULO  X     :           CADUCIDAD DEL REGISTRO

 

TITULO  XI    :           MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

 

TITULO  XII   :           LEMAS COMERCIALES

 

TITULO  XIII: :           MARCAS COLECTIVAS Y DE CERTIFICACION

 

TITULO XIV  :           NOMBRES COMERCIALES

 

TITULO  XV  :           DENOMINACIONES DE ORIGEN

 

TITULO XVI  :           ACCIONES POR INFRACCION

 

TITULO XVII :           RECURSOS IMPUGNATIVOS

 

TITULO  XVIII          :           PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL

 

DISPOSICION COMPLEMENTARIA

 

DISPOSICIONES FINALES

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

 

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 823

 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:

 

CONSIDERANDO:

 

            Que, el Congreso de la República, en virtud de la Ley Nº 26557, expedida de conformidad con el artículo 104º de la Constitución Política del Perú, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, entre otras materias, sobre Propiedad Industrial;

 

            Que, en 1992 entró en vigencia la Ley General de Propiedad Industrial, aprobada por Decreto Ley  Nº 26017, que regula los distintos elementos constitutivos de la Propiedad Industrial;

 

            Que, en 1994 entró en vigencia la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Régimen Común sobre Propiedad Industrial para los Países Andinos, que modificó determinados aspectos del Decreto Ley Nº 26017;

 

            Que, posteriormente, el Perú se adhirió al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial aprobado por Resolución Legislativa Nº 26375 y al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, parte integrante del Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio, aprobado por Resolución Legislativa Nº 26407;

 

            Que, es necesario unificar en un solo cuerpo normativo la norma andina y la ley nacional, e incorporar los estándares internacionales para la protección de los derechos de propiedad industrial;

 

            Que, la experiencia de los últimos años demuestra la conveniencia de efectuar determinadas modificaciones a fin de simplificar trámites, acortar plazos y crear mecanismos alternativos de resolución de conflictos, así como de otorgar facultades adicionales al Indecopi para la adecuada vigilancia y respeto de los derechos de propiedad industrial en el Perú;

 

            Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso;

 

            Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

 

 

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL(*)

 

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TITULO I

ALCANCES

 

Artículo 1º.-

La presente Ley tiene por objeto regular y proteger los elementos constitutivos de la propiedad industrial que se detallan en el artículo 3° de la presente Ley, de conformidad con la Constitución Política del Perú y los acuerdos y tratados internacionales suscritos por el Perú sobre la materia.

 

Artículo 2º.-

La presente Ley se aplica a todos los sectores de la actividad económica. Se reconoce el derecho de acceder a sus beneficios a las personas naturales y jurídicas organizadas en cualquiera de las formas permitidas por la Constitución Política y las leyes, estén domiciliadas en el país o en el extranjero.

 

Artículo 3º.-

La protección reconocida por la presente Ley recae, entre otros, sobre los elementos constitutivos de la propiedad industrial que se detallan a continuación:

a)         Patentes de invención;

b)         Certificados de protección;

c)         Modelos de utilidad;

d)         Diseños industriales;

e)         Secretos industriales;

f)          Marcas de productos y de servicios;

g)         Marcas colectivas;

h)         Marcas de certificación;

i)          Nombres comerciales;

j)          Lemas comerciales; y,

k)         Denominaciones de origen.

 

Artículo 4º.-

La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a patentes de invención, certificados de protección, modelos de utilidad y diseños industriales, incluyendo los procesos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia. Asimismo, tiene a su cargo el listado de licencias de uso de tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle, gerencia y franquicia, de origen extranjero.

            La Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a marcas, nombres y lemas comerciales y denominaciones de origen, incluyendo los procesos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia.

            La Sala de la Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), conocerá y resolverá los recursos de apelación en segunda y última instancia administrativa.(*)

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TITULO II

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 5º.-

El ejercicio regular de los derechos de propiedad industrial no puede ser sancionado como práctica monopólica ni como acto restrictivo de la competencia.

 

Artículo 6º.-

La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.

 

Artículo 7º.-

Las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial, se inscribirán en los registros de la Propiedad Industrial.

            Todos los actos y contratos a que se refiere el párrafo anterior, surtirán efectos frente a terceros a partir de su inscripción. Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones efectuadas en los registros correspondientes, los mismos que se presumen ciertos mientras no sean rectificados o anulados. Las Oficinas competentes establecerán la forma de organización de sus respectivos registros y dictarán las normas de inscripción que sean necesarias.(*)

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Artículo 8º.-

Procede la cesión de los derechos derivados de la solicitud de registro de cualesquiera de los elementos constitutivos de la propiedad industrial.

 

Artículo 9º.-

Los registros y los expedientes, se encuentren o no en trámite, incluyendo los contenciosos, están abiertos al público, salvo en los siguientes casos:

a)         Los expedientes de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales se regirán por lo dispuesto en los artículos 52°, 99° y 110° de la presente Ley.

b)         Los expedientes de infracción a los derechos de propiedad industrial, antes de notificada la denuncia.

 

Artículo 10º.-

La Oficina competente podrá delegar en entidades públicas o privadas la facultad de recibir solicitudes de registro y otros recursos o documentos vinculados a la propiedad industrial. En ese caso, los mencionados documentos se consideran presentados en el momento de su recepción por la entidad delegada.

 

Artículo 11º.-

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en la presente Ley.

            Sin enervar la responsabilidad por daños y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará :

a)         A las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad; y,

b)         A los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad en cuanto hayan sido ejecutados con anterioridad a la misma.

 

            No es de aplicación en los casos de nulidad de un registro lo dispuesto por el artículo 2014° del Código Civil.

 

 

TITULO III

NORMAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO

 

Artículo 12º.-

A pedido de parte, la Oficina competente efectuará en los registros correspondientes una anotación preventiva de las solicitudes de cancelación y nulidad que se interpongan.

 

Artículo 13º.-

Para el registro de cualquier acto referido a la propiedad industrial y salvo que la ley exija una formalidad mayor, basta que conste en instrumento privado y las firmas hayan sido certificadas por Notario. Si el documento se extendiera en el extranjero, deberá ser legalizado por funcionario consular peruano.

 

Artículo 14º.-

Los poderes requeridos por la Ley, podrán constar en instrumento privado y deberán cumplir las siguientes formalidades:

a)         En el caso de personas naturales: la firma deberá ser legalizada por Notario.

b)         En el caso de personas jurídicas: El documento deberá contener la representación con que actúa el poderdante y su firma deberá estar autenticada por Notario.

 

            En los casos de poderes otorgados por personas no domiciliadas, éstos deberán además ser legalizados por funcionario consular peruano.

            Para los efectos de la presente Ley, no será exigible la inscripción de los poderes en el Registro de Mandatos o en el Registro Mercantil. Con la presentación del poder por quien representa a una persona, quedará acreditada la existencia de ésta y su representación. El poder podrá ser otorgado después de la presentación de la solicitud de registro, en cuyo caso los actos realizados por el apoderado deberán ser ratificados.

 

Artículo 15º.-

Las solicitudes de registro deberán estar redactadas íntegramente en idioma castellano. Los documentos redactados en idioma extranjero deberán ser presentados con la traducción al idioma castellano. No se exigirá la presentación de traducciones oficiales, bastando que se presente la traducción simple bajo responsabilidad del traductor y del interesado.

 

Artículo 16º.-

Para efectos del cómputo de los plazos establecidos en la Ley, rigen las siguientes reglas:

a)         El plazo señalado por días se entiende referido a días hábiles;

b)         El plazo señalado por meses se cumple en el mes de vencimiento y en el día de éste correspondiente a la fecha del mes inicial. Si en el mes de vencimiento falta tal día, el plazo se cumple el último hábil de dicho mes;

c)         El plazo señalado por años se rige por las reglas establecidas en el inciso anterior;

d)         Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

 

Artículo 17º.-

Salvo los casos en que la ley establezca un plazo distinto, la solicitud caerá automáticamente en abandono cuando el expediente permanezca paralizado por responsabilidad del interesado durante tres meses. No se produce el abandono cuando el expediente se encuentra en estado de resolución.

 

Artículo 18º.-

Salvo disposición expresa en la ley, no procede la devolución de los derechos pagados por el interesado.

 

Artículo 19º.-

Una vez consentida la resolución que otorga un derecho de propiedad industrial, la Oficina competente expedirá el certificado o título correspondiente.

            Asimismo, en los casos de nulidad o cancelación de un registro, se efectuará el asiento correspondiente una vez consentida la resolución que así lo disponga.

 

Artículo 20º.-

Cualquier persona, sea o no parte del proceso, puede solicitar copia certificada de todo o parte de un expediente, así como de los asientos registrales, de los certificados o títulos expedidos, previo pago del derecho correspondiente. No procederá tal solicitud en los casos previstos en los incisos a) y b) del artículo 9° de la presente Ley.

 

Artículo 21º.-

En lo que no esté específicamente previsto en esta Ley, regirá el Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del Indecopi, sus modificatorias o sustitutorias; el Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, sus modificatorias o sustitutorias; el Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos y las demás normas pertinentes, en cuanto sean aplicables a los derechos de propiedad industrial y a sus procedimientos.

 

 

TITULO IV

PATENTES DE INVENCIÓN

 

CAPITULO I

 REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

 

Artículo 22º.-

Se otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Se entiende por patente el título por el cual el Estado concede el derecho exclusivo de explotación al titular de una invención dentro del territorio nacional.

 

Artículo 23º.-

Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

            Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la Oficina competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

 

Artículo 24º.-

Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad si ésta ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

a)         El inventor o su causahabiente;

b)         Una Oficina competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente;

c)         Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente;

d)         Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; o,

e)         Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación, hubieren necesitado hacerla pública para continuar con su desarrollo. En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado.

 

Artículo 25º.-

Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

 

Artículo 26º.-

Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

 

Artículo 27º.-

No se considerarán invenciones:

a)         Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;

b)         Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas;

c)         Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas;

d)         Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico;

e)         Las formas de presentar información; y,

f)          Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.

 

Artículo 28º.-

No serán patentables:

a)         Las invenciones contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres;

b)         Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales; a la preservación de los vegetales; o, a la preservación del medio ambiente;

c)         Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención;

d)         Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y,

e)         Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.

 

 

CAPITULO II

TITULARES DE LA PATENTE

 

Artículo 29º.-

El derecho a la patente pertenece al inventor o a su causahabiente. Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas.

            Si varias personas han hecho conjuntamente una invención, el derecho corresponde en común a todas ellas. Salvo pacto en contrario, se entenderá que el derecho corresponde en común a varias personas aún cuando tales personas no hubiesen trabajado en el mismo espacio físico o al mismo tiempo, su contribución no hubiese sido del mismo tipo o de las mismas proporciones, o aún cuando cada una de ellas no hubiese realizado un aporte para cada una de las reivindicaciones materia de la patente.

            Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquélla o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.

 

Artículo 30º.-

Si la solicitud de una patente se refiere a una invención que ha sido sustraída al inventor o a sus causahabientes o, si en virtud de obligaciones contractuales o legales, el titular de la patente debe ser una persona distinta del solicitante, quien tenga legítimo interés podrá reclamar la calidad de verdadero titular ante la autoridad judicial competente, en cualquier momento y hasta tres años después de concedida la patente.

            Quien reclame la calidad de verdadero titular deberá informar a la Oficina competente de la interposición de cualquier demanda que formulase contra el solicitante o contra el titular de la patente, dentro de los diez días de presentada ésta, acompañando copia certificada del auto de admisión. Dentro de los diez días de recibida la comunicación, la Oficina competente remitirá un informe acerca de la patente y su titular a la autoridad judicial competente. Este informe constituirá uno de los elementos a ser merituados por el Juez antes de emitir su resolución.

            En el caso de una patente registrada, la Oficina competente, una vez que hubiera tomado conocimiento de la demanda a que se refiere el párrafo precedente, dispondrá su anotación en el Registro correspondiente, a efectos de prevenir a terceros.

 

Artículo 31º.-

En las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las innovaciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación, de acuerdo con la legislación vigente.

            Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben para la comercialización de tales invenciones, con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones, de acuerdo con la legislación vigente.

 

Artículo 32º.-

Salvo pacto en contrario, las invenciones desarrolladas durante una relación laboral o de servicios, se regirán por las siguientes reglas:

a)         Las realizadas por el trabajador durante el curso de un contrato o relación de trabajo o de servicios que tenga por objeto total o parcialmente la realización de actividades inventivas, pertenecerán al empleador. Sin embargo, el empleador deberá asignar al trabajador una compensación adecuada si el aporte personal del trabajador a la invención, el valor económico de la misma o la importancia de tal invención excede los objetivos explícitos o implícitos del contrato o relación de trabajo o de servicios. El monto de la compensación será fijado por el juez especializado en lo civil, de conformidad con las reglas del proceso sumarísimo, a falta de acuerdo entre las partes.

b)         Si el trabajador realizase una invención en relación con su actividad profesional en la empresa o mediante la utilización de medios o información proporcionada por la empresa, el empleador tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma, dentro del plazo de 90 días contados a partir del momento en que tomó conocimiento de la existencia de la invención. Cuando el empleador asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el trabajador tendrá derecho a una compensación adecuada de acuerdo a la importancia industrial y económica del invento, considerando los medios o información proporcionada por la empresa y los aportes del trabajador que le permitieron realizar la invención. El monto de la compensación será fijado por el juez especializado en lo civil, de conformidad con las reglas del proceso sumarísimo, a falta de acuerdo entre las partes.

c)         Las invenciones realizadas durante la vigencia de la relación laboral o durante la ejecución de un contrato de prestación de servicios, en cuya realización no concurran las circunstancias previstas en los incisos a) y b), pertenecerán exclusivamente al autor de las mismas.

 

            El mismo régimen será aplicable a las universidades, institutos y otros centros de educación e investigación, respecto de las invenciones realizadas por sus profesores o investigadores, salvo disposición contraria contenida en el estatuto o reglamento interno de dichas entidades.

            Cuando una empresa contratara a una universidad, instituto u otro centro de educación o investigación para la realización de investigaciones que involucren actividades inventivas, el régimen establecido en el presente artículo será aplicable a la empresa, respecto de las invenciones realizadas por los profesores o investigadores de la institución contratada. En este supuesto, la compensación adecuada a que se refieren los incisos a) y b) deberá ser abonada directamente por la empresa al profesor o investigador que hubiera realizado el invento, de ser el caso, independientemente de las contraprestaciones pactadas con la institución contratada.

 

Artículo 33º.-

El inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente y podrá igualmente oponerse a esta mención.

 

 

CAPITULO III

SOLICITUDES DE PATENTES

 

Artículo 34º.-

La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro del Acuerdo de Cartagena o de la Unión de París, o en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en el Perú. Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud.

 

Artículo 35º.-

Se entiende por solicitud válidamente presentada, aquélla admitida a trámite por la Oficina competente, a la cual se le ha asignado fecha de presentación, siendo irrelevante la suerte posterior de dicha solicitud.

 

Artículo 36º.-

Quien desee prevalerse de una prioridad, deberá realizar una declaración expresa dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud posterior, indicando la fecha y el país en que se presentó la primera solicitud.

 

Artículo 37º.-

Quien efectúe la declaración a que se refiere el artículo precedente, deberá presentar al mismo tiempo una copia de la solicitud en base a la cual reivindica prioridad, debidamente certificada por la administración que hubiese recibido dicha solicitud.

 

Artículo 38º.-

La Oficina competente podrá exigir al solicitante que presente, dentro del plazo de tres meses contados a partir de la notificación, una traducción de la solicitud en base a la cual reivindica prioridad, de considerarlo necesario.

 

Artículo 39º.-

De no cumplirse con alguna de las formalidades previstas en los tres artículos precedentes, dentro de los plazos previstos, se perderá el derecho de prioridad.

 

Artículo 40º.-

Las solicitudes para ver patentes de invención deberán presentarse ante la Oficina competente y deberán contener:

a)         Identificación del solicitante y del inventor;

b)         El título o nombre de la invención;

c)         La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

Para las invenciones que se refieran a materia viva, en las que la descripción no pueda detallarse en sí misma, se deberá incluir el depósito de la misma en una institución depositaria autorizada por las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. El material depositado formará parte integrante de la descripción.

El Directorio del Indecopi reglamentará la instrumentación de los depósitos, incluyendo, entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlos, su duración, reemplazo y suministro de muestras.

Se podrán reconocer como instituciones depositarias a centros de investigación localizados en el territorio de cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena;

d)         Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente;

e)         Un resumen con el objeto y finalidad de la invención; y,

f)          El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

 

            La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la Oficina competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

 

Artículo 41º.-

A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación:

a)         Copia de los poderes que fueren necesarios;

b)         Copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente;

c)         Documento de cesión de invento, de ser el caso; y,

d)         Los demás documentos que señale el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi.

 

Artículo 42º.-

La patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo. Se entiende que conforman un único concepto inventivo y que, por lo tanto, pueden ser incluidas en una sola solicitud, en particular:

a)         Una reivindicación independiente para un producto, una reivindicación independiente para un procedimiento concebido especialmente para la fabricación de ese producto y una reivindicación independiente para una utilización de ese producto.

b)         Una reivindicación independiente para un procedimiento y una reivindicación independiente para un dispositivo o medio especialmente concebido para la puesta en práctica de ese procedimiento.

c)         Una reivindicación independiente para un producto, una reivindicación independiente para un procedimiento concebido especialmente para la fabricación de ese producto y una reivindicación independiente para un dispositivo o medio especialmente concebido para la puesta en práctica de ese procedimiento.

 

Artículo 43º.-

Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 23° de la presente Ley, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

 

Artículo 44º.-

El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada. El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto.

 

Artículo 45º.-

La Oficina competente, en cualquier momento del trámite, como consecuencia del examen de la solicitud, podrá proponer al peticionario el cambio de modalidad. El peticionario podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que si ésta es rechazada, se continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada originalmente.

 

Artículo 46º.-

En caso que se pida la transformación o acepte la propuesta de cambio de la solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el procedimiento que corresponda a la nueva modalidad.

 

Artículo 47º.-

El peticionario podrá fraccionar su solicitud en dos o más, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada. Cada solicitud fraccionada se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial. La división de la solicitud por parte del peticionario, deberá efectuarse antes de su publicación y, a pedido de la Oficina competente, en cualquier momento del trámite. En caso que se pida la división o acepte la propuesta de fraccionamiento de la solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el trámite que corresponda a la nueva modalidad.

 

CAPITULO IV

TRAMITE DE LA SOLICITUD

 

Artículo 48º.-

Admitida la solicitud, la Oficina competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Ley.

 

Artículo 49º.-

Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la Oficina competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud.

 

Artículo 50º.-

Dentro de los dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado y una vez terminado el examen de forma a que se refiere el artículo 48°, la Oficina competente emitirá la orden de publicación del extracto de la solicitud.

 

Artículo 51º.-

La publicación del extracto de la solicitud deberá contener la información siguiente:

a)         Número y fecha de presentación de la solicitud

b)         Nombre y país del domicilio del solicitante

c)         Título de la invención

d)         Resumen de la invención

e)         Datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas

 

            El solicitante deberá presentar a la Oficina competente una copia de la publicación del extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano", dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha de recepción de la orden correspondiente.

 

Artículo 52º.-

El expediente no podrá ser consultado por terceros mientras no se efectúe la referida publicación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del peticionario. Una vez efectuada la publicación, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado. Cualquiera que pruebe que el peticionario de una patente ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de la solicitud, podrá consultar el expediente antes de su publicación sin consentimiento de aquél.

 

Artículo 53º.-

Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención. Las observaciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo dispone la legislación vigente.

 

Artículo 54º.-

Las observaciones deberán consignar o adjuntar, según el caso:

a)         Identificación del observante;

b)         Poder otorgado a quien represente al observante;

c)         La identificación del expediente y de la fecha de publicación de la solicitud;

d)         Los fundamentos de hecho y de derecho de la observación;

e)         El ofrecimiento de las pruebas que acrediten los hechos alegados; y,

f)          El comprobante de pago correspondiente.

 

Artículo 55º.-

Los poderes que fueren necesarios, así como las pruebas ofrecidas podrán ser presentadas dentro del plazo de treinta días contados a partir de la presentación de la observación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual.

 

Artículo 56º.-

Si dentro del plazo previsto en el artículo 53°, se hubieran presentado observaciones, la Oficina competente notificará al peticionario para que dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, término que podrá ser prorrogable por una sola vez y por el mismo lapso, haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención. A tal efecto, serán aplicables las disposiciones de los artículos 44°, 45°, 46° o 47°, según el caso, de la presente Ley.

 

Artículo 57º.-

Vencidos los plazos establecidos en los artículos 53° o 56°, según fuere el caso, la Oficina competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable, previo pago de la tasa correspondiente.  Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida. Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada.

 

Artículo 58º.-

La Oficina competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas administrativas competentes de los demás Países Miembros del Acuerdo de Cartagena o de terceros países.

 

Artículo 59º.-

Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuera parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable, se denegará.

 

Artículo 60º.-

La patente tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud, luego de los cuales, la invención será de dominio público.

 

Artículo 61º.-

Para el orden y clasificación de las patentes, se utilizará la Clasificación Internacional de Patentes de Invención.

 

Artículo 62º.-

Todo objeto patentado podrá llevar la indicación del número de la patente, anteponiendo en forma visible "Patente de Invención" o las iniciales "P.I.", ya sea en el propio producto o en su envase.

 

Artículo 63º.-

Por Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, podrá establecerse un régimen especial de protección y, de ser el caso, un registro, de los conocimientos de las comunidades nativas y campesinas.

 

CAPITULO V

DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE

 

Artículo 64º.-

El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos o planos o, en su caso, el depósito del material biológico, servirán para interpretarlas.

 

Artículo 65º.-

La patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la invención patentada. En tal virtud, el titular de una patente podrá impedir a un tercero que no cuente con su consentimiento:

a)         La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.

b)         La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.

c)         El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

 

Artículo 66º.-

El titular no podrá ejercer el derecho prescrito en el artículo anterior, en cualquiera de los siguientes casos:

a)         Cuando se trate de la importación del producto patentado que hubiere sido puesto en el comercio en cualquier país, con el consentimiento del titular, de un licenciatario o de cualquier otra persona autorizada para ello;

b)         Cuando el uso tenga lugar en el ámbito privado y a escala no comercial; o,

c)         Cuando el uso tenga lugar con fines no lucrativos, a nivel experimental, académico o científico.

 

Artículo 67º.-

Si el objeto de la patente es un procedimiento, la protección conferida por la patente se extiende a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

 

Artículo 68º.-

La patente confiere igualmente a su titular el derecho de impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella. Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando los medios a que se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el párrafo anterior.

            No se considerarán como personas habilitadas para explotar la invención patentada, en el sentido del primer párrafo de este artículo, quienes realicen los actos previstos en los literales b) y c) del artículo 66 de la presente Ley.(*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del artículo

 

Artículo 69º.-

Los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando la invención en un ámbito privado, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para su desarrollo. En tal caso, dicha tercera persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la fabricación del producto o el empleo del procedimiento, según fuese el caso, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal fabricación o empleo.

 

CAPITULO VI

 OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE

 

Artículo 70º.-

El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada en cualquier País Miembro del Acuerdo de Cartagena, directamente o a través de alguna persona autorizada por él.

 

Artículo 71º.-

A los efectos de la presente Ley, se entenderá por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos. También se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado.

 

Artículo 72º.-

El titular de la patente estará obligado a registrar ante la Oficina competente todo contrato que implique cesión, licencia u otra forma de utilización de la patente por terceros a cualquier título.

            Esta obligación será cumplida por el titular o por sus causahabientes, cesionarios, licenciatarios o cualquiera otra persona que fuere titular de un derecho derivado de la patente.

 

CAPITULO VII

RÉGIMEN DE LICENCIAS

 

Artículo 73º.-

El titular de una patente podrá conceder a otra persona licencia para su explotación, sólo mediante contrato escrito. Los contratos de licencia deberán ser registrados ante la Oficina competente, sin lo cual, no surtirán efectos frente a terceros.

 

Artículo 74º.-

La Oficina competente no registrará los contratos de licencia para la explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías establecido en la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

 

Artículo 75º.-

Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente, o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la Oficina competente podrá otorgar una licencia obligatoria para la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado, a solicitud de cualquier interesado que no haya obtenido una licencia contractual en condiciones razonables, sólo si en el momento de su petición la patente no se ha explotado en los términos que establecen los artículos 70° y 71° de la presente Ley, en el País Miembro del Acuerdo de Cartagena donde se solicite la licencia, o si la explotación de la invención ha estado suspendida por más de un año.

            La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito. Constituye excusa legítima aquélla sustentada en cualquier causa técnica o económica que impida una explotación eficiente y rentable de la invención. El titular de la licencia obligatoria deberá pagar al titular de la patente una compensación adecuada.

            Quien solicite una licencia obligatoria, deberá probar que tiene capacidad técnica y económica para realizar la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado.

 

Artículo 76º.-

La decisión de concesión de las licencias obligatorias a las que se refiere el artículo anterior, se hará previa notificación al titular de la patente, para que dentro de los sesenta días hábiles contados a partir de la misma, si lo estima conveniente, haga valer sus argumentaciones.

            Dicha decisión de concesión establecerá el alcance o extensión de la misma, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de pago de la compensación adecuada a que se refiere el artículo anterior.

            La Oficina competente determinará la cuantía de la compensación, previa audiencia de las partes, sobre la base de la amplitud de la explotación industrial de la invención objeto de la licencia y de la cooperación que pudiera haber obtenido el titular de la patente para facilitar la explotación industrial de la invención, especialmente con relación a la provisión de los conocimientos técnicos necesarios; y, a otras condiciones que la Oficina estime convenientes para la explotación de la invención.

            El reclamo no impedirá la explotación ni ejercerá ninguna influencia en los plazos que se encuentren corriendo. Su interposición no impedirá al titular de la patente percibir, entre tanto, la compensación determinada por la Oficina competente, en la parte no reclamada.

 

Artículo 77º.-

A petición del titular de la patente, o del licenciatario, las condiciones de las licencias podrán ser modificadas por la entidad que las aprobó, cuando así lo justifiquen nuevos hechos y, en particular, cuando el titular de la patente conceda otra licencia en condiciones más favorables que las establecidas.

 

Artículo 78º.-

El licenciatario estará obligado a explotar la invención objeto de la licencia, lo cual deberá realizarse, salvo que el licenciatario justifique su inacción con excusas legítimas, dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de concesión; en caso contrario, la misma quedará revocada.

 

Artículo 79º.-

Previa declaratoria efectuada mediante ley acerca de la existencia de razones de interés público, de emergencia, o de seguridad nacional, y sólo mientras estas razones permanezcan, se podrá someter la patente a licencia obligatoria en cualquier momento y, en tal caso, la Oficina competente podrá otorgar las licencias que se le soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible.

            La decisión de concesión de la licencia obligatoria establecerá el alcance o extensión de la misma, especificando en particular, el período por el que se concede, el objeto de la licencia y el monto y las condiciones de pago de la compensación adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 84° de la presente Ley.

            En los casos previstos en este artículo, las licencias podrán otorgarse para la explotación según lo establecido en los artículos 70° y 71° de la presente Ley.  La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola.

 

Artículo 80º.-

De oficio o a petición de parte, la Oficina competente podrá otorgar licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que no correspondan al ejercicio regular del derecho de propiedad industrial y afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente. A efectos de determinar si se afecta la libre competencia, se requerirá de una calificación efectuada por la Comisión de Libre Competencia del Indecopi, de conformidad con los procedimientos contenidos en el Decreto Legislativo 701. Dicha licencia obligatoria será concedida sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar en aplicación del Decreto Legislativo antes mencionado.

            Para determinar la procedencia de la compensación económica y su eventual monto, se tendrá en cuenta la calificación efectuada por la Comisión de Libre Competencia del Indecopi.

 

Artículo 81º.-

La Oficina competente podrá conceder licencia en cualquier momento, si ésta es solicitada por el titular de una patente, cuya explotación requiera necesariamente del empleo de otra, siempre y cuando dicho titular no haya podido obtener una licencia contractual en condiciones razonables. Dicha licencia estará sujeta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82° de la presente Ley, a lo siguiente:

a)         La invención reinvindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante, respecto a la invención reivindicada en la primera patente;

b)         El titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y,

c)         No podrá cederse la licencia de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

 

Artículo 82º.-

Las licencias obligatorias están sujetas a lo siguiente:

a)         La licencia obligatoria no será exclusiva y no podrá transferirse ni concederse sublicencias, sino con la parte de la empresa que permite su explotación industrial y con consentimiento del titular de la patente. Ello deberá constar por escrito y registrarse ante la Oficina competente;

b)         La licencia obligatoria será concedida principalmente para abastecer el mercado interno del Perú. Lo previsto en este literal no será aplicable cuando la licencia obligatoria haya sido emitida de conformidad con lo establecido en el artículo 80° de la presente Ley;

c)         La licencia obligatoria podrá revocarse, sin perjuicio de la protección adecuada de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que le dieron origen han desaparecido.

 

Artículo 83º.-

Antes de conceder una licencia obligatoria, la Oficina competente exigirá al interesado garantías reales, personales o bancarias que aseguren la explotación y el pago de las compensaciones que ésta fije.

 

Artículo 84º.-

Salvo lo dispuesto en el artículo 73°, no surtirán efecto legal alguno las licencias que no cumplan con las disposiciones del presente Capítulo.

 

 

CAPITULO VIII

 PROTECCIÓN LEGAL DE LA PATENTE

 

Artículo 85º.-

El titular o quien se considere con derecho a una patente de conformidad con la presente Ley, podrá iniciar las acciones reivindicatorias e indemnizatorias que le confiera la legislación vigente. Sin perjuicio de cualquier otra acción que pueda corresponderle, el titular de la patente, después de otorgada ésta, podrá demandar daños y perjuicios contra quien, sin el consentimiento de dicho titular, hubiere explotado el proceso o producto patentado, cuando dicha explotación se hubiese realizado después de la fecha de publicación de la solicitud de patente e incluso cuando dicha explotación se hubiese realizado antes de la fecha de publicación de la solicitud de patente, a condición de que se le haya notificado la presentación y el contenido de la solicitud.

            En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para ver un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para ver el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

a)         El producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o

b)         Existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

 

            En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus secretos comerciales y de fabricación.

 

 

CAPITULO IX

NULIDAD DE LA PATENTE

 

Artículo 86º.-

La Oficina competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la patente, previa audiencia de las partes interesadas, siempre que:

a)         Haya sido concedida en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Ley;

b)         Se hubiere otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud y que sean esenciales.

 

            Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán intentarse en cualquier momento. Cuando las causales indicadas anteriormente sólo fueran aplicables a algunas de las reivindicaciones o a algunas partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la reivindicación, según corresponda.

            La patente, la reivindicación o aquella parte de una reivindicación que fuese declarada nula, se reputará nula y sin ningún valor desde la fecha de la presentación de la solicitud de la patente.

 

Artículo 87º.-

La solicitud de nulidad de registro deberá consignar o adjuntar, según el caso, lo siguiente:

a)         Identificación de quien solicita la nulidad;

b)         Identificación del representante o apoderado, de ser el caso;

c)         Número del registro materia de la nulidad y denominación del elemento de propiedad industrial objeto de la nulidad;

d)         Indicación del fundamento legal de la acción;

e)         Pruebas que acrediten las causales de nulidad invocadas;

f)          Domicilio donde se notificará al titular del registro del cual se solicita nulidad;

g)         Comprobante de pago correspondiente;

h)         En su caso, copia de los poderes que fueren necesarios; y,

i)          Copias de la solicitud y sus recaudos para el titular registrado.

 

Artículo 88º.-

De la solicitud se correrá traslado a quien aparece como titular del registro por un término de 30 días hábiles luego de los cuales con o sin la contestación respectiva, la Oficina competente procederá a emitir el informe técnico correspondiente y el expediente se encontrará expedito para resolver.

 

 

CAPITULO X

CADUCIDAD DE LA PATENTE

 

Artículo 89º.-

Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas periódicas o anualidades correspondientes, a partir del tercer aniversario de la presentación de la solicitud.

 

Artículo 90º.-

Las anualidades deberán pagarse por años adelantados. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la patente. Podrán pagarse dos o más anualidades juntas.(*)

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Artículo 91º.-

Antes de declarar la caducidad de la patente, o en su caso, de la solicitud de patente en trámite, se concederá un plazo de seis meses a fin que el interesado cumpla con el pago de las tasas a que hace referencia el artículo 89°. Durante los plazos referidos, la patente o la solicitud en trámite mantendrán su plena vigencia.(*)

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Artículo 92º.-

En los supuestos de falta de pago de una anualidad, se entiende que la omisión que da lugar a la caducidad se produce al comienzo del año de la vida de la patente o de la solicitud en trámite para el cual no hubiere sido abonada la anualidad.(*)

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TITULO V

 CERTIFICADOS DE PROTECCIÓN

 

Artículo 93º.-

Cualquier inventor domiciliado en el país que tenga en estudio un proyecto de invención y que necesite experimentar o construir algún mecanismo que le obligue a hacer pública su idea, podrá solicitar un certificado de protección que la Oficina competente le otorgará por el término de un año, previo pago del derecho respectivo.

 

Artículo 94º.-

La solicitud deberá presentarse ante la Oficina competente y contener:

a)         Identificación del solicitante y del inventor;

b)         El título o nombre del proyecto de invención, en idioma castellano;

c)         La descripción clara y completa del proyecto de invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla, en idioma castellano;

d)         El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

 

            La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el párrafo anterior, ocasionará que la solicitud sea considerada por la Oficina competente como no admitida a trámite y no se le asigne fecha de presentación.

 

Artículo 95º.-

A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación:

a)         Los poderes que fueren necesarios;

b)         Los planos y dibujos técnicos, si son necesarios para una mejor descripción del proyecto de invención.

 

Artículo 96º.-

La posesión de este certificado da a su dueño derecho preferente sobre cualquier otra persona que durante el año de protección pretenda solicitar privilegios sobre la misma materia. En todo caso el plazo de duración de la patente definitiva se contará desde la solicitud del certificado de protección.

            Si el poseedor de un certificado de protección dejare transcurrir el año sin solicitar la patente definitiva, perderá el derecho preferente a que se refiere el párrafo anterior.

 

 

TITULO VI

 MODELOS DE UTILIDAD

 

Artículo 97º.-

Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

 

Artículo 98º.-

No pueden ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y materias excluidas de la protección por la patente de invención. Asimismo, no se considerarán modelos de utilidad: las esculturas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carácter puramente estético.

 

Artículo 99º.-

Son aplicables a los modelos de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Ley en lo que fuere pertinente. En tal sentido, las solicitudes para ver patente de modelo de utilidad seguirán el mismo trámite y deberán cumplir los mismos requisitos que las solicitudes de patente de invención.

 

Artículo 100º.-

El plazo de duración del modelo de utilidad será de diez años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, luego de los cuales, el modelo de utilidad será de dominio público.

 

Artículo 101º.-

En el caso de los modelos de utilidad, las tasas a que se refiere la presente Ley serán, en todos los casos, equivalentes a la mitad de las que correspondan a las patentes de invención.

 

 

TITULO VII

 DISEÑOS INDUSTRIALES

 

Artículo 102º.-

Serán registrables los nuevos diseños industriales. Se considerará como diseño industrial, cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación. No serán registrables los diseños industriales referentes a indumentaria, ni aquellos que sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

            No podrán registrarse los diseños industriales comprendidos en las prohibiciones previstas en los artículos 129° y 130° de la presente Ley.

 

Artículo 103º.-

Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público, en cualquier lugar o en cualquier momento, mediante una descripción, una utilización o por cualquier otro medio.

            Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

 

Artículo 104º.-

La solicitud de registro deberá contener:

a)         Identificación del peticionario;

b)         Indicación del género de productos para los cuales debe utilizarse el diseño industrial, así como la clase a la cual pertenecen dichos productos; y,

c)         Un ejemplar del objeto que lleve el diseño o una representación gráfica o fotográfica del mismo.

 

            La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud se considere, por la Oficina competente, como no admitida a trámite y no se asignará fecha de presentación.

 

Artículo 105º.-

La solicitud de registro deberá además contener o adjuntar, según corresponda:

a)         Identificación del o los diseñadores;

b)         Documento de cesión de diseño, de ser el caso;

c)         Designación del producto cubierto por el diseño industrial;

d)         Reivindicación de prioridad, de ser el caso, indicando el número, la fecha y el país de la solicitud o solicitudes en base a las cuales se reivindica prioridad;

e)         Copia de la primera solicitud de registro, en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente;

f)          Copia de los poderes que fueren necesarios;

g)         Comprobante de pago correspondiente; y,

h)         Los demás documentos que señale el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi.(*)(**)

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(**) Haga click aquí para ver detalles del artículo

 

Artículo 106º.-

Admitida la solicitud, la Oficina competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en el presente Título. Si tal fuera el caso, ordenará la publicación de la solicitud, por una sola vez.

 

Artículo 107º.-

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá observar el registro. El trámite para las observaciones se sujetará a los procedimientos establecidos para las observaciones a las solicitudes de patentes de invención, en lo que fuere pertinente.

 

Artículo 108º.-

Si no se presentaren observaciones o si éstas fueran rechazadas, la Oficina competente procederá a practicar el examen de novedad del diseño, previo pago de la tasa correspondiente.

 

Artículo 109º.-

El registro de un diseño industrial tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, luego de los cuales, el diseño industrial será de dominio público.

 

Artículo 110º.-

El expediente no podrá ser consultado por terceros antes que se efectúe la publicación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del solicitante. Una vez efectuada la publicación aludida, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado.

 

Artículo 111º.-

Para el orden y clasificación de los diseños industriales, se utilizará la Clasificación Internacional establecida por el Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968.

 

Artículo 112º.-

La primera solicitud válidamente presentada en un País Miembro del Acuerdo de Cartagena o de la Unión de París, o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad, por el término de seis meses, para solicitar el registro en el Perú.

 

Artículo 113º.-

El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que reproduzcan el diseño industrial.

            El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a éste.

            El titular podrá transferir el diseño o conceder licencias. Toda licencia o cambio de titular deberá registrarse ante la Oficina competente.

 

Artículo 114º.-

La Oficina competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad del registro, previa audiencia de las partes interesadas, siempre que:

a)         Haya sido concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Ley;

b)         Se hubiere otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud y que sean esenciales.

 

            Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán intentarse en cualquier momento. El registro que fuese declarado nulo, se reputará nulo y sin ningún valor desde la fecha de la presentación de la solicitud de registro.

 

Artículo 115º.-

Son aplicables, en lo pertinente, las disposiciones de la presente Ley sobre patentes de invención relativas a los titulares del registro.

 

 

TITULO VIII

 SECRETOS INDUSTRIALES

 

Artículo 116º.-

Quien lícitamente tenga control de un secreto industrial, estará protegido contra la revelación, adquisición o uso de tal secreto sin su consentimiento, de manera contraria a las prácticas leales de comercio, por parte de terceros, en la medida que:

a)         La información sea secreta en el sentido que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;

b)         La información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y,

c)         En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control, haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

 

            La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

 

Artículo 117º.-

Son susceptibles de protección como secreto industrial tanto el conocimiento tecnológico integrado por procedimientos de fabricación y producción en general como el conocimiento relativo al empleo y aplicación de técnicas industriales, resultantes del conocimiento, experiencia o habilidad intelectual que guarde una persona con carácter confidencial y que le permita obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros.

 

Artículo 118º.-

A los efectos de la presente Ley, no se considerará como secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. Asimismo, no constituye secreto de producción la habilidad manual o la aptitud personal de uno o varios trabajadores.  No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.

 

Artículo 119º.-

Toda persona que haya elaborado o adquirido legítimamente secretos industriales, podrá emplearlos, divulgarlos o comunicarlos libremente, aún cuando el transfiriente los haya mantenido secretos. Ninguna de las partes podrá hacer valer sus derechos contra la otra, a menos que hubiese pactado en contrario entre ellos.

 

Artículo 120º.-

La información que se considere como secreto industrial deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares.

 

Artículo 121º.-

La protección otorgada conforme al artículo 116°, perdurará mientras existan las condiciones allí establecidas. Sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar, la revelación, adquisición o uso de un secreto industrial por parte de terceros, de manera contraria a las prácticas leales de comercio, será sancionada por la Comisión de Competencia Desleal del Indecopi, en aplicación del Decreto Ley 26122, previa opinión de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, en lo que resulte pertinente.

 

Artículo 122º.-

Quien guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar el uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le autorizó el uso de dicho secreto.  En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales allí contenidos. Dichas cláusulas deberán precisar los aspectos que se consideran confidenciales.

 

Artículo 123º.-

Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo y de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto o de su usuario autorizado.

 

Artículo 124º.-

Si como condición para aprobar la comercialización de productos farmoquímicos o de productos agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, se exige la presentación de datos sobre experimentos o de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para determinar su seguridad y eficacia, los datos referidos serán protegidos siempre que su generación implique un esfuerzo considerable, salvo cuando la publicación de tales datos sea necesaria para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

 

Artículo 125º.-

Ninguna persona distinta a la que haya presentado los datos a que se refiere el artículo anterior podrá, sin autorización de esta última, contar con tales datos en apoyo a una solicitud para aprobación de un producto, durante un período no menor de cinco años contados a partir de la fecha en que se haya concedido a la persona que produjo los datos, la aprobación para poner en el mercado su producto.

            Lo dispuesto en el párrafo anterior, no impide que se lleven a cabo procedimientos sumarios de aprobación para tales productos, sobre la base de estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad.

 

Artículo 126º.-

Cuando la entidad competente se apoye en una aprobación de comercialización otorgada por otro País, el plazo de uso exclusivo de la información proporcionada para ver la aprobación a que se refiere el artículo anterior, se contará a partir de la fecha de la primera aprobación de comercialización.

 

Artículo 127º.-

Los secretos industriales podrán ser objeto de un depósito ante Notario. A estos efectos, deberá presentarse un sobre cerrado y lacrado, conteniendo la descripción del secreto industrial. Asimismo, deberá remitirse a la Oficina competente una certficación del Notario en la que se dé fe que el secreto industrial se encuentra bajo su custodia.

 

 

TITULO IX

MARCAS DE PRODUCTOS Y DE SERVICIOS

 

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

 

Artículo 128º.-

Se entiende por marca todo signo que sirva para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona de los productos o servicios de otra persona. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, entre ellos los siguientes:

a)         Las palabras reales o forjadas o las combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas;

b)         Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos y sonidos;

c)         Las letras, los números, la combinación de colores;

d)         Las formas tridimensionales entre las que se incluyen las envolturas, los envases, la forma no usual del producto o su presentación; y,

e)         Cualquier combinación de los signos o medios que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

 

Artículo 129º.-

No podrán  registrarse como  marcas los signos que:

a)         No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

b)         Consistan en formas usuales de los  productos o de sus envases, o en formas o características  impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de  que se trate;

c)         Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

d)         Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en  el comercio para designar  o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el  lugar de  origen, la  época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

e)         Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

f)          Consistan en  un color aisladamente considerado, sin que se  encuentre delimitado por una forma específica;

g)         Sean contrarios a la  ley, a la moral, al orden público o a  las buenas costumbres;

h)         Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de  fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

i)          Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;

j)          Reproduzcan o imiten el nombre, los  escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o,  denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad  competente del Estado o de la organización internacional de que se trate. En todo caso, dichos  signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo  principal;

k)         Los signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el  organismo nacional competente en normas y calidades;

l)          Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos-valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general; y,

m)        Consistan en la denominación de una variedad vegetal protegida o de una esencialmente derivada de la misma.

 

Artículo 130º.-

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de  terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a)         Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

b)         Sean  idénticos  o se  asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las normas de la presente Ley, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

c)         Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las  circunstancias pudiere  inducirse al  público a error;

d)         Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de  un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio  subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que  pertenezca a  un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando  el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e)         Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase  de los  productos o servicios para los cuales se solicita el  registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

f)          Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona  natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona  distinta de  éste, salvo que se acredite el  consentimiento de esa persona o de sus  herederos; y,

g)         Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento.

 

Artículo 131º.-

 A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

a)         La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;

b)         El grado de percepción del consumidor medio; 

c)         La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;

d)         El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,

e)         Si el signo es parte de una familia de marcas.

 

Artículo 132º.-

Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 131°, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a)         La semejanza gráfico-fonética;

b)         La semejanza conceptual; y,

c)         Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.

 

Artículo 133º.-

Tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 131º, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a)         Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.

b)         Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.(*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del artículo

 

Artículo 134º.-

Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 131º, 132º  y 133º se tendrá en cuenta lo siguiente:

a)         La denominación que acompaña al elemento figurativo;

b)         La semejanza conceptual; y,

c)         La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo.

 

Artículo 135º.-

Tratándose de un signo denominativo y uno figurativo, se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 132° y 134°. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 133° y 134°.

            En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 131°.

 

Artículo 136º.-

Para registrar signos que consistan en títulos de obras literarias, artísticas o científicas y personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor, deberá presentarse el consentimiento del titular, salvo que formen parte del dominio público.

            Para registrar signos cuyo uso afecta el derecho de la personalidad de una persona natural o afecta derechos de comunidades nativas y campesinas, y demás personas  jurídicas reguladas por el Código Civil, en especial tratándose de su nombre, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen o retrato, deberá presentarse el consentimiento respectivo.

            En ambos casos, el consentimiento deberá constar por escrito de fecha cierta. De haber fallecido el titular del derecho, el consentimiento corresponde ser otorgado por todos sus herederos, entendiéndose como tales aquellos declarados judicialmente o por testamento.

 

Artículo 137º.-

Cuando  la marca conste  de  un  nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto.

 

 

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO

 

Artículo 138º.-

La solicitud  de registro  de una marca deberá presentarse  ante  la   Oficina  competente, deberá comprender  una sola  clase de  productos  o  servicios  y cumplir con los siguientes requisitos:

a)         La identificación del peticionario;

b)         La descripción  clara y completa de la marca que se pretende  registrar;

c)         La indicación de los productos o servicios de la clase en la  que se solicita el registro de marca; y,

d)         El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

 

Artículo 139º.-

Con la solicitud se deberán presentar los siguientes documentos:

a)         Los poderes que fueren necesarios;

b)         Copia de la primera solicitud de marca en el caso que se reivindique prioridad, señalándola expresamente;

c)         La reproducción de la marca cuando contenga elementos gráficos; y,

d)         Los demás requisitos que determine la Oficina competente.

 

Artículo 140º.-

El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. La Oficina competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 142° de la presente Ley. En los casos previstos en el  presente artículo,  no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados.

 

Artículo 141º.-

Admitida la solicitud, la Oficina competente examinará,  dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales señalados en la presente Ley.

 

Artículo 142º.-

Si del  examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales, la Oficina competente   notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a su notificación,  subsane las irregularidades. Este plazo será prorrogable por una sola vez, por treinta días hábiles adicionales, sin que la solicitud pierda su prioridad. Si dentro del término señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud será rechazada.

 

Artículo 143º.-

Los derechos de prioridad reconocidos por los Acuerdos y Tratados Internacionales suscritos por el Perú, deberán ser reclamados dentro del plazo establecido en el Acuerdo o Tratado que se invoque. No se aceptará el reclamo de prioridad una vez publicada la solicitud.

 

Artículo 144º.-

Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales, la Oficina competente ordenará su publicación, por una sola vez.

 

Artículo 145º.- 

Ordenada la publicación de la solicitud de registro, ésta se realizará en el diario oficial El Peruano, a costo del solicitante, reproduciendo la información siguiente:

a)         Número de la solicitud;

b)         Nombre y país del domicilio del solicitante;

c)         Reproducción o descripción del signo, si se trata de signos mixtos o figurativos:

d)         La clase a la que pertenecen los productos o servicios;

e)         Los casos en que se reivindica una prioridad o se ejerce un derecho preferente o se limita la cobertura de los productos o servicios.

 

Artículo 146º.-

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier  persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada.

 

Artículo 147º.-

La presentación de las observaciones deberán cumplir los requisitos siguientes:

a)         La identificación correcta del expediente;

b)         El nombre y domicilio de la persona que presenta la observación;

c)         Poder que acredite la representación que se invoca;

d)         Los fundamentos en que se sustenta la observación;

e)         El ofrecimiento de las pruebas que se deseen hacer valer;

f)          El comprobante de pago de los derechos respectivos.

 

            Cuando la observación se base en signos gráficos o mixtos, deberá adjuntarse una reproducción exacta y nítida de los mismos, tal como fueron registrados o solicitados.

 

Artículo 148º.-

La Oficina competente no tramitará las observaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

a)         Que la observación fuere presentada extemporáneamente;

b)         Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa;

c)         Que se  fundamente en convenios o tratados que no se encuentren vigentes en el  Perú; o

d)         Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.

 

Artículo 149º.- 

El observante tendrá un plazo improrrogable de sesenta (60) días para presentar el poder si la observación se hubiera presentado sin dicho documento. El plazo comenzará a computarse a partir del día siguiente de recibida la notificación que corre traslado de la observación. Vencido dicho plazo, la observación se tendrá por no presentada. La falta de presentación inicial del poder no paraliza el procedimiento. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en los incisos a), b), d), e) y f) del artículo 147° de la presente Ley, la Oficina competente requerirá al observante para que subsane su omisión, concediéndole un plazo de 48 horas computable a partir del día siguiente de notificado el requerimiento.

 

Artículo 150º.-

Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en  las causales del artículo anterior, la Oficina competente notificará al peticionario para que, dentro de  treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la Oficina competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

 

Artículo 151º.-

Vencido el  plazo establecido en el artículo 146°, sin  que se hubieren presentado observaciones, la  Oficina competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al  interesado mediante resolución debidamente motivada.

 

Artículo 152º.-

Se podrá conceder el registro de una marca que haya amparado productos o servicios en una exposición realizada en el país y  reconocida oficialmente, que sea solicitada en el término de seis meses contados a  partir del día en que tales productos o servicios se exhibieran por primera vez con dicha marca. En ese caso, se podrá tener por presentada la solicitud desde la fecha de exhibición. Los hechos a que se  refiere  el presente artículo se acreditarán con una certificación expedida por la autoridad competente de la exposición, en la cual se mencionará la fecha en que la marca se utilizó por  primera vez en relación con  los productos o servicios de que se trate.

 

Artículo 153º.-

El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

 

Artículo 154º.-

La renovación de una marca deberá solicitarse ante la Oficina competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la  marca gozará de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación  acompañando los comprobantes de pago respectivos. Durante el plazo referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia.

            La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los  mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata. Ello no obsta, sin embargo, el derecho del  titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca.

 

Artículo 155º.-

Contra la solicitud presentada dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia al que se refiere el artículo anterior, para la misma marca, por quien fue su último titular, no procederán observaciones con base en el registro  de  terceros que  hubiesen coexistido con la  marca solicitada.

 

Artículo 156º .- 

La solicitud de registro de una marca deberá comprender una sola clase de productos o de servicios.  Podrá cubrir uno, varios o todos los productos o servicios de la clase. Se utilizará la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza del 15 de julio de 1957, sus actualizaciones y modificaciones.

 

Artículo 157º.-

El titular de un signo registrado que distingue productos o servicios específicos, podrá obtener un nuevo registro para el mismo signo, a condición que éste distinga productos o servicios no cubiertos en el registro original. La nueva solicitud de registro se tramitará en forma independiente, siguiéndose los procedimientos que la presente Ley señala para el trámite de registro.

 

Artículo 158º.-

Las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinión de la Oficina competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores.

 

Artículo 159º.-

En cualquier estado del procedimiento, la Oficina competente podrá citar a las partes a audiencia de conciliación. La audiencia se desarrollará ante la persona que designe la Oficina competente. Si ambas partes arribaran a un acuerdo respecto de la materia en conflicto y éste no afecta derechos de terceros, se levantará un acta donde conste el acuerdo respectivo, el mismo que tendrá efectos de transacción extrajudicial.

 

Artículo 160º.-

No procede presentar observaciones contra solicitudes de renovación del registro de un signo, ni contra la inscripción de contratos de licencia y modificaciones al registro, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.

 

Artículo 161º.-

La Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza no determinará si los productos o servicios son similares o diferentes entre si.

 

 

CAPITULO III

DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO

 

Artículo 162º.-

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquere por el registro de la misma ante la Oficina competente.

 

Artículo 163º.- 

Las marcas deben utilizarse tal cual fueron registradas. Sólo se admitirán variaciones en el uso de la marca en forma diferente a la forma en que ha sido registrada, mediante modificación o alteración de elementos secundarios que no alteren el carácter distintivo de la marca.

 

Artículo 164º.- 

El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes supriman del producto o envase, la referencia a la marca.

 

Artículo 165º.-

El derecho sobre la marca podrá darse en garantía o ser objeto de otros derechos. Asimismo, la marca podrá ser materia de embargo con independencia de la empresa o negocio que la usa y ser objeto de las medidas que resulten del procedimiento de ejecución. Para que los derechos y medidas señalados precedentemente surtan efectos frente a terceros, deberán inscribirse en el registro correspondiente.

 

Artículo 166º.-

La marca podrá ser objeto de licencias para la totalidad o parte de los productos o servicios para los cuales se registró.

 

Artículo 167º.-

En caso de licencia de marcas, el licenciante responde ante los consumidores por la calidad e idoneidad de los productos o servicios licenciados como si fuese el productor o prestador de éstos.

 

Artículo 168º.-

Para la inscripción de las licencias, transferencias y demás actos que modifiquen el registro de una marca, se aplicará el procedimiento dispuesto en el artículo 142° de la presente Ley.

 

Artículo 169º.-

El registro de la marca confiere a su titular el  derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

a)         Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error  u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de  la marca;

b)         Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma;

c)         Importar o exportar productos con la marca;

d)         Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca  registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a  error o confusión,  pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o,

e)         Cualquier otro que por su  naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo.

 

Artículo 170º.-

Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o  seudónimo; el uso de un nombre geográfico;  o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie,  calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de  éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.

            El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o  indicar la  existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente  marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que  tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el  origen empresarial de los productos respectivos.

            El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del caso, frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir  productos o servicios idénticos o similares, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error.

 

Artículo 171º.-

El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir a un tercero la utilización de la misma, con relación a los productos marcados de dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país por éstos, siempre y cuando las características de  los productos no hubiesen sido modificadas o alteradas durante su comercialización.

 

 

CAPITULO IV

CANCELACIÓN DEL REGISTRO

 

Artículo 172º.-

La Oficina competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado, por su titular o por  el licenciatario de éste,   durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

            Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:

1)         Los comprobantes de pago o facturas comerciales que demuestren la regularidad y la  cantidad  de   comercialización  al  menos  durante  el  año  anterior  a   la  fecha   de  iniciación  de  la  acción  de  cancelación por no uso de la marca;

2)         Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca  cuya existencia  se encuentre  certificada por  una firma de  auditores que  demuestre regularidad  en la  producción o en  las ventas,  al menos  durante el año anterior a la fecha de  iniciación de  la acción  de cancelación  por no  uso de  la  marca;

3)         Cualquier otro  medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca.

 

            La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a  las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

            Asimismo, la Oficina competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

 

Artículo 173º.-  

La solicitud de cancelación del registro de una marca, se presentará ante la Oficina competente y deberá cumplir, en cuanto corresponda, con las formalidades previstas en el  artículo 147° de la presente Ley. Asimismo podrán ser aplicadas las disposiciones contenidas en el artículo 159° de la presente Ley.

 

Artículo 174º.-

Recibida una solicitud de cancelación, la Oficina competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca. Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la Oficina competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada.

 

Artículo 175º.-

La Oficina competente notificará la solicitud de cancelación al titular del registro, en el domicilio señalado en la solicitud de cancelación o en el domicilio que el titular haya consignado en la solicitud de registro o renovación correspondiente.

En los casos en que no se pueda notificar al titular del registro conforme lo dispone el párrafo precedente, procederá la notificación por edicto de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil. El costo de la notificación será de cargo de quien solicita la cancelación.(*)

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Artículo 176º.-

Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa  marca, en la cantidad y  del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y  las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

            El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso,  ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

 

Artículo 177º.-

 No se cancelará el registro de una marca por falta de uso en los siguientes casos:

a)         Cuando la marca hubiese sido usada conforme a lo establecido por los Acuerdos y Tratados Internacionales suscritos por el Perú sobre la materia, por una persona autorizada por el titular de la marca, aún cuando dicha autorización no hubiese sido inscrita ante la Oficina competente.

b)         Cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca registrada, por comerciantes o importadores distintos del titular del registro.

 

Artículo 178º.- 

La solicitud de cancelación de una marca como medio de defensa, deberá ser presentada con el recibo de pago de los derechos correspondientes.

 

Artículo 179º.-

La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución que dé término al  procedimiento de cancelación de la marca.

 

Artículo 180º.-

El  titular de  un registro de marca  podrá renunciar a sus derechos sobre el registro. Procede la renuncia parcial, únicamente respecto de los productos o servicios que concedió el registro.

            No se admitirá la  renuncia si sobre la marca existen derechos inscritos en favor de terceros, salvo que conste el consentimiento escrito de los titulares de dichos derechos.(*)

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CAPITULO V

NULIDAD DEL REGISTRO

 

Artículo 181º.-

La Oficina competente podrá decretar, de  oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de  una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:

a)         El registro se haya concedido en contravención de cualquiera  de las disposiciones de la presente Ley;

b)         El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como  falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales;

c)         El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1)         Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el  extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con  aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

2)         Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por  quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

 

            Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.

 

Artículo 182º.-

La solicitud de nulidad del registro de una marca se presentará ante la Oficina competente y deberá cumplir, en cuanto corresponda, con las formalidades previstas en el artículo 147° de la presente Ley. Asimismo podrán ser aplicadas las disposiciones contenidas en el artículo 159° de la presente Ley.

            No procederá la solicitud de nulidad, si el asunto fue materia de observación por los mismos fundamentos entre las mismas partes o la que de ellas derivan su derecho.

 

Artículo 183º.- 

Recibida la solicitud de nulidad, la Oficina competente notificará al titular de la marca, sujetándose para tales efectos a lo dispuesto en el artículo 175° de la presente Ley, para que dentro del plazo de treinta días  haga uso de su derecho de defensa. Vencido dicho plazo, la Oficina competente resolverá la petición de nulidad.

 

Artículo 184º.-

Son nulas las marcas registradas por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero.

 

 

TITULO X

CADUCIDAD DEL REGISTRO

 

Artículo 185º.-

El registro de  la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el  período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.

 

 

TITULO XI

MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

 

Artículo 186º.-

La presente Ley reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, el derecho a una protección especial, a efectos de evitar un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca por terceros que carezcan de derecho, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

 

Artículo 187º.-

Sin perjuicio de lo establecido en las normas pertinentes sobre causales de irregistrabilidad de signos, la protección especial señalada en el artículo anterior faculta al titular de una marca notoriamente conocida,  a impedir que terceros utilicen como propio, un signo que constituya la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de la marca reconocida como notoria, con independencia de los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando tal uso:

a)         Fuese susceptible de causar riesgo de confusión respecto del origen del producto o servicio, o de causar un riesgo de asociación con los productos o servicios identificados por el signo notoriamente conocido;

b)         Sea evidente que el tercero obtendrá un aprovechamiento injusto o indebido derivado de la notoriedad del signo; o,

c)         Pueda causar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo notoriamente conocido o pueda causar un descrédito o desprestigio de dicho signo.(*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del artículo

 

Artículo 188º.- 

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los  siguientes criterios:

a)         La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b)         La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c)         La antigüedad de la marca y su uso constante;

d)         El análisis  de producción  y mercadeo  de los productos que  distingue la marca.

 

 

TITULO XII

 LEMAS COMERCIALES

 

Artículo 189º.-

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Los lemas comerciales son protegidos bajo el amparo de la presente Ley.

 

Artículo 190º.-

La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.

 

Artículo 191º.-

Durante la vigencia del registro del lema comercial, el titular podrá solicitar ante la Oficina competente que el lema comercial sea vinculado a otra marca registrada a su nombre y en la misma clase, sujetándose para tales efectos al procedimiento establecido en el artículo 142° de la presente Ley.

 

Artículo 192º.-

El registro de un lema comercial se concederá por un período de diez años renovables, contados a partir de la resolución que concede el derecho.

            La cancelación, nulidad o caducidad del registro de la marca a la que se vincule el lema comercial, determinará también la cancelación, nulidad o caducidad del lema comercial, aún cuando no haya vencido el plazo señalado en el párrafo anterior.(*)

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Artículo 193º.-

No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

 

Artículo 194º.-

Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se  asocia.

 

Artículo 195º.-

Serán aplicables a este Título,  en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título IX de la presente Ley.

 

 

TITULO XIII

MARCAS COLECTIVAS Y DE CERTIFICACIÓN

 

Artículo 196º.-

Se entenderá por marca colectiva toda marca que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular.

 

Artículo 197º.-

Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones, o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el  mercado, los productos o servicios de sus integrantes respecto de quienes no forman parte de dichas asociaciones, organizaciones o grupos de personas.

 

Artículo 198º.-

La solicitud de registro deberá indicar que se trata de una marca colectiva e ir acompañada de:

a)         Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro  de la marca colectiva;

b)         Copia de las reglas que el peticionario de la marca colectiva utiliza para el control de los productos  o servicios;

c)         La indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe utilizarse en los mismos;

d)         La lista de integrantes; y,

e)         Los  demás requisitos que determine la Oficina competente.

 

            Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociación, organización o grupo de personas, deberá informar a la Oficina competente de cualquier cambio que se produzca en cualquiera de los documentos a que hace referencia el presente artículo.

 

Artículo 199º.-

La marca colectiva podrá ser transmitida a terceras personas, siempre y cuando cuente con la autorización de la asociación, organización o grupo de personas, así como con el consentimiento de la oficina nacional competente. En cualquier caso, su uso quedará reservado a los integrantes de la asociación, organización o grupo de personas.

            La marca colectiva no podrá ser objeto de licencia en favor de personas distintas a aquellas autorizadas a usar la marca, de acuerdo con el reglamento de empleo de la misma.

 

Artículo 200º.-

La marca de certificación autentifica el origen, los componentes, la calidad y otros factores de los productos o servicios, elaborados o prestados por personas debidamente autorizadas por el titular de la marca. No podrán registrarse como marcas de certificación las denominaciones de origen.

 

Artículo 201º.- 

A la solicitud de registro de una marca de certificación deberá adjuntarse un ejemplar de las reglas de uso en el que se indicará la calidad, los componentes, el origen o cualesquiera otras características de los correspondientes productos o servicios. Las reglas de uso fijarán, asimismo, las medidas de control que el titular de la marca de certificación está obligado a implantar y las sanciones por incumplimiento.

 

Artículo 202º.-

El titular de la marca de certificación no podrá usarla para distinguir los productos o servicios que el mismo fabrique o suministre.

 

Artículo 203º.- 

Toda propuesta de modificación de las reglas de uso de la marca colectiva o de certificación deberá ser puesta en conocimiento de la Oficina competente. La Oficina competente examinará, a solicitud del titular de la marca colectiva o de certificación, si las modificaciones cumplen con  los requisitos establecidos por la ley. La modificación de las reglas de uso surtirá efectos a partir de su inscripción en el registro correspondiente.

 

Artículo 204º.-

Las acciones derivadas del registro de una marca colectiva o de certificación podrán ser ejercidas por su titular, salvo disposición en contrario establecida en las reglas de uso. El titular de una marca colectiva o de certificación podrá reclamar, en representación de los intereses de las personas facultadas para utilizarla, reparación de los daños que hayan podido sufrir debido al uso no autorizado de la marca.

 

Artículo 205º .-

La nulidad, cancelación y caducidad de una marca colectiva o de certificación se regirán por las normas aplicables a las marcas de productos y de servicios. Además, se cancelará el registro de una marca colectiva o de certificación cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes y así se declare en resolución consentida :

a)         Que el titular de una marca haya autorizado o tolerado el uso de la misma en contra de las reglas de uso o quebrantando éstas.

b)         Que el titular de una marca de certificación la haya utilizado para los productos o servicios que él mismo, o una persona que esté económicamente vinculada con él, fabrique o suministre.

 

Artículo 206º.-

Son aplicables a las marcas colectivas y de certificación el procedimiento, los requisitos, obligaciones y derechos señalados por la presente Ley para las marcas de productos y de servicios.

 

 

TITULO XIV

NOMBRES COMERCIALES

 

Artículo 207º.-

Se entiende como nombre comercial el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica.

 

Artículo 208º.-

La protección que la presente Ley le otorga a los nombres comerciales consistirá :

a)         En la prohibición de usar o adoptar un nombre comercial idéntico o semejante a otro adoptado y usado por otra persona, siempre que exista riesgo de confusión o asociación.

b)         En la prohibición de usar o registrar un signo cuyo elemento distintivo principal esté formado por todo o parte esencial de un nombre comercial anteriormente adoptado y usado por otra persona, siempre que pueda producirse un riesgo de confusión o asociación.

 

 

Artículo 209º .-

Las acciones de protección al nombre comercial, se encuentre o no registrado, se tramitarán de conformidad con la normas contenidas en el Título XVI de la presente Ley.

 

Artículo 210º.-

El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace en virtud de su primer uso en el comercio, y termina con el cierre definitivo del establecimiento o con el cese de la actividad que lo distingue. El nombre comercial únicamente podrá ser transferido con la totalidad de la empresa o el establecimiento que venía usándolo. En la transferencia de una empresa o establecimiento, se comprenderá el derecho al uso exclusivo del nombre comercial, salvo pacto en contrario.

 

Artículo 211º .-

Cualquier persona podrá solicitar el registro del nombre comercial que emplea para distinguir la actividad económica que realiza. En la solicitud de registro deberá consignarse y demostrarse la fecha en que el nombre comercial se utilizó por primera vez y especificarse la actividad económica. La Oficina competente, al conceder el registro, reconocerá a favor del solicitante la fecha del primer uso del nombre comercial.

 

Artículo 212º .-

La Oficina competente queda facultada a dictar las disposiciones relativas a las pruebas que deben presentarse para demostrar el uso del nombre comercial.

 

Artículo 213º .-

En la publicación de la solicitud de registro del nombre comercial, que deberá efectuar el solicitante a su costo en el diario oficial El Peruano, deberá aparecer:

 

a)         Número de la solicitud;

b)         Nombre y país del domicilio del solicitante;

c)         Reproducción del signo;

d)         La clase a la que pertenece la actividad económica que distingue el nombre comercial;

e)         La descripción del signo, si se trata de signos mixtos o figurativos; y

f)          La fecha del primer uso del nombre comercial.

 

Artículo 214º .-

El registro del nombre comercial se concederá por un período de diez años, contado a partir de la resolución que reconoce el derecho, renovables por iguales períodos.

 

Artículo 215º.-

Sólo el titular de un nombre comercial puede utilizarlo y registrarlo como marca.  Asimismo, sólo el titular de una marca registrada puede utilizarla y registrarla como nombre comercial.

 

Artículo 216º .-

En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.

 

Artículo 217º.-

Todo lo relativo al nombre comercial, en lo que sea aplicable y no exista disposición especial, se regirá por las normas establecidas para las marcas de productos y de servicios.

 

 

TITULO XV

 DENOMINACIONES DE ORIGEN

 

Artículo 218º.-

El Estado Peruano es el titular de las denominaciones de origen peruanas y sobre ellas se concederán  autorizaciones de uso.

 

Artículo 219º.-

Se entenderá por denominación de origen, aquella que utilice el nombre de una región o un lugar geográfico del país que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente a los factores naturales y humanos del lugar.

 

Artículo 220º.-

Se protegerá  toda denominación de origen contra:

a)         El uso no autorizado de la denominación de origen;

b)         El uso para distinguir productos no comprendidos en la declaratoria de protección, en la medida en que se trate de productos semejantes o cuando su uso aprovecha la reputación de la denominación de origen;

c)         Cualquier otra práctica que pudiera inducir a error a los consumidores sobre el auténtico origen del producto.

 

Artículo 221º.-

Las denominaciones de origen protegidas no podrán convertirse en denominaciones genéricas.

 

Artículo 222º.- 

No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

a)         No se ajusten a la definición contenida en el artículo 219°;

b)         Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o  que  pudieran  inducir a error al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación o las características o cualidades de los respectivos productos;

c)         Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se  trate,  entendiéndose  por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general.

 

Artículo 223º.-

La  declaración de protección  de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se  pretendan amparar con la denominación de origen. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales, también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

 

Artículo 224º.-

La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se hará por escrito ante la Oficina competente, debiendo indicar:

a)         Nombre, domicilio,  residencia  y  nacionalidad  del  o  los solicitantes, así como el interés jurídico;

b)         La denominación de origen solicitada;

c)         El área geográfica de producción, extracción o elaboración del producto que se distinguirá con la  denominación, delimitándola atendiendo caracteres geográficos y divisiones  políticas;

d)         La descripción detallada del  producto o  los productos que  distinguirá  la  denominación  solicitada,   así como sus características; y,

e)         Cualquiera otra indicación que disponga la Oficina competente.

 

Artículo 225º.-

Admitida la solicitud, la Oficina competente analizará, dentro de los treinta días hábiles siguientes, si cumple con los requisitos previstos en el presente Título, siguiendo posteriormente el procedimiento  relativo a publicación de la solicitud y presentación de las observaciones previsto para el registro de marcas de productos y de servicios de la presente Ley.

 

Artículo 226º.-

La declaración de protección de una denominación de origen deberá ser publicada, por única vez, en el diario oficial El Peruano y en  cualquier otro diario de circulación nacional.

 

Artículo 227º.-

Los términos de la declaración de una denominación de origen podrán ser modificados en cualquier  momento, siguiendo el mismo procedimiento previsto para la declaración original. La solicitud de modificación deberá señalar las variaciones que se pidan y las causas que la justifiquen.

 

Artículo 228º.-

La vigencia de la declaración que confiera derechos exclusivos de utilización de una denominación de origen, estará determinada  por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a  juicio de  la Oficina  competente, la cual podrá declarar el término de su vigencia si dichas condiciones no se han mantenido. No obstante, los interesados podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección, sin perjuicio de los recursos administrativos previstos en la presente Ley.

 

Artículo 229º.-

La autorización para utilizar una denominación de origen cuya protección hubiese sido declarada por la  Oficina competente, deberá ser solicitada ante ésta por las personas que:

a) Directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos   por la denominación de origen;

b) Realicen dicha actividad dentro del territorio determinado en la declaración;

c) Cumplan con  otros requisitos requeridos por las oficinas nacionales competentes.

 

Artículo 230º .-

La solicitud para ver la autorización de uso deberá contener y estar acompañada de lo siguiente:

a) Nombre y domicilio del solicitante;

b) Los poderes que sean necesarios;

c) Los documentos que acrediten la existencia y representación de la persona jurídica solicitante;

d) La denominación de origen que se pretende utilizar;

e) Certificación del lugar o lugares de explotación, producción o elaboración del producto. Se acreditará con el acta de la visita de inspección realizada por un organismo autorizado;

f) Certificación de las características del producto que se pretende distinguir con la denominación de origen, incluyendo sus componentes, métodos de producción o elaboración y factores de vínculo con el área geográfica protegida; que se acreditará con el acta de la visita de inspección realizada y la certificación extendida por un organismo autorizado; y

g) Certificación de que se cumple con la Norma Técnica Peruana, si fuese el caso; y,

h) Comprobante de pago de los derechos correspondientes.

 

Artículo 231º.-

En los casos en que la producción y elaboración del producto a ser distinguido con una denominación de origen no se realicen en una misma área geográfica, el solicitante deberá cumplir con acreditar que ambas zonas, tanto de producción de la materia prima como de elaboración del producto, son zonas autorizadas y comprendidas en la declaración de protección de la denominación de origen.

 

Artículo 232º.-

Si la solicitud de autorización de uso no cumple con los requisitos exigidos en la ley, la Oficina competente notificará al solicitante para que les de cumplimiento, concediéndole para tales efectos un plazo improrrogable de 15 días .

 

Artículo 233º.-

La autorización deberá ser otorgada o denegada por la Oficina competente en un lapso de quince días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

 

Artículo 234º.-

La autorización para el uso de una denominación de origen protegida tendrá una duración de diez años, pudiendo ser renovada por períodos iguales, de conformidad con el procedimiento para la renovación de marcas establecido en la presente Ley.

 

Artículo 235º.-

El derecho de utilización exclusiva de las denominaciones de  origen se  inicia con  la declaración  que  al efecto emita la Oficina competente. El uso de las mismas por personas no autorizadas, será  considerado una infracción sancionable, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de  indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.

 

Artículo 236º.-

La denominación de origen deberá utilizarse en los términos en que se concedió la autorización de uso. En caso contrario, de oficio o a petición de parte, se cancelará la autorización de uso.

 

Artículo 237º.-

La Oficina competente podrá declarar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la autorización para el uso de una denominación de origen protegida, previa audiencia de las partes, si fuese concedida en contravención a la presente Ley.

 

Artículo 238º.-

 Las personas que estuviesen utilizando una denominación de origen con anterioridad a la fecha de su declaración, tendrán un plazo de un año para solicitar la autorización de uso.

 

Artículo 239º.-

El Estado, mediante la celebración de convenios bilaterales o multilaterales, fomentará el reconocimiento en el extranjero de las denominaciones de origen peruanas, otorgando, en reciprocidad, protección a las denominaciones de origen extranjeras, a través de la inscripción en una sección especial del Registro de Denominaciones de Origen.

 

 

TITULO XVI

ACCIONES POR INFRACCIÓN

 

 

Artículo 240º.-

Sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, el titular de un derecho de propiedad industrial podrá interponer acción por infracción contra quien infrinja tales derechos. También procede la acción por infracción cuando exista peligro inminente de que los derechos del titular puedan ser conculcados. Las acciones por infracción podrán iniciarse de oficio por decisión de la Oficina competente. En todo caso, se sujetarán al procedimiento que se establece en el Título V del Decreto Legislativo 807, con excepción del artículo 22º de dicho cuerpo legal.

            Para tales efectos, entiéndase que cuando en el Título V se haga referencia a la Comisión, se entenderá referido al Jefe de Oficina y cuando se haga referencia al Secretario Técnico, al funcionario designado por la Oficina competente.

 

Artículo 241º.- 

Las medidas cautelares serán dictadas por cuenta y bajo responsabilidad del denunciante.

 

Artículo 242º.-

Las infracciones a los derechos de propiedad industrial darán lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan.

            Las multas que la Oficina competente podrá establecer por infracciones a derechos de propiedad industrial serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la Oficina competente. La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.

            Si el obligado no cumple en un plazo de tres (3) días con lo ordenado en la resolución que pone fin a un procedimiento, se le impondrá una sanción de hasta el máximo de la multa permitida, según los criterios a los que hace referencia el artículo precedente, y se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la Oficina competente podrá duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla la resolución, sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal que corresponda.

 

Artículo 243º.-

El denunciante será responsable por los daños ocasionados al presunto infractor, en el caso de denuncias sustentadas en hechos o pruebas falsas.

 

Artículo 244º.-

Las acciones por infracción prescriben a los dos (2) años, contados desde la fecha en que cesó el acto o hecho infractor.

 

Artículo 245º.-

 Agotada la vía administrativa, se podrá solicitar en la vía civil la indemnización de los daños y perjuicios a que hubiera lugar. La acción civil prescribe a los dos años de concluido el proceso administrativo.

 

Artículo 246º.-

La indemnización por daños y perjuicios compensará las pérdidas sufridas así como el lucro cesante causado por la violación. La cuantía de las ganancias dejadas de obtener se fijará teniendo en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

a) Los beneficios que el titular hubiese obtenido mediante el uso o explotación del derecho de no haberse producido la violación;

b) Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación;

c) El precio que el infractor hubiese tenido que pagar al titular por la concesión de la licencia que le hubiese permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho;

 

 

TITULO XVII

RECURSOS IMPUGNATIVOS

 

 

Artículo 247º.-

Salvo en los casos de acciones por infracción, contra las resoluciones expedidas por las Oficinas competentes puede interponerse recurso de reconsideración, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación, el mismo que deberá ser acompañado con nueva prueba instrumental.

 

Artículo 248º.-

Salvo en los casos de acciones por infracción, procede interponer recurso de apelación, únicamente contra la resolución que ponga fin a la instancia, expedida por las Oficinas competentes, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación. No procede interponer recurso de apelación contra las resoluciones de primera instancia que imponen medidas cautelares o preventivas.

 

Artículo 249º.-

Los recursos de apelación deberán sustentarse ante la misma autoridad que expidió la resolución, con la presentación de nuevos documentos, con diferente interpretación de las pruebas producidas o con cuestiones de puro derecho. Verificados los requisitos establecidos en el presente artículo y en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Indecopi, las Oficinas competentes deberán conceder la apelación y elevar los actuados a la segunda instancia administrativa.

 

TITULO XVIII

PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL

 

 

Artículo 250º.-

Recibidos los actuados por la Sala de la Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, se correrá traslado de la apelación a la otra parte para que cumpla con presentar sus argumentos, en un plazo equivalente a aquel con el que contó el apelante para interponer su recurso.

 

Artículo 251º.-

No se admitirán medios probatorios, salvo documentos. Sin perjuicio de ello, cualquiera de las partes podrán solicitar el uso de la palabra, debiendo especificar si éste se referirá a cuestiones de hecho o de derecho. La actuación o denegación de dicha solicitud quedará a criterio de la Sala del Tribunal, según la importancia y trascendencia del caso. Citadas las partes a informe oral, éste se llevará a cabo con quienes asistan a la audiencia.

 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

 

PRIMERA.-

Los actos de competencia desleal contenidos en el Decreto Ley 26122, que se refieran a un derecho de propiedad industrial debidamente inscrito en el Registro respectivo, así como a un nombre comercial, esté o no inscrito, serán considerados como infracciones a la propiedad industrial y susceptibles de las acciones previstas en el Título XVI de la presente Ley.

 

SEGUNDA.-

Entiéndase que para los efectos de lo dispuesto en los artículos 29º y 30º del Decreto Legislativo Nº 807 resulta aplicable, respecto de la parte incumplidora, lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 38º del Decreto Legislativo Nº 716, en cuanto fuera pertinente. La disposición contenida en el párrafo anterior resulta aplicable también a los procedimientos seguidos ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal.

 

 

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.-

Queda prohibido el uso de la denominación "marca registrada", "M.R." u otra equivalente junto con signos que no cuenten con registro de marca ante la Oficina competente del Perú. La adopción de éstos símbolos de identificación que no cuenten con marca registrada, será sancionada por la Oficina competente, con el comiso de los productos y la destrucción de los signos de identificación.

 

SEGUNDA.-

Será de aplicación las disposiciones del Título XI de la presente Ley, a todos los elementos constitutivos de la propiedad industrial, en cuanto corresponda.

 

TERCERA.-

Antes de iniciar la acción penal por los delitos a que se refieren los artículos 222º, 223º, 224º, 225º y 240º del Código Penal, el Fiscal deberá solicitar un Informe Técnico a la Oficina competente del Indecopi, el cual deberá emitirse en un plazo de cinco días. Dicho Informe deberá ser merituado por el Juez o el Tribunal al momento de expedir resolución.

 

CUARTA.-

Deróguense el Decreto Ley Nº 26017 y demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.

 

QUINTA.-

Deróguese la Resolución No. 442-94-EF/SAFP.

 

SEXTA.-

La presente Ley entrará en vigencia a los treinta días de su publicación en el diario oficial El Peruano.

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

PRIMERA.-

Los derechos sobre las distintas modalidades de la propiedad industrial que se hubiesen concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, subsistirán por el tiempo por el que fueron concedidos. Las solicitudes de patentes, marcas y de las otras modalidades de la propiedad industrial sujetas a esta Ley que se hubieren presentado con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, serán tramitadas conforme a la normas de ésta, en el estado en que se encuentren.

 

SEGUNDA.-

Los derechos conferidos por la presente Ley a los titulares de marcas de certificación, se entienden aplicables a las marcas de garantía concedidas al amparo del Decreto Ley Nº 26017. Los registros de marcas de garantía serán renovados como marcas de certificación de conformidad con las disposiciones contenidas en la presente Ley.

 

TERCERA.-

Los registros de los nombres comerciales concedidos antes de la vigencia de la presente Ley, se renovarán en su oportunidad aplicando las disposiciones de ésta. Los titulares deberán en su oportunidad declarar y acreditar la fecha del primer uso y las actividades respecto a las cuales tal uso se ha producido.

 

CUARTA.-

Las normas de procedimiento de las acciones por infracción, contenidas en el presente Decreto Legislativo serán de aplicación a los procedimientos iniciados luego de la entrada en vigencia del mismo.(*)

(*) Haga click aquí para ver detalles de la Disposición

 

 

POR TANTO:

 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitres días del mes de abril de mil novecientos noventiseis.

 

 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI

Presidente Constitucional de la República

 

ALBERTO PANDOLFI ARBULU

Presidente del Consejo de Ministros

 

JAIME YOSHIYAMA TANAKA

Ministro de la Presidencia

Encargado de la Cartera de Industria, Turismo,

Integración y Negociaciones Comerciales

Internacionales.

 

 

 

 

LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 822

 

 

Nota del Editor           

 

 

Fecha de promulgación            :           23/04/96

Fecha de publicación   :           24/04/96

 

 

 

INDICE

 

 

TITULO PRELIMINAR

 

TITULO I        :           DEL OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR

 

TITULO II      :           DE LOS TITULARES DE DERECHOS

 

TITULO III     :           DEL CONTENIDO DEL DERECHO DE AUTOR

CAPITULO I  :           DEL OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR

CAPITULO II :           DE LOS DERECHOS  MORALES

CAPITULO III           :           DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES

 

TITULO IV     :           DE LOS LIMITES AL DERECHO DE EXPLOTACION Y DE SU DURACION

CAPITULO I  :           DE LOS LIMITES AL DERECHO DE EXPLOTACION

CAPITULO II :           DE LA DURACION

 

TITULO V      :           DEL DOMINIO PUBLICO

 

TITULO VI     :           DISPOSICIONES ESPECIALES PARA CIERTAS OBRAS

CAPITULO I  :           DE LAS OBRAS AUDIOVISUALES

CAPITULO II :           DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR

CAPITULO III           :           DE LAS BASES DE DATOS

CAPITULO IV           :           DE LAS OBRAS ARQUITECTONICAS

CAPITULO V :           DE LAS OBRAS DE ARTES PLASTICAS

CAPITULO VI           :           DE LOS ARTICULOS PERIODISTICOS

 

TITULO VII    :           DE LA TRANSMISION DE LOS DERECHOS Y DE LA EXPLOTACION. DE LAS OBRAS POR TERCEROS 

CAPITULO I  :           DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO II :           DEL CONTRATO DE EDICION

CAPITULO III           :           DEL CONTRATO DE EDICION-DIVULGACION DE OBRAS MUSICALES

CAPITULO IV           :           DE LOS CONTRATOS DE REPRESENTACION TEATRAL Y DE EJECUCION MUSICAL

CAPITULO V :           DEL CONTRATO DE INCLUSION FONOGRAFICA

CAPITULO VI           :           DEL CONTRATO DE RADIODIFUSION

 

TITULO VII    :           DE LOS DERECHOS CONEXOS AL DERECHO DE AUTOR Y OTROS DERECHOS INTELECTUALES

CAPITULO I  :           DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO II :           DE LOS ARTISTAS INTERPRETES O EJECUTANTES

CAPITULO III           :           DE LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS

CAPITULO IV           :           DE LOS ORGANISMOS DE RADIODIFUSION

CAPITULO V :           OTROS DERECHOS CONEXOS

 

TITULO IX     :           DE LA GESTION COLECTIVA

TITULO X      :           DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA DEL ESTADO

CAPITULO I  :           DE LA OFICINA DE DERECHOS DE AUTOR

CAPITULO II :           DEL REGISTRO DEL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

CAPITULO III           :           DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

CAPITULO IV           :           DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

CAPITULO V :           DE LAS INFRACCIONES

CAPITULO VI           :           DE LAS SANCIONES

 

TITULO XI     :           DE LAS ACCIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS CIVILES

 

TITULO XII    :           AMBITO DE APLICACION DE LA LEY

 

TITULO XIII  :           PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL

 

DISPOSICION COMPLEMENTARIA

 

DISPOSICIONES FINALES

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 822

 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el Congreso de la República en virtud de la Ley 26557, expedida de conformidad con el  Artículo 104 de la Constitución Política del Perú, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de Derechos de Autor;

 

Que, con posterioridad a la dación de la Ley 13714 se han aprobado diversas normas como la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que aprueba el Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos;

 

Que, del mismo modo el Perú ha asumido compromisos internacionales a través de la adopción del Convenio de Berna y el acuerdo ADPIC a fin de asegurar a los autores y demás titulares una efectiva protección;

 

Que, es necesario unificar, a fin de permitir y facilitar su aplicación dando  mayor seguridad jurídica,  en un solo cuerpo normativo las normas nacionales, subregionales y multilaterales, adoptadas por el Perú en materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos;

 

Que, la experiencia de los tres años de existencia de Indecopi demuestra la conveniencia de efectuar determinadas modificaciones a la Legislación de Derechos de Autor, a fin de dar mayor efectividad y eficacia en su acción;

 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso;

 

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

 

 

LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

 

TITULO PRELIMINAR

 

Artículo 1º.-

Las disposiciones de la presente ley tienen por objeto la protección de los autores de las obras literarias y artísticas y de sus derechohabientes, de los titulares de derechos conexos al derecho de autor reconocidos en ella y de la salvaguardia del acervo cultural.

Esta protección se reconoce cualquiera que sea la nacionalidad, el domicilio del autor o titular del respectivo derecho o el lugar de la publicación o divulgación.

 

Artículo 2º.-

A los efectos de esta ley, las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas tendrán el significado siguiente:

1.         Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual.

2.         Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra literaria o artística o una expresión del folklore, así como el artista de variedades y de circo.

3.         Ambito doméstico: Marco de las reuniones familiares, realizadas en la casa habitación que sirve como sede natural del hogar.

4.         Base de Datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma.

5.         Comunicación pública: Todo acto por el cual una o más personas, reunidas o no en un mismo lugar, puedan tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, por cualquier medio o procedimiento, análogo o digital, conocido o por conocerse, que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. Todo el proceso necesario y conducente a que la obra sea accesible al público constituye comunicación.

6.         Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra, como resultado de un acto de reproducción.

7.         Derechohabiente: Persona natural o jurídica a quien por cualquier título se transmiten derechos reconocidos en la presente ley.

8.         Distribución:  Puesta a disposición del público, del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma conocida o por conocerse de transferencia de la propiedad o posesión de dicho original o copia.

9.         Divulgación: Hacer accesible la obra, interpretación o producción al público por primera vez con el consentimiento del autor, el artista o el productor, según el caso, por cualquier medio o procedimiento conocido o por conocerse.

10.       Editor: Persona natural o jurídica que mediante contrato con el autor o su derechohabiente se obliga a asegurar la publicación y difusión de la obra por su propia cuenta.

11.       Emisión: Difusión a distancia directa o indirecta de sonidos, imágenes, o de ambos, para su recepción por el público, por cualquier medio o procedimiento.

12.       Expresiones del Folklore: Producciones de elementos característicos del patrimonio cultural tradicional, constituidas por el conjunto de obras literarias y artísticas, creadas en el territorio nacional por autores no conocidos o que no se identifiquen, que se presuman nacionales del país o de sus comunidades étnicas y se transmitan de generación en generación, de manera que reflejan las expectativas artísticas o literarias tradicionales de una comunidad.

13.       Fijación: Incorporación de signos, sonidos, imágenes o la representación digital de los mismos sobre una base material que permita su lectura, percepción, reproducción, comunicación o utilización.

14.       Fonograma: Los sonidos de una ejecución o de otros sonidos, o de representaciones digitales de los mismos, fijados por primera vez, en forma exclusivamente sonora. Las grabaciones gramofónicas, magnetofónicas y digitales son copias de fonogramas.

15.       Grabación efímera: Fijación temporal, sonora o audiovisual de una representación o ejecución o de una emisión de radiodifusión, realizada por un organismo de radiodifusión utilizando sus propios medios, y empleada en sus propias emisiones de radiodifusión.

16.       Licencia: Es la autorización o permiso que concede el titular de los derechos (licenciante) al usuario de la obra u otra producción protegida (licenciatario), para utilizarla en una forma determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el contrato de licencia. A diferencia de la cesión, la licencia no transfiere la titularidad de los derechos.

17.       Obra:  Toda creación intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse.(*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del Inciso

 

18.       Obra anónima: Aquella en que no se menciona la identidad del autor por voluntad del mismo. No es obra anónima aquella en que el seudónimo utilizado por el autor no deja duda alguna acerca de su verdadera identidad.

19.       Obra audiovisual: Toda creación intelectual expresada mediante una serie de imágenes asociadas que den sensación de movimiento, con o sin sonorización incorporada, susceptible de ser proyectada o exhibida a través de aparatos idóneos, o por cualquier otro medio de comunicación de la imagen y del sonido, independientemente de las características del soporte material que la contiene, sea en películas de celuloide, en videogramas, en representaciones digitales o en cualquier otro objeto o mecanismo, conocido o por conocerse. La obra audiovisual comprende a las cinematográficas y a las obtenidas por un procedimiento análogo a la cinematografía.

20.       Obra de arte aplicado: Una creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial.

21.       Obra en colaboración: La creada conjuntamente por dos o más personas físicas.

22.       Obra colectiva: La creada por varios autores, por iniciativa y bajo la coordinación de una persona, natural o jurídica, que la divulga y publica bajo su dirección y nombre y en la que, o no es posible identificar a los autores, o sus diferentes contribuciones se funden de tal modo en el conjunto, con vistas al cual ha sido concebida, que no es posible atribuir a cada uno de ellos un derecho indiviso sobre el conjunto realizado.

23.       Obra literaria: Toda creación intelectual, sea de carácter literario, científico, técnico o meramente práctico, expresada mediante un lenguaje determinado.

24.       Obra originaria: La primigeniamente creada.

25.       Obra derivada: La basada en otra ya existente, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra originaria y de la respectiva autorización, y cuya originalidad radica en el arreglo, la adaptación o transformación de la obra preexistente, o en los elementos creativos de su traducción a un idioma distinto.

26.       Obra individual: La creada por una sola persona natural.

27.       Obra inédita: La que no ha sido divulgada con el consentimiento del autor o sus derechohabientes.

28.       Obra plástica:  Aquella cuya finalidad apela al sentido estético de la persona que la contempla, como las pinturas, los bocetos, dibujos, grabados y litografías. Las disposiciones específicas de esta ley para las obras plásticas, no se aplican a las fotografías, las obras arquitectónicas, y las audiovisuales.

29.       Obra bajo seudónimo: Aquella en la que el autor utiliza un seudónimo que no lo identifica como persona física. No se considera obra seudónima aquella en que el nombre empleado no arroja dudas acerca de la identidad del autor.

30.       Organismo de radiodifusión: La persona natural o jurídica que decide las emisiones y que determina el programa así como el día y la hora de la emisión.

31.       Préstamo público: Es la transferencia de la posesión de un ejemplar lícito de la obra durante un tiempo limitado, sin fines lucrativos por una institución cuyos servicios están a disposición del público, como una biblioteca o un archivo público.

32.       Productor: Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción de la obra.

33.       Productor de fonogramas: Persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación, se fijan por primera vez los sonidos de una interpretación o ejecución u otros sonidos, o representaciones digitales de los mismos.

34.       Programa de ordenador (software): Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un computador ejecute una tarea u obtenga un resultado. La protección del programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.

35.       Publicación: Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra.

36.       Radiodifusión: Comunicación al público por transmisión inalámbrica. La radiodifusión incluye la realizada por un satélite desde la inyección de la señal, tanto en la etapa ascendente como en la descendente de la trasmisión, hasta que el programa contenido en la señal se ponga al alcance del público.

37.       Reproducción: Fijación de la obra o producción intelectual en un soporte o medio que permita su comunicación, incluyendo su almacenamiento electrónico, y la obtención de copias de toda o parte de ella.

38.       Reproducción reprográfica: Realización de copias en facsímil de ejemplares originales o copias de una obra por medios distintos de la impresión, como la fotocopia.

39.       Retransmisión:  Reemisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente, efectuada por difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes, o mediante hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo o digital conocido o por conocerse.

40.       Satélite: Todo dispositivo situado en el espacio extraterrestre, apto para recibir y transmitir o retransmitir señales.

41.       Señal: Todo vector producido electrónicamente, capaz de transportar a través del espacio signos, sonidos o imágenes.

42.       Sociedad de Gestión Colectiva: Las asociaciones civiles sin fin de lucro legalmente constituidas para dedicarse en nombre propio o ajeno a la gestión de derechos de autor o conexos de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores o titulares de esos derechos, y que hayan obtenido de la Oficina de Derechos de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-Indecopi- la autorización de funcionamiento que se regula en esta ley. La condición de sociedades de gestión se adquirirá en virtud a dicha autorización.

43.       Titularidad: Calidad del titular de derechos reconocidos por la presente Ley.

44.       Titularidad originaria: La que emana de la sola creación de la obra.

45.       Titularidad derivada: La que surge por circunstancias distintas de la creación, sea por mandato o presunción legal, o bien por cesión mediante acto entre vivos o transmisión mortis causa.

46.       Transmisión: Comunicación a distancia por medio de la radiodifusión o distribución por cable u otro procedimiento análogo o digital conocido o por conocerse.

47.       Usos honrados: Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o del titular del respectivo derecho.

48.       Uso personal: Reproducción u otra forma de utilización de la obra de otra persona, en un sólo ejemplar, exclusivamente para el propio uso de un individuo.

49.       Videograma: Fijación audiovisual incorporada en videocassettes, videodiscos o cualquier otro soporte material o análogo.

 

 

TITULO I

DEL OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR

 

Artículo 3º.-

La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad.

Los derechos reconocidos en esta ley son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.

 

Artículo 4º.-

El derecho de autor es independiente y compatible con:

a.         Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.

b.         Los derechos conexos y otros derechos intelectuales reconocidos en la presente ley.

            En caso de conflicto se estará siempre a lo que más favorezca al autor.

 

Artículo 5º.-

 Están comprendidas entre las obras protegidas las siguientes:

a          Las obras literarias expresadas en forma escrita, a través de libros, revistas, folletos u otros escritos.

b          Las obras literarias expresadas en forma oral, tales como las conferencias, alocuciones y sermones o las explicaciones didácticas.

c.         Las composiciones musicales con letra o sin ella.

d.         Las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas, pantomímicas y escénicas en general.

e.         Las obras audiovisuales.

f.          Las obras de artes plásticas, sean o no aplicadas, incluídos los bocetos, dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías.

g.         Las obras de arquitectura.

h.         Las obras fotográficas y las expresadas por un procedimiento análogo a la fotografía.

i.          Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias.

j.          Los lemas y frases en la medida que tengan una forma de expresión literaria o artística, con características de originalidad.

k.         Los programas de ordenador.

l.          Las antologías o compilaciones de obras diversas o de expresiones del folklore, y las bases de datos, siempre que dichas colecciones sean originales en razón de la selección, coordinación o disposición de su contenido.

m.        Los artículos periodísticos, sean o no sobre sucesos de actualidad, los reportajes, editoriales y comentarios.

n.         En general, toda otra producción del intelecto en el dominio literario o artístico, que tenga características de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse.

 

Artículo 6º.-

Sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre la obra originaria y de la correspondiente autorización, son también objeto de protección como obras derivadas siempre que revistan características de originalidad:

a.  Las traducciones, adaptaciones.

b.  Las revisiones, actualizaciones y anotaciones.

c.  Los resúmenes y extractos.

d.  Los arreglos musicales.

e.  Las demás transformaciones de una obra literaria o artística o de expresiones del folklore.

 

Artículo 7º.-

El título de una obra, cuando sea original, queda protegido como parte de ella.

 

Artículo 8º.-

Está protegida exclusivamente la forma de expresión mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras.

 

Artículo 9º.-

No son objeto de protección por el derecho de autor:

a.         Las ideas contenidas en las obras literarias o artísticas, los procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, los sistemas o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.

b.         Los textos oficiales de carácter legislativo, administrativo o judicial, ni las traducciones oficiales de los mismos, sin perjuicio de la obligación de respetar los textos y citar la fuente.

c.         Las noticias del día, pero, en caso de reproducción textual, deberá citarse la fuente de donde han sido tomadas.

d.         Los simples hechos o datos.

 

TITULO II

DE LOS TITULARES DE DERECHOS

 

Artículo 10º.-

El autor es el titular originario de los derechos exclusivos sobre la obra, de orden moral y patrimonial, reconocidos por la presente ley.

Sin embargo, de la protección que esta ley reconoce al autor se podrán beneficiar otras personas naturales o jurídicas, en los casos expresamente previstos en ella.

 

Artículo 11º.-

Se presume autor, salvo prueba en contrario, a la persona natural que aparezca indicada como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique.

 

Artículo 12º.-

Cuando la obra se divulgue en forma anónima o bajo seudónimo, el ejercicio de los derechos corresponderá a la persona natural o jurídica que la divulgue con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad y justifique su calidad de tal, caso en que quedarán a salvo los derechos ya adquiridos por terceros.

 

Artículo 13º.-

El autor de la obra derivada es el titular de los derechos sobre su aporte, sin perjuicio de la protección de los autores de las obras originarias empleadas para realizarla.

 

Artículo 14º.-

Los coautores de una obra creada en colaboración serán conjuntamente los titulares originarios de los derechos morales y patrimoniales sobre la misma, y deberán ejercer sus derechos de común acuerdo.

Cuando los aportes sean divisibles o la participación de cada uno de los coautores pertenezca a géneros distintos, cada uno de ellos podrá, salvo pacto en contrario, explotar separadamente su contribución personal, siempre que no perjudique la explotación de la obra común.

En caso de desacuerdo las partes podrán acudir a la Oficina de Derechos de Autor, la cual emitirá resolución en el término de quince (15) días convocando previamente a una junta de conciliación. Contra la Resolución que resuelve el desacuerdo entre las partes podrá interponerse únicamente recurso de apelación dentro de los cinco (05) días siguientes a su notificación, el cual deberá ser resuelto en el plazo de quince (15) días.

 

Artículo 15º.-

En la obra colectiva se presume, salvo prueba en contrario, que los autores han cedido en forma ilimitada y exclusiva la titularidad de los derechos patrimoniales a la persona natural o jurídica que la publica o divulga con su propio nombre, quien queda igualmente facultada para ejercer los derechos morales sobre la obra.

 

Artículo 16º.-

Salvo lo dispuesto para las obras audiovisuales y programas de ordenador, en las obras creadas en cumplimiento de una relación laboral o en ejecución de un contrato por encargo, la titularidad de los derechos que puedan ser transferidos se regirá por lo pactado entre las partes.

A falta de estipulación contractual expresa, se presume que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al patrono o comitente en forma no exclusiva y en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de la creación, lo que implica, igualmente, que el empleador o el comitente, según corresponda, cuentan con la autorización para divulgar la obra y defender los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotación de la misma.

 

Artículo 17º.-

En la sociedad conyugal cada cónyuge es titular de las obras creadas por cada uno de ellos sobre los que conservarán respectivamente en forma absoluta su derecho moral, pero los derechos pecuniarios hechos efectivos durante el matrimonio tendrán el carácter de bienes comunes salvo régimen de separación de patrimonios.

 

TITULO III

DEL CONTENIDO DEL DERECHO DE AUTOR.

 

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 18º.-

El autor de una obra tiene por el sólo hecho de la creación la titularidad originaria de un derecho exclusivo y oponible a terceros, que comprende, a su vez, los derechos de orden moral y patrimonial determinados en la presente ley.

 

Artículo 19º.-

La enajenación del soporte material que contiene la obra, no implica ninguna cesión de derechos en favor del adquirente, salvo estipulación contractual expresa o disposición legal en contrario.

 

Artículo 20º.-

El derecho de autor sobre las traducciones y demás obras derivadas, puede existir aún cuando las obras originarias estén en el dominio público, pero no entraña ningún derecho exclusivo sobre dichas creaciones originarias, de manera que el autor de la obra derivada no puede oponerse a que otros traduzcan, adapten, modifiquen o compendien las mismas obras originarias, siempre que sean trabajos originales distintos del suyo.

 

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS MORALES

 

Artículo 21º.-

Los derechos morales reconocidos por la presente ley, son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles.

A la muerte del autor, los derechos morales serán ejercidos por sus herederos, mientras la obra esté en dominio privado, salvo disposición legal en contrario.

 

Artículo 22º.-

Son derechos morales:

a.         El derecho de divulgación.

b.         El derecho de paternidad.

c.         El derecho de integridad.

d.         El derecho de modificación o variación.

e.         El derecho de retiro de la obra del comercio.

f.          El derecho de acceso.

 

Artículo 23º.-

Por el derecho de divulgación, corresponde al autor la facultad de decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. En el caso de mantenerse inédita, el autor podrá disponer, por testamento o por otra manifestación escrita de su voluntad, que la obra no sea publicada mientras esté en el dominio privado, sin perjuicio de lo establecido en el Código Civil en lo referente a la divulgación de la correspondencia epistolar y las memorias.

El derecho de autor a disponer que su obra se mantenga en forma anónima o seudónima, no podrá extenderse cuando ésta haya caído en el dominio público.

 

Artículo 24º.-

Por el de paternidad, el autor tiene el derecho de ser reconocido como tal, determinando que la obra lleve las indicaciones correspondientes y de resolver si la divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o en forma anónima.

 

Artículo 25º.-

Por el derecho de integridad, el autor tiene, incluso frente al adquirente del objeto material que contiene la obra, la facultad de oponerse a  toda deformación, modificación, mutilación o alteración de la misma.

 

Artículo 26º.-

Por el derecho de modificación o variación, el autor antes o después de su divulgación tiene la facultad de modificar su obra respetando los derechos adquiridos por terceros, a quienes deberá previamente indemnizar por los daños y perjuicios que les pudiere ocasionar.

 

Artículo 27º.-

Por el derecho de retiro de la obra del comercio, el autor tiene el derecho de suspender cualquier forma de utilización de la obra, indemnizando previamente a terceros los daños y perjuicios que pudiere ocasionar.

Si el autor decide reemprender la explotación de la obra, deberá ofrecer preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular, en condiciones razonablemente similares a las originales.

El derecho establecido en el presente artículo se extingue a la muerte del autor. Una vez caída la obra en el dominio público, podrá ser libremente publicada o divulgada, pero se deberá dejar constancia en este caso que se trata de una obra que el autor había rectificado o repudiado.

 

Artículo 28º.-

Por el derecho de acceso, el autor tiene la facultad de acceder al ejemplar único o raro de la obra cuando se halle en poder de otro a fin de ejercitar sus demás derechos morales o los patrimoniales reconocidos en la presente ley.

Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de las obras y el acceso a la misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al poseedor.

 

Artículo 29º.-

En resguardo del patrimonio cultural, el ejercicio de los derechos de paternidad e integridad de las obras que pertenezcan o hayan pasado al dominio público corresponderá indistintamente a los herederos del autor, al Estado, a la entidad de gestión colectiva pertinente o a cualquier persona natural o jurídica que acredite un interés legítimo sobre la obra respectiva.

 

 

CAPITULO III

DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES

 

Artículo 30º.-

El autor goza del derecho exclusivo de explotar su obra bajo cualquier forma o procedimiento, y de obtener por ello beneficios, salvo en los casos de excepción legal expresa.

 

Artículo 31º.-

El derecho patrimonial comprende, especialmente, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

a.         La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento.

b.         La comunicación al público de la obra por cualquier medio.

c.         La distribución al público de la obra.

d.         La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

e.         La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin autorización del titular del derecho por cualquier medio incluyendo mediante transmisión.

f.          Cualquier otra forma de utilización de la obra que no está contemplada en la ley como excepción al derecho patrimonial, siendo la lista que antecede meramente enunciativa y no taxativa.

 

Artículo 32º.-

La reproducción comprende cualquier forma de fijación u obtención de copias de la obra, permanente o temporal, especialmente por imprenta u otro procedimiento de las artes gráficas o plásticas, el registro reprográfico, electrónico, fonográfico, digital o audiovisual.

La anterior enunciación es simplemente ejemplificativa.

 

Artículo 33º.-

La comunicación pública puede efectuarse particularmente mediante:

a.         Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático- musicales, literarias y musicales, por cualquier medio o procedimiento, sea con la participación directa de los intérpretes o ejecutantes, o recibidos o generados por instrumentos o procesos mecánicos, ópticos o electrónicos, o a partir de una grabación sonora o audiovisual, de una representación digital u otra fuente.

b.         La proyección o exhibición pública de obras cinematográficas y demás audiovisuales.

c.         La transmisión analógica o digital de cualesquiera obras por radiodifusión u otro medio de difusión inalámbrico, o por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo o digital que sirva para la difusión a distancia de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes, sea o no simultánea o mediante suscripción o pago.

d.         La retransmisión, por una entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida.

e.         La captación, en lugar accesible al público y mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o televisión.

f.          La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones.

g.         El acceso público a bases de datos de ordenador, por medio de telecomunicación, o cualquier otro medio o procedimiento en cuanto incorporen o constituyan obras protegidas.

h.         En general, la difusión, por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes.

 

Artículo 34º.-

La distribución, a los efectos del presente Capítulo, comprende la puesta a disposición del público, por cualquier medio o procedimiento, del original o copias de la obra, por medio de la venta, canje, permuta u otra forma de transmisión de la propiedad, alquiler, préstamo público o cualquier otra modalidad de uso o explotación.

Cuando la comercialización autorizada de los ejemplares se realice mediante venta u otra forma de transmisión de la propiedad, el titular de los derechos patrimoniales no podrá oponerse a la reventa de los mismos en el país para el cual han sido autorizadas, pero conserva los derechos de traducción, adaptación, arreglo u otra transformación, comunicación pública y reproducción de la obra, así como el de autorizar o no el arrendamiento o el préstamo público de los ejemplares.

El autor de una obra arquitectónica no puede oponerse a que el propietario alquile la construcción.

 

Artículo 35º.-

La importación comprende el derecho exclusivo de autorizar o no el ingreso al territorio nacional por cualquier medio, incluyendo la transmisión, analógica o digital, de copias de la obra que hayan sido reproducidas sin autorización del titular del derecho.

Este derecho suspende la libre circulación de dichos ejemplares en las fronteras, pero no surte efecto respecto de los ejemplares que formen parte del equipaje personal.

 

Artículo 36º.-

El autor tiene el derecho exclusivo de hacer o autorizar las traducciones, así como las adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de su obra, inclusive el doblaje y el subtitulado.

 

Artículo 37º.-

Siempre que la Ley no dispusiere expresamente lo contrario, es ilícita toda reproducción, comunicación, distribución, o cualquier otra modalidad de explotación de la obra, en forma total o parcial, que se realice sin el consentimiento previo y escrito del titular del derecho de autor.

 

Artículo 38º.-

El titular del derecho patrimonial tiene la facultad de implementar, o de exigir para la reproducción o la comunicación de la obra, la incorporación de mecanismos, sistemas o dispositivos de autotutela, incluyendo la codificación de señales, con el fin de impedir la comunicación, recepción, retransmisión, reproducción o modificación no autorizadas de la obra.

En consecuencia, es ilícita la importación, fabricación, venta, arrendamiento, oferta de servicios o puesta en circulación en cualquier forma, de aparatos o dispositivos destinados a descifrar las señales codificadas o burlar cualesquiera de los sistemas de autotutela implementados por el titular de los derechos.

 

Artículo 39º.-

Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra o cualquier otra producción protegida por esta Ley, o prestar su apoyo a dicha utilización, si el usuario no cuenta con la autorización previa y escrita del titular del respectivo derecho, salvo en los casos de excepción previstos por la ley. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.

 

Artículo 40º.-

La Oficina de Derechos de Autor podrá solicitar a la Autoridad Aduanera que proceda al decomiso en las fronteras de las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, a efectos de suspender la libre circulación de las mismas, cuando éstas pretendan importarse al territorio de la República.

Las medidas de decomiso no procederán respecto de los ejemplares que sean parte del menaje personal, ni de los que se encuentren en tránsito.

La aplicación de lo dispuesto en el presente artículo será efectuada de conformidad con lo que se disponga en el Reglamento respectivo.

 

 

TITULO IV

DE LOS LÍMITES AL DERECHO DE EXPLOTACIÓN Y DE SU DURACIÓN

 

CAPITULO I

DE LOS LÍMITES AL DERECHO DE EXPLOTACIÓN

 

Artículo 41º.

Las obras del ingenio protegidas por la presente ley podrán ser comunicadas lícitamente, sin necesidad de la autorización del autor ni el pago de remuneración alguna, en los casos siguientes:

a.         Cuando se realicen en un ámbito exclusivamente doméstico, siempre que no exista un interés económico, directo o indirecto y que la comunicación no fuere deliberadamente propalada al exterior, en todo o en parte, por cualquier medio.

b          Las efectuadas en el curso de actos oficiales o ceremonias religiosas, de pequeños fragmentos musicales o de partes de obras de música, siempre que el público pueda asistir a ellos gratuitamente y ninguno de los participantes en el acto perciba una remuneración específica por su interpretación o ejecución en dicho acto.

c.         Las verificadas con fines exclusivamente didácticos, en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal institución, siempre que la comunicación no persiga fines lucrativos, directos o indirectos, y el público esté compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución.

d.         Las que se realicen dentro de establecimientos de comercio, para los fines demostrativos de la clientela, de equipos receptores, reproductores u otros similares o para la venta de los soportes sonoros o audiovisuales que contienen las obras, siempre y cuando la comunicación no fuere deliberadamente propalada al exterior, en todo o en parte.

e          .Las realizadas como indispensables para llevar a cabo una prueba judicial o administrativa.

 

Artículo 42º.-

Las lecciones dictadas en público o en privado, por los profesores de las universidades, institutos superiores y colegios, podrán ser anotadas y recogidas en cualquier forma, por aquellos a quienes van dirigidas, pero nadie podrá divulgarlas o reproducirlas en colección completa o parcialmente, sin autorización previa y por escrito de los autores.

 

Artículo 43º.-

Respecto de las obras ya divulgadas lícitamente, es permitida sin autorización del autor:

a.         La reproducción por medios reprográficos, para la enseñanza o la realización de exámenes en instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucro y en la medida justificada por el objetivo perseguido, de artículos o de breves extractos de obras lícitamente publicadas, a condición de que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro.

b.         La reproducción por reprografía de breves fragmentos o de obras agotadas, publicadas en forma gráfica, para uso exclusivamente personal.

c.         La reproducción individual de una obra por bibliotecas o archivos públicos que no tengan directa o indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentre en su colección permanente, para preservar dicho ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización; o para sustituir en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado, siempre que no resulte posible adquirir tal ejemplar en plazo y condiciones razonables.

d.         La reproducción de una obra para actuaciones judiciales o administrativas, en la medida justificada por el fin que se persiga.

e.         La reproducción de una obra de arte expuesta permanentemente en las calles, plazas u otros lugares públicos, o de la fachada exterior de los edificios, realizada por medio de un arte diverso al empleado para la elaboración del original, siempre que se indique el nombre del autor si se conociere, el título de la obra si lo tuviere y el lugar donde se encuentra.

f.          El préstamo al público del ejemplar lícito de una obra expresada por escrito, por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa o indirectamente fines de lucro.

            En todos los casos indicados en este artículo, se equipara al uso ilícito toda utilización de los ejemplares que se haga en concurrencia con el derecho exclusivo del autor de explotar su obra.

 

Artículo 44º.-

Es permitido realizar, sin autorización del autor ni pago de remuneración, citas de obras lícitamente divulgadas, con la obligación de indicar el nombre del autor y la fuente, y a condición de que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga.

 

Artículo 45º.-

Es lícita también, sin autorización, siempre que se indique el nombre del autor y la fuente, y que la reproducción o divulgación no haya sido objeto de reserva expresa:

a.         La difusión, con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medios sonoros o audiovisuales, de imágenes o sonidos de las obras vistas u oídas en el curso de tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin de la información.

b.         La difusión por la prensa o la transmisión por cualquier medio, a título de información de actualidad, de los discursos, disertaciones, alocuciones, sermones y otras obras de carácter similar pronunciadas en público, y los discursos pronunciados durante actuaciones judiciales, en la medida en que lo justifiquen los fines de información que se persiguen, y sin perjuicio del derecho que conservan los autores de las obras difundidas para publicarlas individualmente o en forma de colección.

c.         La emisión por radiodifusión o la transmisión por cable o cualquier otro medio, conocido o por conocerse, de la imagen de una obra arquitectónica, plástica, de fotografía o de arte aplicado, que se encuentren situadas permanentemente en un lugar abierto al público.

 

Artículo 46º.-

Es lícito que un organismo de radiodifusión, sin autorización del autor ni pago de una remuneración adicional, realice grabaciones efímeras con sus propios equipos y para la utilización por una sola vez, en sus propias emisiones de radiodifusión, de una obra sobre la cual tengan el derecho de radiodifundir. Dicha grabación deberá ser destruida en un plazo de tres meses, a menos que se haya convenido con el autor uno mayor. Sin embargo, tal grabación podrá conservarse en archivos oficiales, también sin autorización del autor, cuando la misma tenga un carácter documental excepcional.

 

Artículo 47º.-

Es lícito, sin autorización del autor ni pago de remuneración adicional, la realización de una transmisión o retransmisión, por parte de un organismo de radiodifusión, de una obra originalmente radiodifundida por él, siempre que tal retransmisión o transmisión pública, sea simultánea con la radiodifusión original y que la obra se emita por radiodifusión o se transmita públicamente sin alteraciones.

 

Artículo 48º.-

Es lícita la copia, para uso exclusivamente personal de obras, interpretaciones o producciones publicadas en grabaciones sonoras o audiovisuales. Sin embargo, las reproducciones permitidas en este artículo no se extienden:

a.         A  la de una obra de arquitectura en forma de edificio o de cualquier otra construcción.

b.         A  la reproducción integral de un libro, de una obra musical en forma gráfica, o del original o de una copia de una obra plástica, hecha y firmada por el autor.

c.         A una base o compilación de datos.

 

Artículo 49º.-

No será considerada transformación que exija autorización del autor la parodia de una obra divulgada mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor y sin perjuicio de la remuneración que le corresponda por esa utilización.

 

Artículo 50º.-

Las excepciones establecidas en los artículos precedentes, son de interpretación restrictiva y no podrán aplicarse a casos que sean contrarios a los usos honrados.

 

Artículo 51º.-

Los límites a los derechos de explotación respecto de los programas de ordenador, serán exclusivamente los contemplados en el Capítulo relativo a dichos programas.

 

 

CAPITULO II

DE LA DURACION

 

Artículo 52º.-

El derecho patrimonial dura toda la vida del autor y setenta años después de su fallecimiento, cualquiera que sea el país de origen de la obra, y se transmite por causa de muerte de acuerdo a las disposiciones del Código Civil.

En las obras en colaboración, el período de protección se contará desde la muerte del último coautor.

 

Artículo 53º.-

En las obras anónimas y seudónimas, el plazo de duración será de setenta años a partir del año de su divulgación, salvo que antes de cumplido dicho lapso el autor revele su identidad, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior.

 

Artículo 54º.-

En las obras colectivas, los programas de ordenador, las obras audiovisuales, el derecho patrimonial se extingue a los setenta años de su primera publicación o, en su defecto, al de su terminación. Esta limitación no afecta el derecho patrimonial de cada uno de los coautores de las obras audiovisuales respecto de su contribución personal, ni el goce y el ejercicio de los derechos morales sobre su aporte.

 

Artículo 55º.-

Si una misma obra se ha publicado en volúmenes sucesivos, los plazos de que trata esta ley se contarán desde la fecha de publicación del último volumen.

 

Artículo 56º.-

Los plazos establecidos en el presente Capítulo, se calcularán desde el día primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor o, en su caso, al de la divulgación, publicación o terminación de la obra.

 

 

TITULO V

DEL DOMINIO PÚBLICO

 

Artículo 57º.-

El vencimiento de los plazos previstos en esta ley implica la extinción del derecho patrimonial y determina el pase de la obra al dominio público y, en consecuencia, al patrimonio cultural común.

También forman parte del dominio público las expresiones del folklore.

 

 

TITULO VI

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA CIERTAS OBRAS

 

CAPITULO I

DE LAS OBRAS AUDIOVISUALES

 

Artículo 58º.-

Salvo pacto en contrario, se presume coautores de la obra audiovisual:

a.  El director o realizador.

b.  El autor del argumento.

c.  El autor de la adaptación.

d.  El autor del guión y diálogos.

e.  El autor de la música especialmente compuesta para la obra.

f.   El dibujante, en caso de diseños animados.

 

Artículo 59º.-

Cuando la obra audiovisual haya sido tomada de una obra preexistente, todavía protegida, el autor de la obra originaria queda equiparado a los autores de la obra nueva.

 

Artículo 60º.-

Salvo pacto en contrario entre los coautores, el director o realizador tiene el ejercicio de los derechos morales sobre la obra audiovisual, sin perjuicio de los que correspondan a los coautores, en relación con sus respectivas contribuciones, ni de los que pueda ejercer el productor.

El derecho moral de los autores sólo podrá ser ejercido sobre la versión definitiva de la obra audiovisual.

 

Artículo 61º.-

El productor de la obra audiovisual fijará en los soportes que la contienen, a los efectos de que sea vista durante su proyección, la mención del nombre de cada uno de los coautores, pero esa indicación no se requerirá en aquellas producciones audiovisuales de carácter publicitario o en las que su naturaleza o breve duración no lo permita.

 

Artículo 62º.-

Si uno de los coautores se niega a terminar su contribución, o se encuentra impedido de hacerlo por fuerza mayor, no podrá oponerse a que se utilice la parte ya realizada de su contribución con el fin de terminar la obra, sin que ello obste a que respecto de esta contribución tenga la calidad de autor y goce de los derechos que de ello se deriven.

 

Artículo 63º.-

Salvo pacto en contrario, cada uno de los coautores puede disponer libremente de la parte de la obra audiovisual que constituya su contribución personal, cuando se trate de un aporte divisible, para explotarlo en un género diferente, siempre que no perjudique con ello la explotación de la obra común.

 

Artículo 64º.-

Se considera terminada la obra audiovisual cuando haya sido establecida la versión definitiva, de acuerdo a lo pactado entre el director por una parte, y el productor por la otra.

 

Artículo 65º.-

Se presume, salvo prueba en contrario, que es productor de la obra audiovisual la persona natural o jurídica que aparezca acreditada como tal en la obra de la forma usual.

 

Artículo 66º.-

Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de la obra audiovisual han cedido en forma exclusiva y por toda su duración los derechos patrimoniales al productor, y éste queda autorizado para decidir acerca de la divulgación de la obra.

Sin perjuicio de los derechos de los autores, el productor puede, salvo estipulación en contrario, defender en nombre propio los derechos morales sobre la obra audiovisual.

 

Artículo 67º.-

Sin perjuicio del derecho de los autores, en los casos de infracción a los derechos sobre la obra audiovisual, el ejercicio de las acciones corresponderá tanto al productor como al cesionario o licenciatario de sus derechos.

 

Artículo 68º.-

Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo, serán de aplicación, en lo pertinente, a las obras que incorporen electrónicamente imágenes en movimiento, con o sin texto o sonidos.

 

 

CAPITULO II

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR

 

Artículo 69º.-

Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende a todas sus formas de expresión, tanto a los programas operativos como a los aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto.

La protección establecida en la presente ley se extiende a cualesquiera de las versiones sucesivas del programa, así como a los programas derivados.

 

Artículo 70º.-

Se presume, salvo prueba en contrario, que es productor del programa de ordenador, la persona natural o jurídica que aparezca indicada como tal en la obra de la manera acostumbrada.

 

Artículo 71º.-

Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores del programa de ordenador han cedido al productor, en forma ilimitada y exclusiva, por toda su duración, los derechos patrimoniales reconocidos en la presente Ley, e implica la autorización para decidir sobre la divulgación del programa y la de defender los derechos morales sobre la obra.

Los autores, salvo pacto en contrario, no pueden oponerse a que el productor realice o autorice la realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, ni de programas derivados del mismo.

 

Artículo 72º.-

El derecho de alquiler o préstamo no será aplicable a los programas de ordenador cuando el mismo se encuentre incorporado en una máquina o producto y no pueda ser reproducido o copiado durante el uso normal de dicha máquina o producto; o, cuando el alquiler o préstamo no tenga por objeto esencial el programa de ordenador en sí.

 

Artículo 73º.-

No constituye reproducción ilegal de un programa de ordenador a los efectos de esta ley, la introducción del mismo en la memoria interna del respectivo aparato, por parte del usuario lícito y para su exclusivo uso personal.

La anterior utilización lícita no se extiende al aprovechamiento del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo, a menos que se obtenga el consentimiento expreso del titular de los derechos.

 

Artículo 74º.-

El usuario lícito de un programa de ordenador podrá realizar una copia o una adaptación de dicho programa, siempre y cuando:

a.         Sea indispensable para la utilización del programa; o,

b.         Sea destinada exclusivamente como copia de resguardo para sustituir la copia legítimamente adquirida, cuando ésta no pueda utilizarse por daño o pérdida.

            La reproducción de un programa de ordenador, inclusive para uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con la excepción de la copia de seguridad.

 

Artículo 75º.-

No constituye adaptación o transformación, salvo prohibición expresa del titular de los derechos, la adaptación de un programa realizada por el usuario lícito, incluida la corrección de errores, siempre que esté destinada exclusivamente para el uso personal.

La obtención de copias del programa así adaptado, para su utilización por varias personas o su distribución al público, exigirá la autorización expresa del titular de los derechos.

 

Artículo 76º.-

No se requiere la autorización del autor para la reproducción del código de un programa y la traducción de su forma, cuando sean indispensables para ver la interoperabilidad de un programa creado de forma independiente con otros programas, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

a.         Que tales actos sean realizados por el licenciatario legítimo o por cualquier otra persona facultada para utilizar una copia del programa o, en su nombre, por parte de una persona debidamente autorizada por el titular.

b.         Que, la información indispensable para conseguir la interoperabilidad no haya sido puesta previamente, o después de una solicitud razonable al titular de manera fácil y rápida tomando en cuenta todas las circunstancias, a disposición de las personas referidas en el numeral primero; y,

c.         Que dichos actos se limiten estrictamente a aquellas partes del programa original que resulten imprescindibles para conseguir la interoperabilidad.

            En ningún caso, la información que se obtenga en virtud de lo dispuesto en este artículo, podrá utilizarse para fines distintos de los mencionados en el mismo, ni para el desarrollo, producción o comercialización de un programa sustancialmente similar en su expresión o para cualquier otro acto que infrinja los derechos del autor. Dicha información tampoco podrá comunicarse a terceros, salvo cuando sea imprescindible a efectos de interoperabilidad del programa creado de forma independiente.

 

Lo dispuesto en este artículo no se interpretará de manera que su aplicación permita perjudicar injustificadamente los legítimos intereses del autor del programa o aquélla sea contraria a su explotación normal.

 

Artículo 77º.-

Ninguna de las disposiciones del presente Capítulo podrá interpretarse de manera que su aplicación perjudique de modo injustificado los legítimos intereses del titular de los derechos o sea contraria a la explotación normal del programa informático.

 

 

CAPITULO III

DE LAS BASES DE DATOS

 

Artículo 78º.-

Las bases o compilaciones de datos o de otros materiales, legibles por máquina o en otra forma, están protegidas siempre que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales. La protección así reconocida no se hace extensiva a los datos, informaciones o material compilados, pero no afecta los derechos que pudieran subsistir sobre las obras o materiales que la conforman.

 

 

CAPITULO IV

DE LAS OBRAS ARQUITECTÓNICAS

 

Artículo 79º.-

La adquisición de un plano o proyecto de arquitectura implica el derecho del adquirente para realizar la obra proyectada, pero se requiere el consentimiento de su autor para utilizarlo de nuevo en otra obra.

 

Artículo 80º.-

El autor de obras de arquitectura no puede oponerse a las modificaciones que se hicieren necesarias durante la construcción o con posterioridad a ella, o a su demolición.

Si las modificaciones se realizaren sin el consentimiento del autor, éste podrá repudiar la paternidad de la obra modificada y quedará vedado al propietario invocar para el futuro el nombre del autor del proyecto original.

 

 

CAPITULO V

DE LAS OBRAS DE ARTES PLÁSTICAS

 

Artículo 81º.-

Salvo pacto en contrario, el contrato de enajenación del objeto material que contiene una obra de arte, confiere al adquirente el derecho de exponer públicamente la obra.

 

Artículo 82º.-

En caso de reventa, de obras de artes plásticas, efectuada en pública subasta o por intermedio de un negociante profesional en obras de arte, el autor, y a su muerte los herederos o legatarios, por el tiempo de protección del derecho patrimonial, goza del derecho inalienable e irrenunciable de percibir del vendedor un tres por ciento (3%) del precio de reventa, pudiéndose pactar un porcentaje diferente.

 

Artículo 83º.-

Los titulares de establecimientos mercantiles, el negociante profesional o cualquier persona que haya intervenido en la reventa deberá notificar a la sociedad de gestión correspondiente o, en su caso, al autor o sus derechohabientes, en el plazo de tres meses, y facilitarán la documentación necesaria para la práctica de la correspondiente liquidación.

 

Artículo 84º.-

La acción para hacer efectivo el derecho ante los mencionados titulares de establecimientos mercantiles, comerciantes o agentes, prescribirá a los tres años de la notificación de la reventa. Transcurrido dicho plazo sin que el importe de la participación del autor hubiera sido objeto de reclamación, se procederá a otorgar el ingreso del mismo al Instituto Nacional de Cultura, con la finalidad de promover la cultura.

 

Artículo 85º.-

El retrato o busto de una persona no podrá ser puesto en el comercio sin el consentimiento de la persona misma, y a su muerte, de sus causahabientes. Sin embargo, la publicación del retrato es libre cuando se trate de una persona notoria o se relacione con fines científicos, didácticos o culturales en general, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieren desarrollado en público.

 

 

CAPITULO VI

DE LOS ARTICULOS PERIODISTICOS

 

Artículo 86º.-

Salvo pacto en contrario, la autorización para el uso de artículos en periódicos, revistas u otros medios de comunicación social, otorgada por un autor sin relación de dependencia con la empresa periodística, solo confiere al editor o propietario de la publicación el derecho de insertarlo por una vez, quedando a salvo los demás derechos patrimoniales del cedente o licenciante.

Si se trata de un autor contratado bajo relación laboral, no podrá reservarse el derecho de reproducción del artículo periodístico, que se presumirá cedido a la empresa o medio de comunicación. Sin embargo, el autor conservará sus derechos respecto a la edición independiente de sus producciones en forma de colección.

 

Artículo 87º.-

Lo establecido en el presente Capítulo, se aplica en forma análoga a los dibujos, historietas, gráficos, caricaturas, fotografías y demás obras susceptibles de ser publicadas en periódicos, revistas u otros medios de comunicación social.

 

 

TITULO VII

DE LA TRANSMISION DE LOS DERECHOS Y DE LA EXPLOTACION DE LAS

OBRAS POR TERCEROS

 

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 88º.-

El derecho patrimonial puede transferirse por mandato o presunción legal, mediante cesión entre vivos o transmisión mortis causa, por cualquiera de los medios permitidos por la ley.

 

Artículo 89º.-

Toda cesión entre vivos se presume realizada a título oneroso, a menos que exista pacto expreso en contrario, y revierte al cedente al extinguirse el derecho del cesionario.

La cesión se limita al derecho o derechos cedidos, y al tiempo y ámbito territorial pactados contractualmente. Cada una de las modalidades de utilización de las obras es independiente de las demás y, en consecuencia, la cesión sobre cada forma de uso debe constar en forma expresa y escrita, quedando reservados al autor todos los derechos que no haya cedido en forma explícita.

Si no se hubiera expresado el ámbito territorial, se tendrá por tal el país de su otorgamiento; y si no se especificaren de modo concreto la modalidad de explotación, el cesionario sólo podrá explotar la obra en la modalidad que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad de éste.

 

Artículo 90º.-

Salvo en los casos de los programas de ordenador y de las obras audiovisuales, la cesión en exclusiva deberá otorgarse expresamente con tal carácter y atribuirá al cesionario, a menos que el contrato disponga otra cosa, la facultad de explotar la obra con exclusión de cualquier otra persona, comprendido el propio cedente, y la de otorgar cesiones no exclusivas a terceros.

El cesionario no exclusivo queda facultado para utilizar la obra de acuerdo a los términos de la cesión y en concurrencia, tanto con otros cesionarios como con el propio cedente.

 

Artículo 91º.-

Es nula la cesión de derechos patrimoniales respecto del conjunto de las obras que un autor pueda crear en el futuro, a menos que estén claramente determinadas en el contrato.

Es igualmente nula cualquier estipulación por la cual el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro.

 

Artículo 92º.-

La cesión otorgada a título oneroso le confiere al autor una participación proporcional en los ingresos que obtenga el cesionario por la explotación de la obra, en la cuantía convenida en el contrato.

 

Artículo 93º.-

No será de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior y por tanto la remuneración puede ser a tanto alzado:

a.         Cuando, atendida la modalidad de la explotación, exista dificultad grave en la determinación de los ingresos o su comprobación sea imposible o de un costo desproporcionado con la eventual retribución.

b.         Cuando la utilización de la obra tenga carácter accesorio respecto de la actividad o del objeto material a los que se destine.

c.         Cuando la obra, utilizada con otras, no constituya un elemento esencial de la creación intelectual en la que se integre.

d.         En el caso de la primera o única edición de las siguientes obras no divulgadas previamente: diccionarios, antologías y enciclopedias; prólogos, anotaciones, introducciones y presentaciones; obras científicas; trabajos de ilustración de una obra; traducciones; o ediciones populares a precios reducidos.

e.         Cuando las partes expresamente lo pacten.

            Las disposiciones del presente artículo son igualmente aplicables a las tarifas de las entidades de gestión colectiva.

 

Artículo 94º.-

Salvo en los casos en que la ley presuma una cesión ilimitada de los derechos patrimoniales, o haya pacto expreso en contrario, la transmisión de derechos por parte del cesionario a un tercero mediante acto entre vivos, puede efectuarse únicamente con el consentimiento del cedente dado por escrito.

A falta de consentimiento el cesionario responderá solidariamente frente al cedente de las obligaciones de la cesión. Sin embargo, no será necesario el consentimiento cuando la transferencia se lleve a efecto como consecuencia de la disolución o del cambio de titularidad de la empresa cesionaria.

 

Artículo 95º.-

El titular de derechos patrimoniales puede igualmente conceder a terceros una simple licencia de uso, no exclusiva e intransferible, la cual se regirá por las estipulaciones del contrato respectivo y las atinentes a la cesión de derechos, en cuanto sean aplicables.

 

Los contratos de cesión de derechos patrimoniales, los de licencia de uso, y cualquier otra autorización que otorgue el titular de derecho, deben hacerse por escrito, salvo en los casos en que la ley presume la transferencia entre vivos de tales derechos.

 

CAPITULO II

DEL CONTRATO DE EDICIÓN

 

Artículo 96º.-

El contrato de edición es aquel por el cual el autor o sus derechohabientes, ceden a otra persona llamada editor, el derecho de publicar, distribuir y divulgar la obra por su propia cuenta y riesgo en las condiciones pactadas y con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.

 

Artículo 97º.-

El contrato de edición debe constar por escrito y expresar:

a.         La identificación del autor, del editor y de la obra.

b.         Si la obra es inédita o no.

c.         El ámbito territorial del contrato.

d.         El idioma en que ha de publicarse la obra.

e.         Si la cesión confiere al editor un derecho de exclusiva.

f.          El número de ediciones autorizadas.

g.         El plazo para la puesta en circulación de los ejemplares de la única o primera edición.

h.         El número mínimo y máximo de ejemplares que alcanzará la edición o cada una de las que se convengan.

i.          Los ejemplares que se reservan al autor, a la crítica, a la promoción de la obra y los que servirán para sustituir los ejemplares defectuosos.

j.          La remuneración del autor.

k.         El plazo dentro del cual el autor debe entregar el original de la obra al editor.

l.          La calidad de la edición.

m.        La forma de fijar el precio de los ejemplares.

 

Artículo 98º.-

A falta de disposición expresa en el contrato, se entenderá que:

a.         La obra ya ha sido publicada con anterioridad.

b.         Se cede al editor el derecho por una sola edición, la cual deberá estar a disposición del público en el plazo de seis meses, desde la entrega del ejemplar al editor en condiciones adecuadas para la reproducción de la obra.

c.         Se entenderá que la obra será publicada en el idioma en el que esta expresada la obra entregada por el autor.

d.         El número mínimo de ejemplares que conforman la primera edición, es de mil.

e.         El número de ejemplares reservados al autor, a la crítica, a la promoción y a la sustitución de ejemplares defectuosos, es del cinco por ciento (5%) de la edición, hasta un máximo de cien ejemplares, distribuido proporcionalmente para cada uno de esos fines.

f.          El autor deberá entregar el ejemplar original de la obra al editor, en el plazo de noventa días a partir de la fecha del contrato.

 

Artículo 99º.-

Son obligaciones del editor:

a.         Publicar la obra en la forma pactada, sin introducirle ninguna modificación que el autor no haya autorizado.

b.         Indicar en cada ejemplar el título de la obra y, en caso de traducción, también el título en el idioma original; el nombre o seudónimo del autor, del traductor, compilador o adaptador, si los hubiere, a menos que ellos exijan la publicación anónima; el nombre y dirección del editor y del impresor; la mención de reserva del derecho de autor, del año y lugar de la primera publicación y las siguientes, si correspondiera; el número de ejemplares impresos y la fecha en que se terminó la impresión.

c.         Someter las pruebas de la tirada al autor, salvo pacto en contrario.

d.         Distribuir y difundir la obra en el plazo y condiciones estipuladas, y conforme a los usos habituales.

e.         Satisfacer al autor la remuneración convenida, y cuando ésta sea proporcional y a menos que en el contrato se fije un plazo menor, liquidarle semestralmente las cantidades que le corresponden. Si se ha pactado una remuneración fija, ésta será exigible desde el momento en que los ejemplares estén disponibles para su distribución y venta, salvo pacto en contrario.

f.          Presentarle al autor, en las condiciones indicadas en el numeral anterior, un estado de cuentas con indicación de la fecha y tiraje de la edición, número de ejemplares vendidos y en depósito para su colocación, así como el de los ejemplares inutilizados o destruidos por caso fortuito o fuerza mayor.

g.         Permitirle al autor en forma periódica la verificación de los documentos y comprobantes demostrativos de los estados de cuenta, así como la fiscalización de los depósitos donde se encuentren los ejemplares objeto de la edición.

h.         Solicitar el registro del derecho de autor sobre la obra y hacer el depósito legal, en nombre del autor.

i.          Restituir al autor el original de la obra objeto de la edición, una vez finalizadas las operaciones de impresión y tiraje de la misma, salvo comprobada imposibilidad de orden técnico.

j.          Numerar cada uno de los ejemplares.

 

Artículo 100º.-

Son obligaciones del autor:

a.         Responsabilizarse por la autoría y originalidad de la obra frente al editor.

b.         Garantizar al editor el ejercicio pacífico y, en su caso, exclusivo del derecho objeto del contrato.

c.         Entregar al editor en debida forma y en el plazo convenido, el original de la obra objeto de la edición.

d.         Corregir las pruebas de la tirada, salvo pacto en contrario.

 

Artículo 101º.-

El derecho concedido a un editor para publicar varias obras por separado, no comprende la facultad de publicarlas reunidas en un sólo volumen y viceversa.

 

Artículo 102º.-

El autor tiene el derecho irrenunciable de dar por resuelto el contrato de edición:

a.         Si el editor no cumple con editar y publicar la obra dentro del plazo pactado y si éste no se fijó, dentro de un máximo de seis meses, a partir de la entrega del ejemplar original al editor.

b.         Si estando facultado el editor para publicar más de una edición y, habiéndose agotado los ejemplares para la venta, no procede a publicar una nueva, dentro de los dos meses, salvo pacto en contrario. Se considera agotada una edición, cuando se ha vendido el noventicinco por ciento (95%) de los ejemplares de ella.

            En todos los casos de resolución por incumplimiento del editor, el autor quedará liberado de devolver los anticipos que hubiese recibido de aquél, sin perjuicio del derecho de iniciarle las acciones a que hubiere lugar.

 

Artículo 103º.-

El editor tiene el derecho irrenunciable de dar por resuelto el contrato de edición cuando el autor no cumpliese con hacerle entrega de la obra dentro del plazo convenido y, si no se fijó éste, dentro del lapso de seis meses a partir del convenio, sin perjuicio del derecho de iniciarle las acciones a que hubiere lugar.

 

Artículo 104º.-

El editor no podrá, sin consentimiento del autor, vender como saldo la edición antes de los dos años de la inicial puesta en circulación de los ejemplares.

Transcurrido dicho plazo, si el editor decide vender como saldo los que le resten, lo notificará fehacientemente al autor, quien podrá percibir el precio del saldo ofrecido a los mayoristas.

La opción deberá ejercerla dentro de los treinta días siguientes al recibo de la notificación.

 

Artículo 105º.-

Si transcurrido el plazo de dos años a que se refiere el artículo anterior, el editor decide destruir el resto de los ejemplares de una edición, deberá asimismo notificarlo al autor, quien podrá exigir que se le entreguen gratuitamente todos o parte de los ejemplares, dentro del plazo de treinta días desde la notificación.

 

Artículo 106º.-

El editor podrá iniciar y proseguir ante las autoridades judiciales y administrativas todas las acciones a que tenga derecho, por sí y en representación del autor, para la defensa y gestión de los derechos patrimoniales de ambos mientras dure la vigencia del contrato de edición, quedando investido para ello de las más amplias facultades de representación procesal.

El editor tendrá asimismo el derecho de perseguir las reproducciones no autorizadas de las formas gráficas de la edición.

 

Artículo 107º.-

Quedan también regulados por las disposiciones de este Capítulo los contratos de co-edición en los cuales existe más de un editor obligado frente al autor.

 

 

CAPITULO III

DEL CONTRATO DE EDICION-DIVULGACION DE OBRAS MUSICALES

 

Artículo 108º.-

Por el contrato de edición-divulgación de obras musicales, el autor cede al editor el derecho exclusivo de edición y lo faculta para que, por sí o por terceros, realice la fijación y la reproducción fonomecánica de la obra, la adaptación audiovisual, la traducción, la sub-edición y cualquier otra forma de utilización de la obra que se establezca en el contrato, quedando obligado el editor a su más amplia divulgación por todos los medios a su alcance, y percibiendo por ello la participación en los rendimientos pecuniarios que ambos acuerden.

 

Artículo 109º.-

El autor tiene el derecho irrenunciable de dar por resuelto el contrato si el editor no ha editado o publicado la obra, o no ha realizado ninguna gestión para su divulgación en el plazo establecido en el contrato o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes a la entrega de los originales. En el caso de las obras sinfónicas y dramático- musicales, el plazo será de un año a partir de dicha entrega.

El autor podrá igualmente pedir la resolución del contrato si la obra musical o dramático-musical no ha producido beneficios económicos en tres años y el editor no demuestra haber realizado actos positivos para la difusión de la misma.

Salvo pacto en contrario, el contrato de edición musical no tendrá una duración mayor de cinco años.

 

Artículo 110º.-

Son aplicables a los contratos de edición- divulgación de obras musicales, las disposiciones sobre el contrato de edición relativas a la liquidación de las remuneraciones al autor y a la legitimación del editor ante las autoridades judiciales y administrativas.

 

 

CAPITULO IV

DE LOS CONTRATOS DE REPRESENTACIÓN TEATRAL Y DE EJECUCIÓN MUSICAL

 

Artículo 111º.-

Por los contratos regulados en este Capítulo, el autor, sus derechohabientes o la sociedad de gestión correspondiente, ceden o licencian a una persona natural o jurídica, el derecho de representar o ejecutar públicamente una obra literaria, dramática, musical, dramático-musical, pantomímica o coreográfica, a cambio de una compensación económica.

Los contratos indicados pueden celebrarse por tiempo determinado o por un número determinado de representaciones o ejecuciones públicas.

 

Artículo 112º.-

En caso de cesión de derechos exclusivos, la duración del contrato no podrá exceder de cinco años, salvo pacto en contrario.

La falta o interrupción de las representaciones o ejecuciones en el plazo acordado por las partes, pone fin al contrato de pleno derecho. En estos casos, el empresario deberá restituir al autor, el ejemplar de la obra que haya recibido e indemnizarle los daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento.

 

Artículo 113º.-

Son obligaciones del empresario:

a.         Garantizar y facilitar al autor o sus representantes la inspección de la representación o ejecución y la asistencia a las mismas gratuitamente;

b.         Satisfacer puntualmente la remuneración convenida;

c.         Presentar al autor o a sus representantes, el programa exacto de la representación o ejecución, anotando al efecto, de ser el caso, en planillas diarias las obras utilizadas y sus respectivos autores, las mismas que deberán contener el nombre, firma y documento de identidad del empresario responsable.(*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del Inciso

 

Artículo 114º.-

Cuando la remuneración que le corresponda al autor fuese proporcional, el empresario estará obligado a  presentar una relación fidedigna y documentada de sus ingresos.

 

Artículo 115º.-

La participación del autor en los ingresos de taquilla tiene la calidad de un depósito en poder del empresario, quién deberá mantenerlos, en todo momento, a disposición del autor o de su representante, y no podrá ser objeto de ninguna medida de embargo dictada contra el empresario. En este caso serán aplicables las normas establecidas en el Código Civil para el depósito necesario.

 

Artículo 116º.-

El propietario o conductor o representante encargado responsable de las actividades de los establecimientos donde se realicen actos de comunicación pública que utilicen obras, interpretaciones o producciones protegidas por la presente ley, responderán solidariamente con el organizador del acto por las violaciones a los derechos respectivos que tengan efecto en dichos locales o empresas, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan.

Los artistas intérpretes o ejecutantes que comuniquen la obra por encargo de la persona responsable, no responden de dicha ejecución y sólo están obligados a confeccionar la planilla de ejecución y suscribirla, responsabilizándose de su exactitud. En caso de conjuntos musicales, la responsabilidad de dicha confección recaerá en el director de aquellos. Si no se puede determinar quien es el director, los miembros del conjunto serán solidariamente responsables por dicha obligación.

 

Artículo 117º.-

No se podrán realizar espectáculos y audiciones públicas y las autoridades de todo orden se abstendrán de autorizarlos, sin que el responsable presente la autorización de los titulares de los derechos de las obras protegidas a utilizarse o de sus representantes.

 

Artículo 118º.-

Para los efectos de esta ley, la ejecución o comunicación en público de la música comprende el uso de la misma, por cualquier medio o procedimiento, con letra o sin ella, total o parcial, pagado o gratuito, en estaciones de radio y televisión, teatros, auditorios cerrados o al aire libre, cines, hoteles, salas de baile, bares, fiesta en clubes sociales y deportivos, establecimientos bancarios y de comercio, mercados, supermercados, centros de trabajo y, en general, en todo lugar que no sea estrictamente el ámbito doméstico. La enumeración precedente es enunciativa, no limitativa.

 

Artículo 119º.-

La autorización concedida a las empresas de radio, televisión o cualquier entidad emisora, no implica facultad alguna para la recepción y utilización por terceros, en público, o en lugares donde éste tenga acceso, de dichas emisiones, requiriéndose en este caso, permiso expreso de los autores de las obras correspondientes o de la entidad que los represente.

 

Artículo 120º.-

Las disposiciones relativas a los contratos de representación o ejecución, son también aplicables a las demás modalidades de comunicación pública, en cuanto corresponda.

 

 

CAPITULO V

 DEL CONTRATO DE INCLUSIÓN FONOGRÁFICA

 

Artículo 121º.-

Por el contrato de inclusión fonográfica, el autor de una obra musical, o su representante, autoriza a un productor de fonogramas, mediante remuneración, a grabar o fijar una obra para reproducirla sobre un disco fonográfico, una banda magnética, un soporte digital o cualquier otro dispositivo o mecanismo análogo, con fines de reproducción y venta de ejemplares.

La autorización otorgada por el autor o editor, o por la entidad de gestión que los represente, para incluir la obra en un fonograma, concede al productor autorizado, el derecho a reproducir u otorgar licencias para la reproducción de su fonograma, condicionada al pago de una remuneración.

 

Artículo 122º.-

La autorización concedida al productor fonográfico no comprende el derecho de comunicación pública de la obra contenida en el fonograma, ni de ningún otro derecho distinto a los expresamente autorizados.

 

Artículo 123º.-

El productor está obligado a consignar en todos los ejemplares o copias del fonograma, aún en aquellos destinados a su distribución gratuita, las indicaciones siguientes:

a.         El título de las obras y el nombre o seudónimo de los autores, así como el de los arreglistas y versionistas, si los hubiere. Si la obra fuere anónima, así se hará constar.

b.         El nombre de los intérpretes principales, así como la denominación de los conjuntos orquestales o corales y el nombre de sus respectivos directores.

c.         El nombre o sigla de la entidad de gestión colectiva que administre los derechos patrimoniales sobre la obra.

d.         La mención de reserva de derechos sobre el fonograma, con indicación del símbolo (P), seguido del año de la primera publicación.

e.         La razón social, el nombre comercial del productor fonográfico y el signo que lo identifique.

f.          La mención de que están reservados todos los derechos del autor, de los intérpretes o ejecutantes y del productor del fonograma, incluidos los de copia, alquiler, canje o préstamo y ejecución pública.

            Las indicaciones que por falta de lugar adecuado no puedan estamparse directamente sobre los ejemplares o copias que contienen la reproducción, serán obligatoriamente impresas en el sobre, cubierta o en folleto adjunto.

 

Artículo 124º.-

El productor fonográfico está obligado a satisfacer al menos semestralmente, la remuneración respectiva de los autores, editores, artistas intérpretes o ejecutantes, remuneración que también podrá ser entregada a sus representantes, salvo que en el contrato se haya fijado un plazo distinto. El productor fonográfico hará las veces de agente retenedor y llevará un sistema de registro que les permita comprobar a dichos titulares la cantidad de reproducciones vendidas y deberá permitir que éstos puedan verificar la exactitud de las liquidaciones de sus remuneraciones mediante la inspección de comprobantes, oficinas, talleres, almacenes y depósitos, sea personalmente, a través de representante autorizado o por medio de la entidad de gestión colectiva correspondiente.

 

Artículo 125º.-

Las disposiciones del presente Capítulo son aplicables en lo pertinente a las obras literarias que sean utilizadas como texto de una obra musical, o como declamación o lectura para su fijación en un fonograma, con fines de reproducción y venta.

 

 

CAPITULO VI

DEL CONTRATO DE RADIODIFUSIÓN

 

Artículo 126º.-

Por el contrato de radiodifusión el autor, su representante o derechohabiente, autorizan a un organismo de radiodifusión para la transmisión de su obra.

Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán también a las transmisiones efectuadas por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo.

 

Artículo 127º.-

Los organismos de radiodifusión deberán anotar en planillas mensuales, por orden de difusión, el título de cada una de las obras difundidas y el nombre de sus respectivos autores, el de los intérpretes o ejecutantes o el del director del grupo u orquesta en su caso, y el del productor audiovisual o del fonograma, según corresponda.

Asimismo deberán remitir copias de dichas planillas, firmadas y fechadas, a cada una de las entidades de gestión que representen a los titulares de los respectivos derechos.

 

Artículo 128º.-

En los programas emitidos será obligatorio indicar el título de cada obra musical utilizada, así como el nombre de los respectivos autores, el de los intérpretes principales que intervengan y el del director del grupo u orquesta, en su caso.

 

 

TITULO VIII

DE LOS DERECHOS CONEXOS AL DERECHO DE AUTOR

Y OTROS DERECHOS INTELECTUALES

 

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 129º.-

La protección reconocida a los derechos conexos al derecho de autor, y a otros derechos intelectuales contemplados en el presente Título, no afectará en modo alguno la tutela del derecho de autor sobre las obras literarias o artísticas. En consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas en el presente título podrá interpretarse en menoscabo de esa protección, y en caso de conflicto se estará siempre a lo que más favorezca al autor.

Sin perjuicio de sus limitaciones específicas, todas las excepciones y límites establecidos en esta ley para el derecho de autor, serán también aplicables a los derechos reconocidos en el presente Título.

 

Artículo 130º.-

Los titulares de los derechos conexos y otros derechos intelectuales, podrán invocar las disposiciones relativas a los autores y sus obras, en tanto se encuentren conformes con la naturaleza de sus respectivos derechos.

 

 

CAPITULO II

DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES

 

Artículo 131º.-

Los artistas intérpretes o ejecutantes gozan del derecho moral a:

a.         El reconocimiento de su nombre sobre sus interpretaciones o ejecuciones.

b.         Oponerse a toda deformación, mutilación o a cualquier otro atentado sobre su actuación que lesione su prestigio o reputación.

 

Artículo 132º.-

Los artistas intérpretes o ejecutantes, o sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

a.         La comunicación al público en cualquier forma de sus representaciones o ejecuciones.

b.         La fijación y reproducción de sus representaciones o ejecuciones, por cualquier medio o procedimiento.

c.         La reproducción de una fijación autorizada, cuando se realice para fines distintos de los que fueron objeto de la autorización.

            No obstante lo dispuesto en este artículo, los intérpretes o ejecutantes no podrán oponerse a la comunicación pública de sus actuaciones, cuando aquella se efectúe a partir de una fijación realizada con su previo consentimiento y publicada con fines comerciales.

 

Artículo 133º.-

Los artistas intérpretes o ejecutantes tienen igualmente el derecho a una remuneración equitativa por la comunicación pública del fonograma publicado con fines comerciales que contenga su interpretación o ejecución, salvo que dicha comunicación esté contemplada entre los límites al derecho de explotación conforme a esta Ley. Dicha remuneración, a falta de acuerdo entre los titulares de este derecho,  será compartida en partes iguales con el productor fonográfico.

 

Artículo 134º.-

Las orquestas, grupos vocales y demás agrupaciones de intérpretes y ejecutantes, designarán un representante a los efectos del ejercicio de los derechos reconocidos por esta Ley. A falta de designación, corresponderá la representación a los respectivos directores.

El representante tendrá la facultad de sustituir el mandato, en lo pertinente, en una entidad de gestión colectiva.

 

Artículo 135º.-

La duración de la protección concedida en este Capítulo será de toda la vida del artista intérprete o ejecutante y setenta años después de su fallecimiento, contados a partir del primero de enero del año siguiente a su muerte. Vencido el plazo correspondiente, la interpretación o ejecución ingresará al dominio público.

 

 

CAPITULO III

DE LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS

 

Artículo 136º.-

Los productores de fonogramas tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

a.         La reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.

b.         La distribución al público, el alquiler, el préstamo público y cualquier otra transferencia de posesión a título oneroso de las copias de sus fonogramas.

c.         La comunicación digital mediante fibra óptica, onda, satélite o cualquier otro sistema creado o por crearse, cuando tal comunicación sea equivalente a un acto de distribución, por permitir al usuario realizar la selección digital de la obra y producción.

d.         La inclusión de sus fonogramas en obras audiovisuales.

e.         La modificación de sus fonogramas por medios técnicos.

            Los derechos reconocidos en los incisos a), b), c) se extienden a la persona natural o jurídica que explote el fonograma bajo el amparo de una cesión o licencia exclusiva.

 

Artículo 137º.-

Los productores de fonogramas tienen el derecho a recibir una remuneración por la comunicación del fonograma al público, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos de las comunicaciones lícitas a que se refiere la presente ley, la cual será compartida, en partes iguales, con los artistas intérpretes o ejecutantes.

 

Artículo 138º.-

En los casos de infracción a los derechos reconocidos en este Capítulo, corresponderá el ejercicio de las acciones al titular originario de los derechos sobre el fonograma, a quien ostente la cesión o la licencia exclusiva de los respectivos derechos o a la entidad de gestión colectiva que los represente.

 

Artículo 139º.-

La protección concedida al productor de fonogramas será de setenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a la primera publicación del fonograma.

Vencido el plazo de protección, el fonograma pasará al dominio público.

 

 

CAPITULO IV

DE LOS ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN

 

Artículo 140º.-

Los organismos de radiodifusión tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

a.         La retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse.

b.         La grabación en cualquier soporte, sonoro o audiovisual, de sus emisiones, incluso la de alguna imagen aislada difundida en la emisión o transmisión.

c.         La reproducción de sus emisiones.

Asimismo, los organismos de radiodifusión tendrán derecho a obtener una remuneración equitativa por la comunicación pública de sus emisiones o transmisiones de radiodifusión, cuando se efectúe en lugares a los que el público acceda mediante el pago de un derecho de admisión o entrada.

 

Artículo 141º.-

A los efectos del goce y el ejercicio de los derechos establecidos en este Capítulo, se reconoce una protección análoga, en cuanto corresponda, a las estaciones que transmitan programas al público por medio del hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo.

 

Artículo 142º.-

La protección reconocida en este Capítulo será de setenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente al de la emisión o transmisión.

 

 

CAPITULO V

OTROS DERECHOS CONEXOS

 

Artículo 143º.-

La presente ley reconoce un derecho de explotación sobre las grabaciones de imágenes en movimiento, con o sin sonido, que no sean creaciones susceptibles de ser calificadas como obras audiovisuales.

En estos casos, el productor gozará, respecto de sus grabaciones audiovisuales, del derecho exclusivo de autorizar o no su reproducción, distribución y comunicación pública, inclusive de las fotografías realizadas en el proceso de producción de la grabación audiovisual.

La duración de los derechos reconocidos en este artículo será de setenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente al de la divulgación de la grabación o al de su realización, si no se hubiere divulgado.

 

Artículo 144º.-

Quien realice una fotografía u otra fijación obtenida por un procedimiento análogo, que no tenga el carácter de obra de acuerdo a la definición contenida en esta ley, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos reconocidos a los autores fotográficos.

La duración de este derecho será de setenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente a la realización de la fotografía.

 

Artículo 145º.-

Quien publique por primera vez una obra inédita que esté en el dominio público, tendrá sobre ella los mismos derechos de explotación que hubieren correspondido a su autor.

Los derechos reconocidos en este artículo tendrán una duración de diez años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a la publicación.

 

 

TITULO IX

DE LA GESTIÓN COLECTIVA

 

Artículo 146º.-

Las sociedades de autores y de derechos conexos, constituidas o por constituirse para defender los derechos patrimoniales reconocidos en la presente Ley, necesitan para los fines de su funcionamiento como sociedades de gestión colectiva, de una autorización de la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi y están sujetas a su fiscalización, inspección y vigilancia en los términos de esta Ley y, en su caso, de lo que disponga el Reglamento.

Dichas entidades serán asociaciones civiles sin fines de lucro, tendrán personería jurídica y patrimonio propio, y no podrán ejercer ninguna actividad de carácter político, religioso o ajena a su propia función.

 

Artículo 147º.-

Las sociedades de gestión colectiva estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales, sin presentar más título que dichos estatutos y presumiéndose, salvo prueba en contrario, que los derechos ejercidos les han sido encomendados, directa o indirectamente, por sus respectivos titulares. Sin perjuicio de esa legitimación, las sociedades deberán tener a disposición de los usuarios, en los soportes utilizados por ellas en sus actividades de gestión, las tarifas y el repertorio de los titulares de derechos, nacionales y extranjeros, que administren, a efectos de su consulta en las dependencias centrales de dichas asociaciones. Cualquier otra forma de consulta se realizará con gastos a cargo del que la solicite.

 

Artículo 148º.-

La Oficina de Derechos de Autor, teniendo en cuenta los requisitos contemplados en el presente título, determinará mediante resolución motivada, las entidades que, a los solos efectos de la gestión colectiva, se encuentran en condiciones de representar a los titulares de derechos sobre las obras, ediciones, producciones, interpretaciones o ejecuciones y emisiones.

La resolución por la cual se conceda o deniegue la autorización, deberá publicarse en la separata de normas legales del Diario Oficial "El Peruano".

 

Artículo 149º.-

Para que la Oficina de Derechos de Autor otorgue la autorización de funcionamiento, la sociedad de gestión colectiva deberá cumplir cuanto menos, los siguientes requisitos:

a.         Que se hayan constituido bajo la forma de asociación civil sin fin de lucro.

b.         Que los estatutos cumplan los requisitos exigidos en las leyes respectivas y en este título.

c.         Que tengan como objeto social la gestión del derecho de autor o de los derechos conexos.

d.         Que de los datos aportados a la Oficina de Derechos de Autor y de la información obtenida por ella, se deduzca que la asociación reúne las condiciones que fueren necesarias para garantizar el respeto a las disposiciones legales y asegurar una eficaz administración en el territorio nacional de los derechos cuya gestión se solicita.

 

Artículo 150º.-

Para valorar la concurrencia de las condiciones establecidas en el artículo anterior, se tendrán particularmente en cuenta:

a.         El número de titulares que se hayan comprometido a confiar la administración de sus derechos a la entidad solicitante, en caso de ser autorizada.

b.         El volumen del repertorio que se aspira a administrar y la presencia efectiva del mismo en las actividades realizadas por los usuarios más significativos durante el último año.

c.         La cantidad e importancia de los usuarios potenciales.

d.         La idoneidad de los estatutos y de los medios humanos, técnicos, financieros y materiales que se cuentan para el cumplimiento de sus fines.

e.         La posible efectividad de la gestión en el extranjero del repertorio que se aspira administrar, mediante probables contratos de representación recíproca con sociedades de la misma naturaleza que funcionen en el exterior.

 

Artículo 151º.-

Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones legales aplicables a la solicitante por razón de su naturaleza y forma, sus estatutos deberán contener:

a.         La denominación, que no podrá ser idéntica a la de otras entidades, ni tan semejante que pueda inducir a confusión.

b.         El objeto o fines, con especificación de la categoría o categorías de derechos administrados, no pudiendo dedicar su actividad fuera del ámbito de la protección del derecho de autor o de los derechos conexos.

c.         Las clases de titulares de derechos comprendidos en la gestión y las distintas categorías de miembros, tales como la de asociados y la de administrados sin dicha calidad, a efectos de su participación en el gobierno de la asociación.

d.         Las reglas generales a las que se ajustará el contrato de adhesión a la sociedad, que será independiente del acto de afiliación como asociado y que suscribirán todos los miembros, tengan o no dicha condición. Estas reglas no serán aplicables a los contratos de representación que puedan celebrar las sociedades de gestión con otras organizaciones extranjeras análogas.

e.         Las condiciones para la adquisición y pérdida de la calidad de asociado, así como para la suspensión de los derechos sociales. Sólo se permitirá la expulsión en caso de condena firme por delito doloso en agravio de la sociedad a la que pertenece.

Sólo podrán ser socios los titulares originarios o derivados de los derechos administrados y los licenciatarios exclusivos en alguno de esos derechos.

f.          Los deberes de los socios y su régimen disciplinario, así como sus derechos y, en particular, los de información y de votación. Para la elección de los órganos de gobierno y representación el voto deberá ser secreto.

g.         Los órganos de gobierno y representación de la sociedad y sus respectivas competencias, así como las normas relativas a la convocatoria, constitución y funcionamiento de los de carácter colegiado. Los órganos serán, al menos, los siguientes: La Asamblea General, el Consejo Directivo y un Comité de Vigilancia.

h.         El patrimonio inicial y los recursos previstos.

i.          Los principios a que han de someterse los sistemas de reparto de la recaudación.

 j.         El régimen de control de la gestión económica y financiera de la entidad.

k.         Las normas que aseguren una gestión libre de injerencia de los usuarios en la gestión de su repertorio y que eviten una utilización preferencial de las obras, interpretaciones o producciones administradas.

l.          El destino del patrimonio o del activo neto resultante, en los supuestos de liquidación de la entidad, que en ningún caso podrá ser objeto de reparto entre los asociados.

 

Artículo 152º.-

La Asamblea General es el órgano supremo de la Sociedad de Gestión Colectiva y elige a los miembros del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia. El Consejo Directivo designa al Director General, quién es el representante legal de la sociedad.

 

Artículo 153º.-

Las entidades de gestión están obligadas a:

a.         Registrar en la Oficina de Derechos de Autor, el acta constitutiva y estatutos, así como sus reglamentos de asociados, de tarifas generales, de recaudación y distribución, de elecciones, de préstamos y fondo de ayuda para sus asociados y otros que desarrollen los principios estatutarios; los contratos que celebren con asociaciones de usuarios y los de representación que tengan con entidades extranjeras de la misma naturaleza, así como cualquier modificatoria de alguno de los documentos indicados; y las actas o documentos mediante los cuales se designen los miembros de los organismos directivos y de vigilancia, sus administradores y apoderados; asimismo a presentar los balances anuales, los informes de auditoría y sus modificatorias; todo ello dentro de los treinta días siguientes a su aprobación, celebración, elaboración, elección o nombramiento, según corresponda. En el caso de la celebración de convenios con asociaciones de usuarios, para su aplicación, la sociedad de gestión colectiva deberá necesariamente adecuar su reglamento de tarifas y proceder a su publicación, conforme a lo dispuesto en el inciso e. del presente artículo.(*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del Inciso

 

b.         Aceptar la administración de los derechos de autor y conexos que les sea solicitada directamente por titulares peruanos o residentes en el Perú, de acuerdo con su objeto o fines, siempre que se trate de derechos cuyo ejercicio no pueda llevarse a efecto eficazmente de hecho sin la intervención de dichas sociedades y el solicitante no sea miembro de otra sociedad de gestión del mismo género, nacional o extranjera, o hubiera renunciado a esta condición.

c.         Aceptar la administración solicitada con sujeción a las reglas del contrato de adhesión establecidas en los estatutos y a las demás disposiciones de estos que le sean aplicables. El contrato de adhesión a la sociedad podrá ser de mandato o de cesión, a efectos de administración, no podrá exigir la transferencia o el encargo de manera global de los derechos correspondientes al titular ni demás derechos ni modalidades de explotación que los necesarios para la gestión desarrollada por la asociación, y su duración no podrá ser superior a tres años, renovables indefinidamente.

d.         Reconocer a los representados un derecho de participación apropiado en las decisiones de la entidad, pudiendo establecer un sistema de votación que tome en cuenta criterios de ponderación razonables, y que guarden proporción con la utilización efectiva de las obras, interpretaciones o producciones cuyos derechos administre la entidad. En materia relativa a la suspensión de los derechos sociales, el régimen de votación será igualitario.

e.         Las tarifas a cobrar por parte de las entidades de gestión deberán ser razonables y equitativas, las cuales determinarán la remuneración exigida por la utilización de su repertorio, sea perteneciente a titulares nacionales o extranjeros, residentes o no en el país, las cuales deberán aplicar el principio de la remuneración proporcional a los ingresos obtenidos con la explotación de dicho repertorio, salvo los casos de remuneración fija permitidos por la ley, y podrán  prever reducciones para las utilizaciones de las obras y prestaciones sin finalidad lucrativa realizadas por personas jurídicas o entidades culturales que carezcan de esa finalidad.

f.          Mantener a disposición del público, las tarifas generales y sus modificaciones, las cuales, a fin de que surtan efecto, deberán ser publicadas en el Diario Oficial "El Peruano" y en un diario de amplia circulación nacional, con una anticipación no menor de treinta días calendario, a la fecha de su entrada en vigor.

g.         Contratar, salvo motivo justificado, con todo usuario que lo solicite y acepte la tarifa establecida, la concesión de licencias no exclusivas para el uso de su repertorio, en la medida en que hayan sido facultadas para ello por los titulares del respectivo derecho o sus representantes, a menos que se trate del uso singular de una o varias obras de cualquier clase que requiera la autorización individualizada de su titular.

h.         Recaudar las remuneraciones relativas a los derechos administrados, mediante la aplicación de las tarifas previamente publicadas.

i.          Distribuir, por lapsos no superiores a un año, las remuneraciones recaudadas con base a sus normas de reparto, con la sola deducción de los gastos administrativos y de gestión.

j.          Aprobar su presupuesto de ingresos y egresos por parte de su Consejo Directivo, para períodos no mayores de un (1) año. Los gastos administrativos no podrán exceder del treinta por ciento (30%) de la cantidad total de la remuneración recaudada efectivamente por la utilización de los derechos de sus socios y de los miembros de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y de derechos conexos extranjeras o similares con las cuales tenga contrato de representación recíproca. Para satisfacer fines sociales y culturales, previamente definidos por la asamblea general, las sociedades de gestión colectiva podrán destinar hasta un diez por ciento (10%) adicional de la recaudación neta -una vez deducidos los gastos administrativos- provenientes de la gestión colectiva. Sólo el Consejo Directivo autorizará los gastos que no estén contemplados inicialmente en cada presupuesto, sin superar los topes enunciados, siendo responsables solidariamente los directivos de la sociedad y el director general por las infracciones a éste artículo. La responsabilidad solidaria alcanzará también a los miembros del Comité de Vigilancia, en el supuesto que no informen oportunamente a la Oficina de Derechos de Autor sobre dicha irregularidad. La sociedad podrá en forma extraordinaria con la justificación debida, y únicamente para la adquisición de activos, efectuar gastos mayores que excedan en un diez por ciento (10%) el porcentaje máximo previsto en esta ley, debiendo contar para ello previamente con el acuerdo unánime del Consejo Directivo y la aprobación del Comité de Vigilancia y de la Asamblea General.

k.         Aplicar sistemas de distribución real que excluyan la arbitrariedad, bajo el principio de un reparto equitativo entre los titulares de los derechos, en forma efectivamente proporcional a la utilización de las obras, interpretaciones o producciones, según el caso.

l.          Mantener una publicación periódica, destinada a sus asociados, con la información relativa a las actividades de la entidad que puedan interesar al ejercicio de sus derechos y que deberá contener, por lo menos, el balance general de la entidad, el informe de los auditores y el texto de las resoluciones que adopten sus órganos de gobierno. Similar información debe ser enviada a las entidades extranjeras con las cuales se mantengan contratos de representación para el territorio nacional y a la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi.

m.        Elaborar, dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio, el balance general y la memoria de actividades correspondientes al año anterior, documentos que estarán a disposición de los asociados con una antelación mínima de treinta días calendario al de la celebración de la Asamblea General que deba conocer de su aprobación o rechazo.

n.         Someter el balance y la documentación contable al examen de un auditor externo nombrado por el Consejo Directivo en base a una terna propuesta por el Comité de Vigilancia, y cuyo informe estará a disposición de los socios, debiendo remitir copia del mismo a la Oficina de Derechos de Autor dentro de los cinco días de realizado, sin perjuicio del examen e informe que corresponda a los órganos internos de vigilancia, de acuerdo a los estatutos.

o.         Publicar el balance anual de la entidad en un diario de amplia circulación nacional, dentro de los veinte días siguientes a la celebración de la Asamblea General.

p.         Los gastos que irroguen las publicaciones dispuestas por la presente ley y el costo de las auditorías ordenadas por la Oficina de Derechos de Autor, no serán computados dentro del porcentaje por concepto de gastos administrativos.

 

Artículo 154º.-

Los instrumentos que acrediten las representaciones que ejerzan las sociedades de gestión colectiva de entidades o asociaciones extranjeras y la designación de los miembros de sus órganos directivos y del director general, surtirán efectos dentro de la sociedad y frente a terceros, a partir de su inscripción en la Oficina de Derechos de Autor.

La Oficina, podrá denegar o cancelar la inscripción de las actas o documentos de la designación de los miembros de sus órganos directivos de la entidad de gestión colectiva, por violación de las disposiciones legales o estatutarias en la elección.

 

Artículo 155º.-

Los miembros del Consejo Directivo, tendrán las siguientes incompatibilidades:

a.         Ser parientes entre sí, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

b.         Ser cónyuges o concubinos entre sí.

c.         Ser director artístico, empresario, propietario, socio, representante o abogado al servicio de entidades deudoras de la Sociedad o que se hallen en litigio con ellas.

d.         Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, cónyuge o concubino, de los miembros del Comité de Vigilancia o Director General.

e.         Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge o concubino de los funcionarios de la Oficina de Derechos de Autor o del Tribunal del Indecopi.

 

Artículo 156º.-

Los miembros del Comité de Vigilancia, tendrán las siguientes incompatibilidades:

a.         Ser parientes entre sí, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

b.         Ser cónyuges o concubinos entre sí.

c.         Ser director artístico, empresario, propietario, socio, representante, funcionario o abogado al servicio de entidades deudoras de la Sociedad o que se hallen en litigio con ellas.

d.         Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, cónyuge o concubino, de los miembros del Consejo Directivo o Director General.

e.         Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, cónyuge o concubino, de los funcionarios de la Oficina de Derechos de Autor o Tribunal del Indecopi.

 

Artículo 157º.-

El Director General tendrá las siguientes incompatibilidades:

a.         Ser Director General, o pertenecer al Consejo Directivo o Comité de Vigilancia de otra sociedad de gestión colectiva.

b.         Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge o concubino de los miembros del Consejo Directivo o Comité de Vigilancia.

c.         Ser director artístico, empresario, propietario, socio, representante, funcionario o abogado al servicio de entidades deudoras de la Sociedad o que se hallen en litigio con ellas.

d.         Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, cónyuge o concubino, de los funcionarios de la Oficina de Derechos de Autor o Tribunal del Indecopi.

 

Artículo 158º.-

La sociedad no podrá contratar con el cónyuge, concubino o con los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Director General.

 

Artículo 159º.-

Ningún empleado de la Sociedad podrá representar en las Asambleas Generales o Extraordinarias a un afiliado a la Sociedad.

 

Artículo 160º.-

Los miembros del Consejo Directivo, Comité de Vigilancia y el Director General, al momento de asumir sus cargos y anualmente, deberán presentar a la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi, una declaración jurada de no estar comprendido en ninguna de las incompatibilidades a que se refiere la presente ley y declaración jurada de bienes y rentas.

 

Artículo 161º.-

Las sociedades de gestión no podrán mantener fondos irrepartibles. A tal efecto, dichas sociedades, durante tres años contados desde el primero de enero del año siguiente al del reparto, pondrán a disposición de sus miembros y de las organizaciones de gestión representadas por ellas, la documentación utilizada en tal reparto y conservarán en su poder las cantidades correspondientes a las obras, prestaciones o producciones respecto de las cuales no se haya podido conocer su identidad. Transcurrido dicho plazo, las sumas mencionadas serán objeto de una distribución adicional entre los titulares que participaron en dicho reparto, en proporción a las percibidas en él individualizadamente.

 

Artículo 162º.-

Prescriben a los cinco años en favor de la sociedad de gestión colectiva, los montos percibidos por sus socios y que no fueran cobrados por éstos, contándose dicho término desde el día primero de enero del año siguiente al del reparto.

 

Artículo 163º.-

Si un gremio o grupo representativo de usuarios, considera que la tarifa establecida por una entidad de gestión colectiva es aplicada abusivamente, podrá recurrir al arbitraje del Indecopi, a través de una comisión arbitral constituida por un representante de la Comisión de la Libre Competencia, un representante de la Comisión de Protección al Consumidor y un representante de la Oficina de Derechos de Autor, quien la presidirá y convocará. La solicitud de arbitraje podrá presentarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la aplicación de la tarifa. La Oficina de Derechos de Autor también podrá convocar de oficio a la Comisión. Mientras se produce la decisión, el gremio o grupo representativo de usuarios podrán utilizar el repertorio administrado por la entidad, siempre que efectúen el depósito del pago correspondiente o consignen judicialmente la cantidad exigida por la entidad de gestión conforme a las tarifas establecidas. La Comisión dispondrá, en caso de verificar que existe abuso en la aplicación de la tarifa, los criterios sobre los cuales deberá basarse la sociedad de gestión colectiva para aplicar su reglamento de tarifas. Contra lo resuelto por la Comisión no procede la interposición de recursos impugnatorios.(*)

(*) Haga click aquí para ver detalles del Artículo.

 

 

Artículo 164º.-

A los efectos del régimen de autorización y fiscalización previsto en esta ley, la Oficina de Derechos de Autor podrá exigir de las sociedades de gestión, cualquier tipo de información relacionada con la actividad societaria, ordenar inspecciones o auditorías, examinar sus libros, documentos y designar un representante que asista con voz pero sin voto a las reuniones de los órganos deliberantes, directivos o de vigilancia, o de cualquier otro previsto en los estatutos respectivos.

La resolución que ordene la práctica de una auditoría deberá ser motivada, debiendo la sociedad de gestión colectiva asumir los gastos que ocasione la misma.

 

Artículo 165º.-

La Oficina de Derechos de Autor es la única autoridad competente que podrá imponer sanciones a las sociedades de gestión que infrinjan sus propios estatutos o reglamentos, o la legislación de la materia, o que incurran en hechos que afecten los intereses de sus representados, sin perjuicio de las sanciones penales o las acciones civiles que correspondan.

 

Artículo 166º.-

Las sanciones a que se refiere el artículo anterior podrán ser:

a.         Amonestación, pudiendo disponerse su publicación en la separata de Normas Legales del Diario Oficial "El Peruano", a costa de la infractora.

b.         Multa de hasta 150 U.I.T., de acuerdo a la gravedad de la falta.

c.         Suspensión de las autoridades societarias en el ejercicio de sus funciones, hasta por el lapso de un año, designando en su lugar una Junta Administradora.

d.         Cancelación de la autorización de funcionamiento.

 

Artículo 167º.-

La sanción de cancelación del permiso de funcionamiento a una sociedad de gestión colectiva, solamente procederá en los casos siguientes:

a.         Si se comprueba que la autorización para funcionar se obtuvo mediante falsificación o alteración de datos o documentos, o de cualquier otra manera en fraude a la ley.

b.         Si sobreviniera o se pusiera de manifiesto algún hecho grave que pudiera haber originado la denegación del permiso de funcionamiento.

c.         Si se demostrara la imposibilidad para la entidad de cumplir con su objeto social.

d.         Si se reincidiera en una falta grave que ya hubiera sido motivo de sanción, dentro de los tres años anteriores a la reincidencia.

En cualquiera de los supuestos anteriores, deberá mediar un previo apercibimiento de la Oficina de Derechos de Autor, que fijará un plazo no mayor de tres meses para la subsanación o corrección correspondiente.

La revocación surtirá sus efectos a los treinta días de su publicación en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

 

 

TITULO X

DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO

 

CAPITULO I

DE LA OFICINA DE DERECHOS DE AUTOR

 

Artículo 168º.-

La Oficina de Derechos de Autor del Indecopi, es la autoridad nacional competente responsable de cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y los derechos conexos; posee autonomía técnica, administrativa y funcional para el ejercicio de las funciones asignadas a su cargo y resuelve en primera instancia las causas contenciosas y no contenciosas que le sean sometidas a su jurisdicción, por denuncia de parte o por acción de oficio.

 

Artículo 169º.-

La Oficina de Derechos de Autor tendrá las atribuciones siguientes:

a.         Orientar, coordinar y fiscalizar la aplicación de las leyes, tratados o convenciones internacionales de los cuales forme parte la República, en materia de derecho de autor y demás derechos reconocidos por la presente ley, y vigilar su cumplimiento.

b.         Desempeñar, como única autoridad competente, la función de autorización de las entidades de gestión colectiva, y de ejercer su fiscalización en cuanto a su actividad gestora, en los términos de esta ley.

c.         Presentar, si lo considera pertinente, denuncia penal, cuando tenga conocimiento de un hecho que constituya presunto delito.

d.         Actuar como mediador, cuando así lo soliciten las partes, o llamarlas a conciliación, en los conflictos que se presenten con motivo del goce o ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley.

e.         Emitir informe técnico sobre los procedimientos penales que se ventilen por los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos.

f.          Ejercer de oficio o a petición de parte, funciones de vigilancia e inspección sobre las actividades que puedan dar lugar al ejercicio de los derechos reconocidos en la presente ley, estando obligados los usuarios a brindar las facilidades y proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida.

g.         Dictar medidas preventivas o cautelares y sancionar de oficio o a solicitud de parte todas las infracciones o violaciones a la legislación nacional e internacional sobre el derecho de autor y conexos, pudiendo amonestar, multar, incautar o decomisar, disponer el cierre temporal o definitivo de los establecimientos.

h.         Establecer, de ser el caso, en los procedimientos sometidos a su competencia, las remuneraciones devengadas en favor de los titulares del derecho.

i.          Desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en materia de derecho de autor, derechos conexos y otros derechos intelectuales reconocidos por esta ley, pudiendo coordinar al efecto con organismos nacionales o internacionales afines a la materia.

j.          Normar, conducir, ejecutar y evaluar las acciones requeridas para el cumplimiento de la legislación de derecho de autor y conexos y el funcionamiento del Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos.

k.         Llevar los registros correspondientes en el ámbito de su competencia, estando facultada para inscribir derechos y declarar su nulidad, cancelación o caducidad conforme al Reglamento pertinente.

l.          Llevar el registro de los actos constitutivos de las entidades de gestión colectiva reguladas por esta Ley, así como sus posteriores modificaciones.

m.        Emitir opinión técnica sobre los proyectos de normas legales relativos a las materias de su competencia.

n.         Sistematizar la legislación relativa al Derecho de Autor y derechos conexos y proponer las disposiciones y normas que garanticen su constante perfeccionamiento y eficacia.

o.         Requerir la intervención de la Autoridad Política competente y el auxilio de la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones.

p.         Promover la ejecución forzosa o cobranza coactiva de sus resoluciones.

q.         Proponer y coordinar los programas de cooperación nacional e internacional en el área de su competencia.

r.          Participar en eventos internacionales sobre derecho de autor y conexos.

s.         Las demás que le señalen las leyes y sus reglamentos.

 

 

CAPITULO II

DEL REGISTRO DEL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

 

Artículo 170º.-

La Oficina de Derechos de Autor, llevará el Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos, donde podrán inscribirse las obras del ingenio y los demás bienes intelectuales protegidos por esta Ley, así como los convenios o contratos que en cualquier forma confieran, modifiquen, transmitan, graven o extingan derechos patrimoniales, o por los que se autoricen modificaciones a la obra.

El registro es meramente facultativo para los autores y sus causahabientes y no constitutivo, de manera que su omisión no perjudica el goce ni el ejercicio pleno de los derechos reconocidos y garantizados por la presente Ley.

La solicitud, trámite, registro y recaudos a los efectos del registro se realizarán conforme lo disponga la reglamentación pertinente, la misma que será aprobada por la Oficina de Derechos de Autor mediante resolución jefatural, la que será publicada en la Separata de Normas Legales del Diario Oficial "El Peruano".

 

Artículo 171º.-

La inscripción en el registro no crea derechos, teniendo un carácter meramente referencial y declarativo, constituyendo solamente un medio de publicidad y prueba de anterioridad.

 

Artículo 172º.-

Cualquiera de los titulares de derechos sobre una misma obra, interpretación o producción está facultado para solicitar su registro y los efectos de inscripción beneficiarán a todos.

 

 

CAPITULO III

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

 

Artículo 173º.-

Sin perjuicio de las acciones civiles y penales que se interpongan ante las autoridades judiciales competentes, los titulares de cualquiera de los derechos reconocidos en la legislación sobre el Derecho de Autor y Derechos Conexos, o sus representantes, podrán denunciar la infracción de sus derechos ante la Oficina de Derechos de Autor en su condición de Autoridad Administrativa Competente; no constituyendo esta última, en ninguno de los casos, vía previa.

 

Artículo 174º.-.

Las acciones por infracción iniciadas de oficio o ha solicitud de parte, se sujetarán al procedimiento que se establece en el Título V del Decreto Legislativo 807 con excepción del artículo 22 de dicho cuerpo legal.

Para tales efectos, entiéndase que cuando en el Título V se haga referencia a la Comisión, se entenderá referido al Jefe de la Oficina y cuando se haga referencia al Secretario Técnico, al funcionario designado por la Oficina competente.

 

Artículo 175º.-

Las acciones administrativas por infracción prescriben a los dos (2) años, contados desde la fecha en que cesó el acto que constituye infracción.

 

 

CAPITULO IV

DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS O CAUTELARES

 

Artículo 176º.-

Sin perjuicio de lo establecido en el Titulo V del Decreto Legislativo Nº 807, los titulares de cualquiera de los derechos reconocidos en esta Ley o sus representantes, sin menoscabo de otras acciones que les corresponda, podrán pedir, bajo su cuenta, costo y riesgo, el cese inmediato de la actividad ilícita del infractor en los términos previstos en este Capítulo. Con este fin, la Oficina de Derechos de Autor, como autoridad administrativa, tendrá la facultad para ordenar medidas preventivas o cautelares rápidas y eficaces para:

a.         Evitar una infracción de cualquiera de los derechos reconocidos en la presente ley y, en particular, impedir la introducción en los circuitos comerciales de mercancías presuntamente infractoras, incluyendo medidas para evitar la entrada de mercancías importadas al menos inmediatamente después del despacho de aduanas.

b.         Conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

 

Artículo 177º.-

Las medidas preventivas o cautelares serán, entre otras:

a.         La suspensión o cese inmediato de la actividad ilícita.

b.         La incautación o comiso y retiro de los canales comerciales de los ejemplares producidos o utilizados y del material o equipos empleados para la actividad infractora.

c.         La realización de inspección,  incautación o comiso sin aviso previo.

            La medida cautelar de incautación o comiso, sólo podrá solicitarse dentro de un procedimiento administrativo de denuncia, sin perjuicio de las acciones de oficio.

 

Artículo 178º.-

La Oficina de Derechos de Autor podrá ordenar, de ser el caso, la entrega al damnificado o a una institución adecuada, de las mercancías infractoras y de cualquiera de los materiales e instrumentos utilizados para la comisión de la infracción, u ordenar la destrucción de los mismos. De no apersonarse el damnificado después de transcurrido veinte días de la correspondiente notificación, la autoridad podrá disponer del material ilícito.

La determinación de la institución adecuada a que se refiere el párrafo anterior, será señalada por el directorio del Indecopi.

Las medidas cautelares y definitivas no se aplicarán respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para el exclusivo uso personal.

 

Artículo 179º.-

Cualquier solicitante de una medida preventiva o cautelar, debe cumplir con presentar ante la autoridad administrativa, las pruebas a las que razonablemente tenga acceso y que la autoridad considere suficientes para determinar que:

a.         El solicitante es el titular del derecho o tiene legitimación para actuar.

b.         El derecho del solicitante está siendo infringido, o que dicha infracción es inminente; y,

c.         Cualquier demora en la expedición de esas medidas podría causar un daño irreparable al titular del derecho, o si existe un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas.

 

Artículo 180º.-

El solicitante de medidas preventivas o cautelares, debe proporcionar a la autoridad, además de las pruebas a las que se refiere el artículo anterior, toda información necesaria para la identificación de los bienes, materia de la solicitud de medida preventiva y el lugar donde éstos se encuentran.

 

Artículo 181º.-

La Oficina de Derechos de Autor tendrá la facultad para ordenar medidas preventivas o cautelares en virtud del pedido de una sola parte, sin necesidad de notificar previamente a la otra, en especial cuando haya posibilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular del derecho, o cuando haya un riesgo inminente de que se destruyan las pruebas.

 

Artículo 182º.-

Se exceptúa de los términos del artículo anterior, el caso de la comunicación pública de una obra, prestación artística, producción o emisión protegida, por parte de un organizador o empresario que no contare con la debida autorización, en cuyo caso, sólo podrá alcanzar la revocatoria de la suspensión o prohibición, presentando la autorización del titular del derecho o de la sociedad de gestión colectiva que lo represente, o probando fehacientemente que aquellas no se hallan protegidas.

La Oficina de Derechos de Autor, en este caso, procederá a pedido del titular o de la sociedad de gestión que lo represente, a notificar de inmediato al presunto infractor prohibiéndole utilizar la obra, prestación, producción o emisión objeto de la denuncia, bajo apercibimiento de multa y demás sanciones previstas en la Ley.

 

 

CAPITULO V

DE LAS INFRACCIONES

 

Artículo 183º.-

Se considera infracción la vulneración de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente ley.

 

Artículo 184º.-

A requerimiento del titular del respectivo derecho o de la sociedad de gestión colectiva que lo represente, la Autoridad Policial, comproborá, de inmediato, la comisión de cualquier acto infractorio de la presente ley, entregando copia de la constatación al interesado.

 

Artículo 185º.-

Cuando los hechos materia del procedimiento administrativo constituyan presunto delito, la Oficina de Derechos de Autor podrá formular denuncia penal ante el Ministerio Público.

En caso que la Oficina de Derechos de Autor hubiera destruido o dispuesto de los ejemplares que constituían materia de la infracción del Derecho de Autor o de los Derechos Conexos, se acompañará a la denuncia copia certificada de la resolución administrativa correspondiente, así como copias de las actas vinculadas con tales medidas en las que conste la relación de los bienes objeto de las mismas, a efectos de su valoración como prueba del presunto delito.

 

 

CAPITULO VI

DE LAS SANCIONES

 

Artículo 186º.-

La Oficina de Derechos de Autor está facultada para imponer las sanciones que correspondan a las infracciones del derecho de autor y derechos conexos protegidos en la legislación, de acuerdo a la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, al perjuicio económico que hubiese causado la infracción, al provecho ilícito obtenido por el infractor y otros criterios que dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la Oficina.

Se considerará como falta grave aquella que realizare el infractor, vulnerando cualquiera de los derechos y en la que concurran al menos alguna de las siguientes circunstancias:

a.         La vulneración de cualquiera de los derechos morales reconocidos en la presente ley.

b.         El obrar con ánimo de lucro o con fines de comercialización, sean estos directos o indirectos.

c.         La presentación de declaraciones falsas en cuanto a certificaciones de ingresos, repertorio utilizado, identificación de los titulares del respectivo derecho. autorización supuestamente obtenida; número de ejemplares o toda otra adulteración de datos susceptible de causar perjuicio a cualquiera de los titulares protegidos por la presente ley.

d.         La realización de actividades propias de una entidad de gestión colectiva sin contar con la respectiva autorización de la Oficina de Derechos de Autor.

e.         La difusión que haya tenido la infracción cometida.

f.          La reiterancia o reincidencia en la realización de las conductas prohibidas.

 

Artículo 187º.-

También incurrirá en falta grave aquél que fabrique, ensamble, importe, modifique, venda, alquile, ofrezca para la venta o alquiler, o ponga de cualquier otra manera en circulación dispositivos, sistemas, esquemas o equipos capaces de soslayar otro dispositivo destinado a impedir o restringir la realización de copias de obras, o a menoscabar la calidad de las copias realizadas; o capaces de permitir o fomentar la recepción de un programa codificado, radiodifundido o comunicado en otra forma al público, por aquellos que no estén autorizados para ello.

 

Artículo 188º.-

La Oficina de Derechos de Autor podrá imponer conjunta o indistintamente, las siguientes sanciones:

a.         Amonestación.

b.         Multa de hasta 150 Unidades Impositivas Tributarias.

c.         Reparación de las omisiones.

d.         Cierre temporal hasta por treinta días del establecimiento.

e.         Cierre definitivo del establecimiento.

f.          Incautación o comiso definitivo.

g.         Publicación de la resolución a costa del infractor.

 

Artículo 189º.-

En caso de reincidencia, considerándose como tal la repetición de un acto de la misma naturaleza en un lapso de dos años, se podrá imponer el doble de la multa de manera sucesiva e ilimitada.

 

Artículo 190º.-

Los montos de las multas deberá ser abonado en el Indecopi dentro del termino de cinco dias, vencido los cuales se ordenara su cobranza coactiva.

 

Artículo 191º.-

La Oficina de Derechos de Autor podrá imponer al infractor multas coercitivas sucesivas hasta que se cumpla con lo ordenado en el mandato de sus resoluciones definitivas, así como la obligación de reparar las omisiones o adulteraciones en que hubiere incurrido, señalando un plazo perentorio bajo apercibimiento de multa señalada en el artículo 28° del Decreto Legislativo 807,  todo ello, sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones y medidas que fueren procedentes.

 

Artículo 192º.-

La autoridad podrá ordenar de oficio o a solicitud de parte, la publicación de la resolución pertinente, en el Diario Oficial "El Peruano", por una sola vez, a expensas del infractor.

 

Artículo 193º.-

De ser el caso, sin perjuicio de la aplicación de la multa, la autoridad impondrá al infractor, el pago de las remuneraciones devengadas a favor del titular del respectivo derecho o de la sociedad que lo represente.

 

Artículo 194º.-

El monto de las remuneraciones devengadas será establecido conforme al valor que hubiera percibido el titular del derecho o la sociedad que lo represente, de haber autorizado su explotación.

El pago de los derechos de dichas remuneraciones en ningún caso supondrá la adquisición del derecho de autor por parte del infractor. En consecuencia, el infractor no quedará eximido de la obligación de proceder a regularizar su situación legal, obteniendo la correspondiente autorización o licencia pertinente.

 

 

TITULO XI

DE LAS ACCIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS CIVILES

 

Artículo 195º.-

Cuando por motivo de la violación de las disposiciones contenidas en la presente ley, el interesado opte por acudir a la vía civil, se tramitará de acuerdo a lo establecido en el procedimiento abreviado previsto en el Código Procesal Civil y las disposiciones contenidas en la legislación especial.

 

Artículo 196º.-

Los titulares de cualesquiera de los derechos reconocidos en esta ley, sus representantes o las sociedades de gestión colectiva, sin perjuicio de otras acciones que les correspondan, podrán pedir el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados por la violación, así como el pago de las costas procesales.

 

Artículo 197º.-

El cese de la actividad ilícita podrá comprender:

a.         La suspensión inmediata de la actividad infractora.

b.         La prohibición al infractor de reanudarla.

c.         El retiro del comercio de los ejemplares ilícitos y su entrega al titular de los derechos vulnerados, en su caso, o su destrucción.

d.         La inutilización de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos destinados a la reproducción de ejemplares ilícitos y, en caso necesario, la destrucción de tales instrumentos.

e.         La incautación de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada.

El Juez podrá ordenar igualmente la publicación de la sentencia, a costa del infractor, en uno o varios periódicos.

 

Artículo 198º.-

El Juez, a instancia del titular del respectivo derecho, de su representante o de la sociedad de gestión correspondiente, ordenará la práctica inmediata de las medidas cautelares necesarias para evitar que se cometa la infracción o que se continúe o repita una violación ya realizada, y en particular las siguientes:

a.         El embargo de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita o, en su caso, de las cantidades debidas por concepto de remuneración.

b.         La suspensión inmediata de la actividad de fabricación, reproducción, distribución, comunicación o importación ilícita, según proceda.

c.         El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material o equipos empleados para la actividad infractora.

Las medidas precautorias previstas en esta disposición no impedirán la adopción de otras contempladas en la legislación ordinaria.

 

Artículo 199º.-

Las providencias a que se refiere el artículo anterior, serán acordadas por la autoridad judicial siempre que se acredite la necesidad de la medida y se acompañen medios de prueba que acrediten la verosimilitud de la existencia de la violación del derecho que se reclama.

La necesidad de la medida o la presunción de la violación del derecho que se reclama, puede surgir también a través de la inspección que, como prueba anticipada, disponga el Juez en el lugar de la infracción.

 

Artículo 200º.-

Las providencias cautelares indicadas en el artículo anterior, serán levantadas por la autoridad judicial, siempre y cuando:

a.         La persona contra quien se decretó la medida presta caución suficiente, a juicio del Juez, para garantizar las resultas del proceso; o,

b.         El solicitante de las medidas no acredita haber iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto, en un plazo de treinta días contados a partir de su práctica o ejecución.

 

Artículo 201º.-

Las medidas preventivas contempladas en los artículos precedentes se aplicarán sin perjuicio de la obligación de la Autoridad Aduanera señalada en el Capítulo Tercero del Título III de la presente ley y de la competencia atribuida a la Oficina de Derechos de Autor.

 

Artículo 202º.-

Se considera en mora al usuario de las obras, interpretaciones, producciones, emisiones y demás bienes intelectuales reconocidos por la presente ley, cuando no pague las liquidaciones formuladas de acuerdo a las tarifas establecidas para la respectiva modalidad de utilización, dentro de los diez días consecutivos siguientes a la intimación judicial o notarial.

 

 

TITULO XII

AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY

 

Artículo 203º.-

Las obras, interpretaciones y ejecuciones artísticas, producciones fonográficas, emisiones de radiodifusión o transmisiones por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, grabaciones audiovisuales, fijaciones fotográficas y demás bienes intelectuales extranjeros, gozarán en la República del trato nacional, cualquiera que sea la nacionalidad o el domicilio del titular del respectivo derecho o el lugar de su publicación o divulgación.

 

 

TITULO XIII

PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL

 

Artículo 204º.-

Los recursos de apelación deberán sustentarse ante la misma autoridad que expidió la resolución, con la presentación de nuevos documentos, con diferente interpretación de las pruebas producidas o con cuestiones de puro derecho. Verificados los requisitos establecidos en el presente artículo y en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Indecopi, las Oficinas competentes deberán conceder la apelación y elevar los actuados a la segunda instancia administrativa.

 

Artículo 205º.-

Recibidos los actuados por la Sala de la Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, se correrá traslado de la apelación a la otra parte para que cumpla con presentar sus argumentos en un plazo de cinco (5) días.

 

Artículo 206º.-

No se admitirán medios probatorios, salvo documentos. Sin perjuicio de ello, cualquiera de las partes podrán solicitar el uso de la palabra, debiendo especificar si éste se referirá a cuestiones de hecho o de derecho. La actuación de denegación de dicha solicitud quedará a criterio de la Sala del Tribunal, según la importancia y trascendencia del caso. Citadas las partes a informe oral, éste se llevará a cabo con quienes asistan a la audiencia.

 

 

DISPOSICION COMPLEMENTARIA

 

UNICA.-

Entiéndase que para los efectos de lo dispuesto en los artículos 29º y 30º del Decreto Legislativo 807 resulta aplicable, respecto de la parte incumplidora, lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 38º del Decreto Legislativo Nº 716, en cuanto fuera pertinente.

 

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.-

En los delitos contra los derechos de autor y derechos conexos, previamente a que el Ministerio Público emita acusación u opinión, según sea el caso, la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi deberá emitir un informe técnico dentro del término de cinco días.

 

SEGUNDA.-

Deróguese la Ley 13714, Decreto Supremo Nº 061-62-ED así como todas las disposiciones contenidas en otras leyes o reglamentos que se opongan a la presente ley.

 

TERCERA.-

Modifíquese los artículos 216° al 221° del Libro II Título VII Capítulo I del Código Penal en los términos siguientes:

 

"Artículo 216.- Será reprimido con pena privativa de libertad de uno a tres años y de diez a sesenta días-multa, a quién estando autorizado para publicar una obra, lo hiciere en una de las formas siguientes:

a.         Sin mencionar en los ejemplares el nombre del autor, traductor, adaptador, compilador o arreglador.

b.         Estampe el nombre con adiciones o supresiones que afecten la reputación del autor como tal o, en su caso, del traductor, adaptador, compilador o arreglador.

c.         Publique la obra con abreviaturas, adiciones, supresiones, o cualquier otra modificación, sin el consentimiento del titular del derecho.

d.         Publique separadamente varias obras, cuando la autorización se haya conferido para publicarlas en conjunto; o las publique en conjunto, cuando solamente se le haya autorizado la publicación de ellas en forma separada."

 

"Artículo 217.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años y con treinta a noventa días-multa, el que con respecto a una obra, una interpretación o ejecución artística, un fonograma, o una emisión o transmisión de radiodifusión, o una grabación audiovisual o una imagen fotográfica expresada en cualquier forma, realiza alguno de los siguientes actos, sin la autorización previa y escrita del autor o titular de los derechos:

a.         La modifique total o parcialmente.

b.         La reproduzca total o parcialmente, por cualquier medio o procedimiento.

c.         La distribuya mediante venta, alquiler o préstamo público.

d.         La comunique o difunda públicamente por cualquiera de los medios o procedimientos reservados al titular del  respectivo derecho.

e.         La reproduzca, distribuya o comunique en mayor número que el autorizado por escrito."

 

"Artículo 218.- La pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años y sesenta a ciento veinte días-multa cuando:

a.         Se dé a conocer a cualquier persona una obra inédita o no divulgada, que haya recibido en confianza del titular del derecho de autor o de alguien en su nombre, sin el consentimiento del titular.

b.         La reproducción, distribución o comunicación pública, se realiza con fines de comercialización, o alterando o suprimiendo, el nombre o seudónimo del autor, productor o titular de los derechos.

c.         Conociendo el origen ilícito de la copia o reproducción, la distribuya al público, por cualquier medio, la almacene oculte, introduzca en el país o la saca de éste.

d.         Se fabrique, ensamble, importe, modifique, venda, alquile, ofrezca para la venta o alquiler, o ponga de cualquier otra manera en circulación dispositivos, sistemas, esquemas o equipos capaces de soslayar otro dispositivo destinado a impedir o restringir la realización de copias de obras, o a menoscabar la calidad de las copias realizadas; o capaces de permitir o fomentar la recepción de un programa codificado, radiodifundido o comunicado en otra forma al público, por aquellos que no estén autorizados para ello.

e.         Se inscriba en el Registro del Derecho de Autor la obra, interpretación, producción o emisión ajenas, o cualquier otro tipo de bienes intelectuales, como si fueran propios, o como de persona distinta del verdadero titular de los derechos."

 

"Artículo 219.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años y sesenta a ciento ochenta días-multa, el que con respecto a una obra, la difunde como propia, en todo o en parte, copiándola o reproduciéndola textualmente, o tratando de disimular la copia mediante ciertas alteraciones, atribuyéndose o atribuyendo a otro, la autoría o titularidad ajena."

 

"Artículo 220.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y noventa a trescientos sesenticinco días-multa:

a.         Quien se atribuya falsamente la calidad de titular, originario o derivado, de cualquiera de los derechos protegidos en la legislación del derecho de autor y derechos conexos y, con esa indebida atribución, obtenga que la autoridad competente suspenda el acto de comunicación, reproducción o distribución de la obra, interpretación, producción, emisión o de cualquier otro de los bienes intelectuales protegidos.

b.         Quien realice actividades propias de una entidad de gestión colectiva de derecho de autor o derechos conexos, sin contar con la autorización debida de la autoridad administrativa competente.

c.         El que presente declaraciones falsas en cuanto certificaciones de ingresos; asistencia de público; repertorio utilizado; identificación de los autores; autorización supuestamente obtenida; número de ejemplares producidos, vendidos, o distribuidos gratuitamente o toda otra adulteración de datos suceptible de causar perjuicio a cualquiera de los titulares del derecho de autor o conexos.

d.         Si el agente que comete el delito integra una organización destinada a perpetrar los ilícitos previstos en el presente capítulo.

e.         Si el agente que comete cualquiera de los delitos previstos en el presente capítulo, posee la calidad de funcionario o servidor público."

 

"Artículo 221.- En los delitos previstos en este capítulo, se procederá a la incautación previa de los ejemplares ilícitos y de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito. Asimismo, el Juez, a solicitud del Ministerio Público ordenará el allanamiento o descerraje del lugar donde se estuviere cometiendo el ilícito penal.

En caso de emitirse sentencia condenatoria, los ejemplares ilícitos podrán ser entregados al titular del derecho vulnerado o a una institución adecuada y en caso de no corresponder, serán destruidos. La entrega no tendrá carácter indemnizatorio.

En ningún caso procederá la devolución de los ejemplares ilícitos al encausado."

 

CUARTA.-

La presente Ley entrará en vigencia a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano".(*)

(*) Haga click aquí para ver detalles de la Disposición Final.

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

PRIMERA.-

Los derechos sobre las obras y demás producciones protegidas de conformidad con la ley anterior, gozarán de los plazos de protección más extensos reconocidos en esta Ley.

 

SEGUNDA.-

Los títulos de los diarios, revistas, programas, espacios radiales y televisuales, noticieros cinematográficos y, en general, de cualquier otra forma de publicación o difusión a que hacía referencia el inciso c) del artículo 60 de la Ley 13714, al haber sido excluidos del ámbito de la presente ley, seguirán gozando de protección por el término de un año contado a partir de la entrada en vigencia de ésta ley.

 

 

TERCERA.-

Las sociedades de gestión colectiva que vengan funcionando de conformidad con el artículo 146 y siguientes de la presente ley, se adecuarán a lo dispuesto en la presente norma, en un plazo no mayor de tres meses, contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley.

 

 

CUARTA.-

Las normas de procedimientos de las acciones por infracción contenidas en el presente Decreto Legislativo serán de aplicación a los procedimientos iniciados luego de la entrada en vigencia del mismo.(*)

(*) Haga click aquí para ver detalles de la Disposición Transitoria.

 

 

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitres días del mes de abril de mil novecientos noventiséis.

 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI

Presidente Constitucional de la República

 

ALBERTO PANDOLFI ARBULU

Presidente del Consejo de Ministros

 

JAIME YOSHIYAMA TANAKA

Ministro de la Presidencia

Encargado de la Cartera de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales